Art. 45.- Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo.
Jurisprudencia Nacional: "El valor del aporte es el criterio para determinar la participación que corresponde a la complicidad primaria. El aporte debe ser necesario, pero no en el sentido de una "conditio sine qua non" de la posibilidad de delinquir. Se trata de un criterio fundado en la eficiencia del auxilio o cooperación en la estructura concreta del delito cometido; esta eficiencia existe siempre que la supresión del aporte se traduzca en una variación de la ejecución del delito".
"Corresponde considerar al procesado como cómplice primario, ya que quien presta colaboración al autor desempeñándose como campana, podrá ser, según las circunstancias del caso, cómplice primario o secundario en el delito, pero nunca su autor, pues no ejecuta la acción típica de apoderarse. En el caso de autos el aporte del encausado fue imprescindible porque vigiló en el pasillo del edificio mientras el otro se introducía en el departamento, lo que no habría ocurrido de no haber estado el nombrado para servir de atento guardián a quien penetró en el departamento, atendiendo a que se debía realizar la maniobra de escalar y de penetrar por un estrecho ventiluz para llegar adonde estaban las cosas que se sustrajeron".
"En relación a la determinación del aporte del cómplice, art. 45 del Código Penal, no debe considerarse que el hecho no habría podido cometerse de ninguna manera, sino que ha de ser analizado con relación a las posibilidades que en concreto tenían los intervinientes reparando siempre en las circunstancias del caso particular en examen. En definitiva, si el hecho puntual no hubiera podido cometerse sin la acción del partícipe, éste es cómplice primario".
"El concepto de instigación enmarca una participación puramente psíquica, que el instigador dirige derechamente a la concreta finalidad de hacer que el instigado voluntaria, libre y conscientemente, tome la resolución de cometer el delito. Esa actividad intelectual que despliega el instigador se agota una vez tomada la resolución, de tal manera que la realización del delito depende del instigado, que se convierte así en único autor. Y si a aquel obrar psíquico se le agrega alguna otra aportación material, la actividad del sujeto se desplaza del concepto de instigador e ingresa en el de partícipe, que auxilia, ayuda o coopera, y cuya calidad de necesario o no dependerá de la materialidad y el valor de esa cooperación".
"Pueden coexistir las intenciones de autor e
instigador sin excluirse mutuamente, toda vez que cuando los motivos puestos
por el instigador son recibidos por el instigado, y resultan determinantes para
él, pueden no formar la totalidad de la resolución, pero al menos pueden
fortalecerla.(Cf. S. Soler, Derecho Penal Arg.)
Art. 46.- Los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho
y los que presten una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo,
serán reprimidos con la pena correspondiente al delito, disminuida de un tercio
a la mitad. Si la pena fuere de reclusión perpetua, se aplicara reclusión de
quince a veinte años y si fuere de prisión perpetua, se aplicara prisión de
diez a quince años.
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Jurisprudencia Nacional |
"Cómplice secundario es el que realiza un aporte para la
ejecución que no tenga la naturaleza del que caracteriza a la intervención del
primario (o necesario) contribuye con su obrar a la ejecución del delito sin el
cual no habría podido cometerse tal como se cometió en sus formas, modalidades,
etc, es decir, que el aporte del secundario no debe
haber sido determinante de la configuración de la acción típica tal como ella
se realizó en la forma, modo o mecánica del concreto delito".
Art. 47.- Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un hecho menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del hecho que prometió ejecutar. Si el hecho no se consumase, la pena del cómplice se determinara conforme a los preceptos de este artículo y a los del título de la tentativa.
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Jurisprudencia Nacional |
"Pese a que el art. 47 del Código Penal no preceptúa de un modo insoslayable que la medida de responsabilidad de los cómplices esté dada en relación con el hecho que prometieron ejecutar, sino que condiciona tal atenuación a que las circunstancias particulares de la causa demuestren que aquéllos sólo quisieron cooperar en un hecho menos grave, ello no implica que tal contingencia condicionante deba probarse por los interesados, sino tan sólo que la solución a escogerse se adecue con los extremos fácticos reunidos".
Art. 48.- Las relaciones, circunstancias y calidades personales, cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad, no tendrán influencia sino respecto al autor o cómplice a quienes correspondan. Tampoco tendrán influencia aquella cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo el caso en que fueren conocidas por el participe.
Art. 49.- No se considerarán
partícipes de los delitos cometidos por la prensa a las personas que
solamente prestaren al autor del escrito o grabado la cooperación material
necesaria para su publicación, difusión o venta.
Art. 50.- Habrá reincidencia
siempre que quien hubiera cumplido, total o parcialmente, pena privativa de
libertad impuesta por un tribunal del país cometiere un nuevo delito punible
también con esa clase de pena.
La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta para la reincidencia si
ha sido pronunciada por razón de un delito que pueda, según la ley argentina,
dar lugar a extradición.
No dará lugar a reincidencia la pena cumplida por delitos políticos, los
previstos exclusivamente en el Código de Justicia Militar, los amnistiados o los
cometidos por menores de dieciocho años de edad.
La pena sufrida no se tendrá en cuenta a los efectos de la reincidencia cuando
desde su cumplimiento hubiera transcurrido un término igual a aquel por la que
fuera impuesta, que nunca excederá de diez ni será inferior a cinco años.
Art. 51.- Todo ente oficial que
lleve registros penales se abstendrá de informar sobre datos de un proceso
terminado por sobreseimiento o sentencia absolutoria. En ningún caso se
informará la existencia de detenciones que no provengan de la formación de
causa, salvo que los informes se requieren para resolver un hábeas corpus o en
causas por delito de que haya sido víctima el detenido.
El registro de las sentencias condenatorias caducara a todos sus efectos:
1) después de transcurridos diez años desde la sentencia (artículo
27) para la condenas condicionales;
2) después de transcurridos diez años desde su extinción para las demás
condenas a penas privativas de la libertad;
3) después de transcurridos cinco años desde su extinción para las condenas a
pena de multa o inhabilitación.
En todos los casos se deberá brindar la información cuando mediare expreso
consentimiento del interesado.
Asimismo, los jueces podrán requerir la información, excepcionalmente, por
resolución que sólo podrá fundarse en la necesidad concreta del antecedente
como elemento de prueba de los hechos en un proceso judicial.
Los tribunales deberán comunicar a los organismos de registro la fecha de
caducidad:
1) cuando se extingan las penas perpetuas;
2) cuando se lleve a cabo el cómputo de las penas temporales, sean condiciones
o de cumplimiento efectivo;
3) cuando se cumpla totalmente la pena de multa o, en caso de su sustitución
por prisión (artículo 21, párrafo 2), al efectuar el cómputo de la prisión
impuesta;
4) cuando declaren la extinción
de las penas en los casos previstos por los artículos 65, 68 y 69.
La violación de la prohibición de informar será considerada como violación de
secreto en los términos del artículo 157, si el hecho no constituyere un delito
más severamente penado.
Art. 52.- Se impondrá reclusión por tiempo indeterminado, como accesoria de la última condena, cuando la reincidencia fuere múltiple en forma tal que mediaren las siguientes penas anteriores:
1) cuatro penas privativas de libertad, siendo una de ellas mayor
de tres años.
2) cinco penas privativas de libertad, de tres años o menores.
Los tribunales podrán, por una única vez, dejar en suspenso la aplicación de
esta medida accesoria, fundando expresamente su decisión en la forma prevista
en el artículo 26.
Art. 53.- En los casos del artículo anterior, transcurridos cinco años del
cumplimiento de la reclusión accesoria, el tribunal que hubiera dictado la
última condena o impuesto la pena única estará facultado para otorgarle la
libertad condicional,
previo informe de la autoridad penitenciaria, en las condiciones compromisorias
previstas por el artículo 13
y siempre que el condenado hubiera mantenido buena conducta, demostrando
aptitud y habito para el trabajo, y además actitudes que permitan suponer
verosímilmente que no constituirá un peligro para la Sociedad. Transcurridos
cinco años de obtenida la libertad condicional el condenado podrá solicitar su
libertad definitiva al tribunal que la concedió, el que decidirá según sea el
resultado obtenido en el período de prueba y previo informe del patronato,
institución o persona digna de confianza, a cuyo cargo haya estado el control
de la actividad del liberado. Los condenados con la reclusión accesoria por
tiempo indeterminado deberán cumplirla en establecimientos federales.
La violación por partes del liberado de cualquiera de las condiciones
establecidas en el artículo 13 podrá determinar la revocatoria del beneficio
acordado y su reintegro al régimen carcelario anterior. Después de
transcurridos cinco años de su reintegro al régimen carcelario podrá en los
casos de los incisos 1, 2, 3 y 5 del artículo 13, solicitar nuevamente su
libertad condicional.