Art. 724.- Definición. La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés.
Art. 725.- Requisitos. La prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor.
Art. 726.- Causa. No hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de algún hecho idóneo para producirla, de conformidad con el ordenamiento jurídico.
Art. 727.- Prueba de la existencia de la obligación. Presunción de fuente legítima. La existencia de la obligación no se presume. La interpretación respecto de la existencia y extensión de la obligación es restrictiva. Probada la obligación, se presume que nace de fuente legítima mientras no se acredite lo contrario.
Art. 728.- Deber moral. Lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia es irrepetible.
Art. 729.- Buena fe. Deudor y acreedor deben obrar con cuidado, previsión y según las exigencias de la buena fe.
Art. 730.- Efectos con relación al acreedor. La obligación da derecho al acreedor a:
a) emplear los
medios legales para que el deudor le procure aquello a que se ha obligado;
b) hacérselo procurar por otro a costa del deudor;
c) obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes
Si el
incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, deriva en litigio
judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos
los honorarios profesionales, de todo tipo, allí devengados y correspondientes
a la primera o única instancia, no debe exceder del veinticinco por ciento del
monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las
regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos
locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superan
dicho porcentaje, el juez debe proceder a prorratear
los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no
se debe tener en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han
representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas.
Comentario: (*) Véase el artículo 505 (Código Civil).
Art. 731.- Efectos con relación al deudor. El cumplimiento exacto de la obligación confiere al deudor el derecho a obtener la liberación y el de rechazar las acciones del acreedor.
Art. 732.- Actuación de auxiliares. Principio de equiparación. El incumplimiento de las personas de las que el deudor se sirve para la ejecución de la obligación se equipara al derivado del propio hecho del obligado.
Art. 733.- Reconocimiento de la obligación. El reconocimiento consiste en una manifestación de voluntad, expresa o tácita, por la que el deudor admite estar obligado al cumplimiento de una prestación.
Art. 734.- Reconocimiento y promesa autónoma. El reconocimiento puede referirse a un título o causa anterior; también puede constituir una promesa autónoma de deuda.
Art.
735.- Reconocimiento causal. Si el acto del reconocimiento agrava la
prestación original, o la modifica en perjuicio del deudor, debe estarse al
título originario, si no hay una nueva y lícita causa de deber. (*)
Comentario: (*) Véase el artículo 1995
(Código
Civil).
Art. 736.- Acción directa. Acción directa es la que compete al acreedor para percibir lo que un tercero debe a su deudor, hasta el importe del propio crédito. El acreedor la ejerce por derecho propio y en su exclusivo beneficio. Tiene carácter excepcional, es de interpretación restrictiva, y sólo procede en los casos expresamente previstos por la ley. (*)
Comentario: (*) Véase él artículo 1645 (Código Civil) y artículo 1926, (Código Civil).
Art. 737.- Requisitos de ejercicio. El ejercicio de la acción directa por el acreedor requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) un crédito
exigible del acreedor contra su propio deudor;
b) una deuda correlativa exigible del tercero demandado a favor del deudor;
c) homogeneidad de ambos créditos entre sí;
d) ninguno de los dos créditos debe haber sido objeto de embargo anterior a la
promoción de la acción directa;
e) citación del deudor a juicio.
Art. 738.- Efectos. La acción directa produce los siguientes efectos:
a) la notificación de la demanda causa el embargo del crédito a
favor del demandante;
b) el reclamo sólo puede prosperar hasta el monto menor de las dos
obligaciones;
c) el tercero demandado puede oponer al progreso de la acción todas las
defensas que tenga contra su propio acreedor y contra el demandante;
d) el monto percibido por el actor ingresa directamente a su patrimonio;
e) el deudor se libera frente a su acreedor en la medida en que corresponda en
función del pago efectuado por el demandado.
Art. 739.- Acción subrogatoria. El acreedor de un crédito cierto, exigible o no, puede ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor, si éste es remiso en hacerlo y esa omisión afecta el cobro de su acreencia.
El acreedor no goza de preferencia alguna sobre los bienes obtenidos por ese medio.
Art. 740.- Citación del deudor. El deudor debe ser citado para que tome intervención en el juicio respectivo.
Art. 741.- Derechos excluidos. Están excluidos de la acción subrogatoria:
a) los
derechos y acciones que, por su naturaleza o por disposición de la ley, sólo
pueden ser ejercidos por su titular;
b) los derechos y acciones sustraídos de la garantía colectiva de los
acreedores;
c) las meras facultades, excepto que de su ejercicio pueda resultar una mejora
en la situación patrimonial del deudor.
Art. 742.- Defensas oponibles. Pueden oponerse al acreedor todas las excepciones y causas de extinción de su crédito, aun cuando provengan de hechos del deudor posteriores a la demanda, siempre que éstos no sean en fraude de los derechos del acreedor.
Art. 743.- Bienes que constituyen la garantía. Los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero sólo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia.
Art. 744.- Bienes excluidos de la garantía común. Quedan excluidos de la garantía prevista en el artículo 743:
a) las ropas y
muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o conviviente, y de sus
hijos;
b) los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte
u oficio del deudor;
c) los sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame su precio de venta,
construcción o reparación;
d) los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado;
e) los derechos de usufructo, uso y habitación, así como las servidumbres
prediales, que sólo pueden ejecutarse en los términos de los artículos 2144, 2157 y 2178;
f) las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y por daño
material derivado de lesiones a su integridad psicofísica;
g) la indemnización por alimentos que corresponde al cónyuge, al conviviente
y a los hijos con derecho alimentario, en caso de homicidio;
h) los demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes.
Art. 745.- Prioridad del primer embargante. El acreedor que obtuvo el embargo de bienes de su deudor tiene derecho a cobrar su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros acreedores.
Esta prioridad sólo es oponible a los acreedores quirografarios en los procesos individuales.
Si varios acreedores embargan el mismo bien del deudor, el rango entre ellos se determina por la fecha de la traba de la medida.
Los embargos posteriores deben afectar únicamente el sobrante que quede después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores.
Art. 746.- Efectos. El deudor de una cosa cierta está obligado a conservarla en el mismo estado en que se encontraba cuando contrajo la obligación, y entregarla con sus accesorios, aunque hayan sido momentáneamente separados de ella.
Art. 747.- Entrega. Cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección de la cosa en el acto de su entrega. La recepción de la cosa por el acreedor hace presumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la obligación de saneamiento en la Sección 4ª, Capítulo 9, Título II del Libro Tercero.
Art. 748.- Entrega de cosa mueble cerrada o bajo cubierta. Cuando se entrega una cosa mueble bajo cubierta y sin inspeccionar al tiempo de la tradición, el acreedor tiene un plazo de caducidad de tres días desde la recepción para reclamar por defectos de cantidad, calidad o vicios aparentes.
Art. 749.- Obligación de dar cosas ciertas para transferir el uso o la tenencia. Remisión. Cuando la obligación de dar una cosa determinada tenga por objeto transferir solamente el uso o la tenencia de ella, se aplican las normas contenidas en los títulos especiales.
Art. 750.- Tradición. El acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa antes de la tradición, excepto disposición legal en contrario.
Art. 751.- Mejoras. Concepto y clases. Mejora es el aumento del valor intrínseco de la cosa. Las mejoras pueden ser naturales o artificiales. Las artificiales, provenientes de hecho del hombre, se clasifican en necesarias, útiles y de mero lujo, recreo o suntuarias. (*)
Comentario: (*) Véase el artículo 589 (Código Civil).
Art. 752.- Mejora natural. Efectos. La mejora natural autoriza al deudor a exigir un mayor valor. Si el acreedor no lo acepta, la obligación queda extinguida, sin responsabilidad para ninguna de las partes.
Art. 753.- Mejoras artificiales. El deudor está obligado a realizar las mejoras necesarias, sin derecho a percibir su valor. No tiene derecho a reclamar indemnización por las mejoras útiles ni por las de mero lujo, recreo o suntuarias, pero puede retirarlas en tanto no deterioren la cosa.
Art. 754.- Frutos. Hasta el día de la tradición los frutos percibidos le pertenecen al deudor; a partir de esa fecha, los frutos devengados y los no percibidos le corresponden al acreedor.
Art. 755.- Riesgos de la cosa. El propietario soporta los riesgos de la cosa. Los casos de deterioro o pérdida, con o sin culpa, se rigen por lo dispuesto sobre la imposibilidad de cumplimiento.
Art. 756.- Concurrencia de varios acreedores. Bienes inmuebles. Si varios acreedores reclaman la misma cosa inmueble prometida por el deudor, son todos de buena fe y a título oneroso, tiene mejor derecho:
a) el que
tiene emplazamiento registral y tradición;
b) el que ha recibido la tradición;
c) el que tiene emplazamiento registral precedente;
d) en los demás supuestos, el que tiene título de fecha cierta anterior.
Art. 757.- Concurrencia de varios acreedores. Bienes muebles. Si varios acreedores reclaman la misma cosa mueble prometida por el deudor, son todos de buena fe y a título oneroso, tiene mejor derecho:
a) el que
tiene emplazamiento registral precedente, si se trata de bienes muebles
registrables;
b) el que ha recibido la tradición, si fuese no registrable;
c) en los demás supuestos, el que tiene título de fecha cierta anterior.
Art. 758.- Acreedor frustrado. El acreedor de buena fe que resulta frustrado en su derecho, conserva su acción contra el deudor para reclamar los daños y perjuicios sufridos.
Art. 759.- Regla general. En la obligación de dar para restituir, el deudor debe entregar la cosa al acreedor, quien por su parte puede exigirla.
Si quien debe restituir se obligó a entregar la cosa a más de un acreedor, el deudor debe entregarla al dueño, previa citación fehaciente a los otros que la hayan pretendido.
Art. 760.- Entrega de la cosa a quien no es propietario. Bienes no registrables. Con relación a terceros, cuando la obligación de dar cosas ciertas tiene por fin restituirlas a su dueño, si la cosa es mueble no registrable y el deudor hace, a título oneroso, tradición de ella a otro por transferencia o constitución de prenda, el acreedor no tiene derecho contra los poseedores de buena fe, sino solamente cuando la cosa le fue robada o se ha perdido. En todos los casos lo tiene contra los poseedores de mala fe.
Art. 761.- Entrega de la cosa a quien no es propietario. Bienes registrables. Si la cosa es inmueble o mueble registrable, el acreedor tiene acción real contra terceros que sobre ella aparentemente adquirieron derechos reales, o que la tengan en su posesión por cualquier contrato hecho con el deudor.
Art. 762,- Individualización. La obligación de dar es de género si recae sobre cosas determinadas sólo por su especie y cantidad.
Las cosas debidas en una obligación de género deben ser individualizadas. La elección corresponde al deudor, excepto que lo contrario resulte de la convención de las partes. La elección debe recaer sobre cosa de calidad media, y puede ser hecha mediante manifestación de voluntad expresa o tácita.
Art. 763.- Período anterior a la individualización. Antes de la individualización de la cosa debida, el caso fortuito no libera al deudor. Después de hecha la elección, se aplican las reglas sobre la obligación de dar cosas ciertas.
Obligaciones relativas a bienes que no son cosas
Art. 764.- Aplicación de normas. Las normas de los
Parágrafos 1°, 2°, 3° y 4° de esta Sección se aplican, en lo pertinente, a los
casos en que la prestación debida consiste en transmitir, o poner a disposición
del acreedor, un bien que no es cosa.
Art. 765.- Concepto. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. (*)
Comentario (*) Esta norma no es
de orden público;
Léase: “Alquileres y Cánones en Moneda Extranjera”, por
Enrique L. Abatti, Ival
Rocca (h) y María Cristina Guzmán.
Léase ¿Qué tipo de cambio se debe considerar para deudas en dólares?, por Sebastián Albornos.
Art. 766.- Obligación del deudor. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada.
Art. 767.- Intereses compensatorios. La obligación puede llevar intereses y son válidos los que se han convenido entre el deudor y el acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación. Si no fue acordada por las partes, ni por las leyes, ni resulta de los usos, la tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces.
Art. 768.- Intereses moratorios. A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina:
a) por lo que
acuerden las partes;
b) por lo que dispongan las leyes especiales;
c) en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco
Central.
Art. 769.- Intereses punitorios. Los intereses punitorios convencionales se rigen por las normas que regulan la cláusula penal.
Art. 770.- Anatocismo. No se deben intereses de los intereses, excepto que:
a) una
cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al capital con una
periodicidad no inferior a seis meses;
b) la obligación se demande judicialmente; en este caso, la acumulación opera
desde la fecha de la notificación de la demanda;
c) la obligación se liquide judicialmente; en este caso, la capitalización se
produce desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso
en hacerlo;
d) otras disposiciones legales prevean la acumulación.(*)
Comentario: (*) Véase "El anatocismo y los intereses... en el C. C. y C.",
por Claudio A. Casadío Martínez;
Y, “El “anatocismo” en el nuevo Código Civil y Comercial”, por Héctor Perucchi.
Art. 771.- Facultades judiciales. Los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación.
Los intereses pagados en exceso se imputan al capital y, una vez extinguido éste, pueden ser repetidos.
Art. 772.- Cuantificación de un valor. Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta Sección.
Art. 773.- Concepto. La obligación de hacer es aquella cuyo objeto consiste en la prestación de un servicio o en la realización de un hecho, en el tiempo, lugar y modo acordados por las partes.
Art. 774.- Prestación de un servicio. La prestación de un servicio puede consistir:
a) en realizar
cierta actividad, con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito.
Las cláusulas que comprometen a los buenos oficios, o a aplicar los mejores
esfuerzos están comprendidas en este inciso;
b) en procurar al acreedor cierto resultado concreto, con independencia de su
eficacia;
c) en procurar al acreedor el resultado eficaz prometido. La cláusula llave en
mano o producto en mano está comprendida en este inciso.
Si el resultado de la actividad del deudor consiste en una cosa, para su entrega se aplican las reglas de las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales.
Art. 775.- Realización de un hecho. El obligado a realizar un hecho debe cumplirlo en tiempo y modo acordes con la intención de las partes o con la índole de la obligación. Si lo hace de otra manera, la prestación se tiene por incumplida, y el acreedor puede exigir la destrucción de lo mal hecho, siempre que tal exigencia no sea abusiva.
Art. 776.- Incorporación de terceros. La prestación puede ser ejecutada por persona distinta del deudor, a no ser que de la convención, de la naturaleza de la obligación o de las circunstancias resulte que éste fue elegido por sus cualidades para realizarla personalmente. Esta elección se presume en los contratos que suponen una confianza especial.
Art. 777.- Ejecución forzada. El incumplimiento imputable de la prestación le da derecho al acreedor a:
a) exigir el
cumplimiento específico;
b) hacerlo cumplir por terceros a costa del deudor;
c) reclamar los daños y perjuicios.
Art. 778.- Obligación de no hacer. Es aquella que tiene por objeto una abstención del deudor o tolerar una actividad ajena. Su incumplimiento imputable permite reclamar la destrucción física de lo hecho, y los daños y perjuicios.
Art. 779.- Concepto. La obligación alternativa tiene por objeto una prestación entre varias que son independientes y distintas entre sí. El deudor está obligado a cumplir una sola de ellas.
Art. 780.- Elección. Sujetos. Efectos. Excepto estipulación en contrario, la facultad de elegir corresponde al deudor. La opción que corresponde a varias personas requiere unanimidad. Si la parte a quien corresponde la elección no se pronuncia oportunamente, la facultad de opción pasa a la otra. Si esa facultad se ha deferido a un tercero y éste no opta en el plazo fijado, corresponde al deudor designar el objeto del pago.
En las obligaciones periódicas, la elección realizada una vez no implica renuncia a la facultad de optar en lo sucesivo.
La elección es irrevocable desde que se la comunica a la otra parte o desde que el deudor ejecuta alguna de las prestaciones, aunque sea parcialmente.
Una vez realizada, la prestación escogida se considera única desde su origen, y se aplican las reglas de las obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, según corresponda.
Art. 781.- Obligación alternativa regular. En los casos en que la elección corresponde al deudor y la alternativa se da entre dos prestaciones, se aplican las siguientes reglas:
a) si una de
las prestaciones resulta imposible por causas ajenas a la responsabilidad de
las partes, o atribuibles a la responsabilidad del deudor, la obligación se
concentra en la restante; si la imposibilidad proviene de causas atribuibles a
la responsabilidad del acreedor, el deudor tiene derecho a optar entre dar por
cumplida su obligación; o cumplir la prestación que todavía es posible y
reclamar los daños y perjuicios emergentes de la mayor onerosidad que le cause
el pago realizado, con relación al que resultó imposible;
b) si todas las prestaciones resultan imposibles, y la imposibilidad es
sucesiva, la obligación se concentra en esta última, excepto si la
imposibilidad de alguna de ellas obedece a causas que comprometen la
responsabilidad del acreedor; en este caso, el deudor tiene derecho a elegir
con cuál queda liberado;
c) si todas las prestaciones resultan imposibles por causas atribuibles a la
responsabilidad del deudor, y la imposibilidad es simultánea, se libera
entregando el valor de cualquiera de ella; si lo son por causas atribuibles a
la responsabilidad del acreedor, el deudor tiene derecho a dar por cumplida su
obligación con una y reclamar los daños y perjuicios emergentes de la mayor
onerosidad que le ocasione el pago realizado, con relación al que resultó
imposible;
d) si todas las prestaciones resultan imposibles por causas ajenas a la
responsabilidad de las partes, la obligación se extingue.
Art. 782.- Obligación alternativa irregular. En los casos en que la elección corresponde al acreedor y la alternativa se da entre dos prestaciones, se aplican las siguientes reglas:
a) si una de
las prestaciones resulta imposible por causas ajenas a la responsabilidad de
las partes, o atribuibles a la responsabilidad del acreedor, la obligación se
concentra en la restante; si la imposibilidad proviene de causas atribuibles a
la responsabilidad del deudor, el acreedor tiene derecho a optar entre reclamar
la prestación que es posible, o el valor de la que resulta imposible;
b) si todas las prestaciones resultan imposibles y la imposibilidad es
sucesiva, la obligación se concentra en la última, excepto que la imposibilidad
de la primera obedezca a causas que comprometan la responsabilidad del deudor;
en este caso el acreedor tiene derecho a reclamar el valor de cualquiera de las
prestaciones;
c) si todas las prestaciones resultan imposibles por causas atribuibles a la
responsabilidad del acreedor, y la imposibilidad es simultánea, el acreedor
tiene derecho a elegir con cuál de ellas queda satisfecho, y debe al deudor los
daños y perjuicios emergentes de la mayor onerosidad que le reporte el pago
realizado; si lo son por causas atribuibles a la responsabilidad del deudor, el
acreedor tiene derecho a elegir con el valor de cuál de ellas queda satisfecho;
d) si todas las prestaciones resultan imposibles por causas ajenas a la
responsabilidad de las partes, la obligación se extingue.
Art. 783.- Elección por un tercero. Las opciones conferidas al deudor y al acreedor en los artículos 781 y 782 también pueden ser ejercidas, a favor de aquéllos, por un tercero a quien le haya sido encargada la elección.
Art. 784.- Elección de modalidades o circunstancias. Si en la obligación se autoriza la elección respecto de sus modalidades o circunstancias, se aplican las reglas precedentes sobre el derecho de realizar la opción y sus efectos legales.
Art. 785.- Obligaciones de género limitado. Las disposiciones de esta Sección se aplican a las obligaciones en las que el deudor debe entregar una cosa incierta pero comprendida dentro de un número de cosas ciertas de la misma especie.
Art. 786.- Concepto. La obligación facultativa tiene una prestación principal y otra accesoria. El acreedor solo puede exigir la principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria. El deudor dispone hasta el momento del pago para ejercitar la facultad de optar.
Art. 787.- Extinción. La obligación facultativa se extingue si la prestación principal resulta imposible, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder.
Art. 788.- Caso de duda. En caso de duda respecto a si la obligación es alternativa o facultativa, se la tiene por alternativa.
Art. 789.- Opción entre modalidades y circunstancias. Si en la obligación se autoriza la opción respecto de sus modalidades o circunstancias, se aplican las reglas precedentes.
Art. 790.- Concepto. La cláusula penal es aquella por la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación.
Art. 791.- Objeto. La cláusula penal puede tener por objeto el pago de una suma de dinero, o cualquiera otra prestación que pueda ser objeto de las obligaciones, bien sea en beneficio del acreedor o de un tercero.
Art. 792.- Incumplimiento. El deudor que no cumple la obligación en el tiempo convenido debe la pena, si no prueba la causa extraña que suprime la relación causal. La eximente del caso fortuito debe ser interpretada y aplicada restrictivamente.
Art. 793.- Relación con la indemnización. La pena o multa impuesta en la obligación suple la indemnización de los daños cuando el deudor se constituyó en mora; y el acreedor no tiene derecho a otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es reparación suficiente.
Art. 794.- Ejecución. Para pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor puede eximirse de satisfacerla, acreditando que el acreedor no sufrió perjuicio alguno.
Los jueces pueden reducir las penas cuando su monto desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso, configuran un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor.
Art. 795.- Obligaciones de no hacer. En las obligaciones de no hacer el deudor incurre en la pena desde el momento que ejecuta el acto del cual se obligó a abstenerse.
Art. 796.- Opciones del deudor. El deudor puede eximirse de cumplir la obligación con el pago de la pena únicamente si se reservó expresamente este derecho.
Art. 797.- Opciones del acreedor. El acreedor no puede pedir el cumplimiento de la obligación y la pena, sino una de las dos cosas, a su arbitrio, a menos que se haya estipulado la pena por el simple retardo, o que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligación principal.
Art. 798.- Disminución proporcional. Si el deudor cumple sólo una parte de la obligación, o la cumple de un modo irregular, o fuera del lugar o del tiempo a que se obligó, y el acreedor la acepta, la pena debe disminuirse proporcionalmente.
Art. 799.- Divisibilidad. Sea divisible o indivisible la obligación principal, cada uno de los codeudores o de los herederos del deudor no incurre en la pena sino en proporción de su parte, siempre que sea divisible la obligación de la cláusula penal.
Art. 800.- Indivisibilidad. Si la obligación de la cláusula penal es indivisible, o si es solidaria aunque divisible, cada uno de los codeudores, o de los coherederos del deudor, queda obligado a satisfacer la pena entera.
Art. 801.- Nulidad. La nulidad de la obligación con cláusula penal no causa la de la principal. La nulidad de la principal causa la de la cláusula penal, excepto si la obligación con cláusula penal fue contraída por otra persona, para el caso que la principal fuese nula por falta de capacidad del deudor.
Art. 802.- Extinción de la obligación principal. Si la obligación principal se extingue sin culpa del deudor queda también extinguida la cláusula penal.
Art. 803.- Obligación no exigible. La cláusula penal tiene efecto, aunque sea puesta para asegurar el cumplimiento de una obligación que al tiempo de concertar la accesoria no podía exigirse judicialmente, siempre que no sea reprobada por la ley.
Art. 804.- Sanciones conminatorias. Los jueces pueden imponer en beneficio del titular del derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Las condenas se deben graduar en proporción al caudal económico de quien debe satisfacerlas y pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.
La observancia
de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por
las normas propias del derecho administrativo. (*)
Comentario:
(*) Véase el artículo 553
y el artículo 666 bis (Código
Civil). Véase el artículo 37 del C.P.C.C. Nacional;
Y al artículo
37 del C.P.C.C. de la Pcia. de Bs. As.
Aplican intereses a las astreintes;
La Cám. Nac.
de Apel. en lo Com. y Cma. Federal de La Plata.
En contra, de aplicar intereses, la Cma. Nac.
Del Trabajo.
Art. 805.- Concepto. obligación divisible es la que tiene por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial.
Art. 806.- Requisitos. La prestación jurídicamente divisible exige la concurrencia de los siguientes requisitos:
a) si una de
las prestaciones resulta imposible por causas ajenas a la responsabilidad de
las p a) ser materialmente fraccionable, de modo que cada una de sus partes
tenga la misma calidad del todo;
b) no quedar afectado significativamente el valor del objeto, ni ser
antieconómico su uso y goce, por efecto de la división.
Art. 807.- Deudor y acreedor singulares. Si solo hay un deudor y un acreedor, la prestación debe ser cumplida por entero, aunque su objeto sea divisible.
Art. 808.- Principio de división. Si la obligación divisible tiene más de un acreedor o más de un deudor, se debe fraccionar en tantos créditos o deudas iguales, como acreedores o deudores haya, siempre que el título constitutivo no determine proporciones distintas.
Cada una de las partes equivale a una prestación diversa e independiente. Los acreedores tienen derecho a su cuota y los deudores no responden por la insolvencia de los demás.
Art. 809.- Límite de la divisibilidad. La divisibilidad de la obligación no puede invocarse por el codeudor a cuyo cargo se deja el pago de toda la deuda.
Art. 810.- Derecho al reintegro. En los casos en que el deudor paga más de su parte en la deuda:
a) si lo hace sabiendo que en la demasía paga una deuda ajena, se aplican las reglas de la subrogación por ejecución de la prestación por un tercero;
b) si lo hace sin causa, porque cree ser deudor del todo, o porque el acreedor ya percibió la demasía, se aplican las reglas del pago indebido.
Art. 811.- Participación. La participación entre los acreedores de lo que uno de ellos percibe de más se determina conforme a lo dispuesto por el artículo 841.
Art. 812.- Caso de solidaridad. Si la obligación divisible es además solidaria, se aplican las reglas de las obligaciones solidarias, y la solidaridad activa o pasiva, según corresponda.
Art. 813.- Concepto. Son indivisibles las obligaciones no susceptibles de cumplimiento parcial.
Art. 814.- Casos de indivisibilidad. Hay indivisibilidad:
a) si la
prestación no puede ser materialmente dividida;
b) si la indivisibilidad es convenida; en caso de duda sobre si se convino que
la obligación sea indivisible o solidaria, se considera solidaria;
c) si lo dispone la ley.
Art. 815.- Prestaciones indivisibles. Se consideran indivisibles las prestaciones correspondientes a las obligaciones:
a) de dar una
cosa cierta;
b) de hacer, excepto si han sido convenidas por unidad de medida y el deudor
tiene derecho a la liberación parcial;
c) de no hacer;
d) accesorias, si la principal es indivisible.
Art. 816.- Derecho de los acreedores al pago total. Cada uno de los acreedores tiene derecho de exigir la totalidad del pago a cualquiera de los codeudores, o a todos ellos, simultánea o sucesivamente.
Art. 817.- Derecho a pagar. Cualquiera de los codeudores tiene derecho a pagar la totalidad de la deuda a cualquiera de los acreedores.
Art. 818.- Modos extintivos. La unanimidad de los acreedores es requerida para extinguir el crédito por transacción, novación, dación en pago y remisión. Igual recaudo exige la cesión del crédito, no así la compensación.
Art. 819.- Responsabilidad de cada codeudor. La mora de uno de los deudores o de uno de los acreedores, y los factores de atribución de responsabilidad de uno u otro, no perjudican a los demás.
Art. 820.- Contribución. Si uno de los deudores paga la totalidad de la deuda, o repara la totalidad de los daños, o realiza gastos en interés común, tiene derecho a reclamar a los demás la contribución del valor de lo que ha invertido en interés de ellos, con los alcances que determina el artículo 841.
Art. 821.- Participación. Si uno de los acreedores recibe la totalidad del crédito o de la reparación de los daños, o más que su cuota, los demás tienen derecho a que les pague el valor de lo que les corresponde conforme a la cuota de participación de cada uno de ellos, con los alcances que determina el artículo 841.
Tienen igual derecho si el crédito se extingue total o parcialmente, por compensación legal.
Art. 822.- Prescripción extintiva. La prescripción extintiva cumplida es invocable por cualquiera de los deudores contra cualquiera de los acreedores.
La interrupción y la suspensión del curso de la prescripción extintiva se rigen por lo dispuesto en el Libro Sexto.
Art. 823.- Normas subsidiarias. Las normas relativas a las obligaciones solidarias son subsidiariamente aplicables a las obligaciones indivisibles.
Art. 824.- Indivisibilidad impropia. Las disposiciones de este parágrafo se aplican a las obligaciones cuyo cumplimiento sólo puede ser exigido por todos los acreedores en conjunto, o realizado por todos los deudores en conjunto, excepto las que otorgan a cada uno el derecho de cobrar o a pagar individualmente.
Obligaciones simplemente mancomunadas
Art. 825.- Concepto. La obligación simplemente mancomunada es aquella en la que el crédito o la deuda se fracciona en tantas relaciones particulares independientes entre sí como acreedores o deudores haya. Las cuotas respectivas se consideran deudas o créditos distintos los unos de los otros.
Art. 826.- Efectos. Los efectos de la obligación simplemente mancomunada se rigen por lo dispuesto en la Sección 6a de este Capítulo, según que su objeto sea divisible o indivisible.
Art. 827.- Concepto. Hay solidaridad en las obligaciones con pluralidad de sujetos y originadas en una causa única cuando, en razón del título constitutivo o de la ley, su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores, por cualquiera de los acreedores.
Art. 828.- Fuentes. La solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley o del título constitutivo de la obligación.
Art. 829.- Criterio de aplicación. Con sujeción a lo dispuesto en este Parágrafo y en los dos siguientes, se considera que cada uno de los codeudores solidarios, en la solidaridad pasiva, y cada uno de los coacreedores, en la solidaridad activa, representa a los demás en los actos que realiza como tal.
Art. 830.- Circunstancias de los vínculos. La incapacidad y la capacidad restringida de alguno de los acreedores o deudores solidarios no perjudica ni beneficia la situación de los demás; tampoco la existencia de modalidades a su respecto.
Art. 831.- Defensas. Cada uno de los deudores puede oponer al acreedor las defensas comunes a todos ellos.
Las defensas personales pueden oponerse exclusivamente por el deudor o acreedor a quien correspondan, y sólo tienen valor frente al coacreedor a quien se refieran. Sin embargo, pueden expandir limitadamente sus efectos hacia los demás codeudores, y posibilitar una reducción del monto total de la deuda que se les reclama, hasta la concurrencia de la parte perteneciente en la deuda al codeudor que las puede invocar.
Art. 832.- Cosa juzgada. La sentencia dictada contra uno de los codeudores no es oponible a los demás, pero éstos pueden invocarla cuando no se funda en circunstancias personales del codeudor demandado.
El deudor no puede oponer a los demás coacreedores la sentencia obtenida contra uno de ellos; pero los coacreedores pueden oponerla al deudor, sin perjuicio de las excepciones personales que éste tenga frente a cada uno de ellos.
Art. 833.- Derecho a cobrar. El acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores, simultánea o sucesivamente.
Art. 834.- Derecho a pagar. Cualquiera de los deudores solidarios tiene derecho a pagar la totalidad de la deuda, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 837.
Art. 835.- Modos extintivos. Con sujeción a disposiciones especiales, los modos extintivos inciden, según el caso, sobre la obligación, o sobre la cuota de algún deudor solidario, conforme a las siguientes reglas:
a) la
obligación se extingue en el todo cuando uno de los deudores solidarios paga la
deuda;
b) la obligación también se extingue en el todo si el acreedor renuncia a su
crédito a favor de uno de los deudores solidarios, o si se produce novación, dación en pago
o compensación entre el acreedor y uno de los deudores solidarios;
c) la confusión entre el acreedor y uno de los deudores solidarios sólo
extingue la cuota de la deuda que corresponde a éste. La obligación subsistente
conserva el carácter solidario;
d) la transacción hecha
con uno de los codeudores solidarios, aprovecha a los otros, pero no puede
serles opuesta. .
Art. 836.- Extinción absoluta de la solidaridad. Si el acreedor, sin renunciar al crédito, renuncia expresamente a la solidaridad en beneficio de todos los deudores solidarios, consintiendo la división de la deuda, ésta se transforma en simplemente mancomunada.
Art. 837.- Extinción relativa de la solidaridad. Si el acreedor, sin renunciar al crédito, renuncia expresa o tácitamente a la solidaridad en beneficio de uno solo de los deudores solidarios, la deuda continúa siendo solidaria respecto de los demás, con deducción de la cuota correspondiente al deudor beneficiario.
Art. 838.- Responsabilidad. La mora de uno de los deudores solidarios perjudica a los demás. Si el cumplimiento se hace imposible por causas imputables a un codeudor, los demás responden por el equivalente de la prestación debida y la indemnización de daños y perjuicios. Las consecuencias propias del incumplimiento doloso de uno de los deudores no son soportadas por los otros.
Art. 839.- Interrupción y suspensión de la prescripción. La interrupción y la suspensión del curso de la prescripción extintiva están regidas por lo dispuesto en el Título I del Libro Sexto.
Art. 840.- Contribución. El deudor que efectúa
el pago puede repetirlo
de los demás codeudores según la participación que cada uno tiene en la deuda.
La acción de regreso no procede en caso de
haberse remitido gratuitamente la deuda. (*)
Comentario: (*) Véanse los arts. 716 y 717 (Código
Civil); artículo 689 (Código Civil); artículo 2535 (C. C. y C.);
“Responsabilidad civil directa y por el hecho de terceros….”, Por Sagarna, Fernando Alfredo.
Art. 841.- Determinación de la cuota de contribución. Las cuotas de contribución se determinan sucesivamente de acuerdo con:
a) lo pactado;
b) la fuente y la finalidad de la obligación o, en su caso, la causa de la
responsabilidad;
c) las relaciones de los interesados entre sí;
d) las demás circunstancias
Si por aplicación de estos criterios no es posible determinar las cuotas de contribución, se entiende que participan en partes iguales.
Art. 842.- Caso de insolvencia. La cuota correspondiente a los codeudores insolventes es cubierta por todos los obligados.
Art. 843.- Muerte de un deudor. Si muere uno de los deudores solidarios y deja varios herederos, la deuda ingresa en la masa indivisa y cualquiera de los acreedores puede oponerse a que los bienes se entreguen a los herederos o legatarios sin haber sido previamente pagado. Después de la partición, cada heredero está obligado a pagar según la cuota que le corresponde en el haber hereditario.
Art. 844.- Derecho al cobro. El acreedor, o cada acreedor, o todos ellos conjuntamente, pueden reclamar al deudor la totalidad de la obligación.
Art. 845.- Prevención de un acreedor. Si uno de los acreedores solidarios ha demandado judicialmente el cobro al deudor, el pago sólo puede ser hecho por éste al acreedor demandante.
Art. 846.- Modos extintivos. Sujeto a disposiciones especiales, los modos extintivos inciden, según el caso, sobre la obligación, o sobre la cuota de algún acreedor solidario, conforme a las siguientes reglas:
a) la
obligación se extingue en el todo cuando uno de los acreedores solidarios
recibe el pago del crédito;
b) en tanto alguno de los acreedores solidarios no haya demandado el pago al
deudor, la obligación también se extingue en el todo si uno de ellos renuncia a
su crédito a favor del deudor, o si se produce novación, dación en pago
o compensación entre uno de ellos y el deudor;
c) la confusión entre el deudor y uno de los acreedores solidarios sólo
extingue la cuota del crédito que corresponde a éste;
d) la transacción hecha por uno de los coacreedores solidarios con el deudor no
es oponible a los otros acreedores, excepto que éstos quieran aprovecharse de
ésta.
Art. 847.- Participación. Los acreedores solidarios tienen derecho a la participación con los siguientes alcances:
a) si uno de
los acreedores solidarios recibe la totalidad del crédito o de la reparación
del daño, o más que su cuota, los demás tienen derecho a que les pague el valor
de lo que les corresponde conforme a la cuota de participación de cada uno;
b) en los casos del inciso b) del artículo 846, los demás acreedores solidarios
tienen derecho a la participación, si hubo renuncia al crédito o compensación
legal por la cuota de cada uno en el crédito original; y si hubo compensación
convencional o facultativa, novación, dación en pago o transacción, por la cuota
de cada uno en el crédito original, o por la que correspondería a cada uno
conforme lo resultante de los actos extintivos, a su elección;
c) el acreedor solidario que realiza gastos razonables en interés común tiene
derecho a reclamar a los demás la participación en el reembolso de su valor.
Art. 848.- Cuotas de participación. Las cuotas de participación de los acreedores solidarios se determinan conforme lo dispuesto en el artículo 841.
Art. 849.- Muerte de un acreedor. Si muere uno de los acreedores solidarios, el crédito se divide entre sus herederos en proporción a su participación en la herencia. Después de la partición, cada heredero tiene derecho a percibir según la cuota que le corresponde en el haber hereditario.
Art. 850.- Concepto. Obligaciones concurrentes son aquellas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes.
Art. 851.- Efectos. Excepto disposición especial en contrario, las obligaciones concurrentes se rigen por las siguientes reglas:
a) el acreedor
tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores,
simultánea o sucesivamente;
b) el pago realizado por uno de los deudores extingue la obligación de los
otros obligados concurrentes;
c) la dación en pago, la transacción, la novación y la compensación realizadas con uno de
los deudores concurrentes, en tanto satisfagan íntegramente el interés del
acreedor, extinguen la obligación de los otros obligados concurrentes o, en su
caso, la extinguen parcialmente en la medida de lo satisfecho;
d) la confusión entre el acreedor y uno de los deudores concurrentes y la
renuncia al crédito a favor de uno de los deudores no extingue la deuda de los
otros obligados concurrentes;
e) la prescripción cumplida y la interrupción y suspensión de su curso no
producen efectos expansivos respecto de los otros obligados concurrentes;
f) la mora de uno de los deudores no produce efectos expansivos con respecto a
los otros codeudores;
g) la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada dictada contra uno de los codeudores no es
oponible a los demás, pero éstos pueden invocarla cuando no se funda en
circunstancias personales del codeudor demandado;
h) la acción de contribución del deudor que paga la deuda contra los otros
obligados concurrentes se rige por las relaciones causales que originan la
concurrencia.
Art. 852.- Normas subsidiarias. Las normas relativas a las obligaciones solidarias son subsidiariamente aplicables a las obligaciones concurrentes.
Art. 853.- Alcances. Si la obligación debe ser cumplida por uno de varios sujetos, excepto estipulación en contrario, el acreedor elige cuál de ellos debe realizar el pago. Mientras el acreedor no demande a uno de los sujetos, cualquiera de ellos tiene derecho de pagar. El que paga no tiene derecho de exigir contribución o reembolso de los otros sujetos obligados.
Art. 854.- Disyunción activa. Si la obligación debe ser cumplida a favor de uno de varios sujetos, excepto estipulación en contrario, el deudor elige a cuál de éstos realiza el pago. La demanda de uno de los acreedores al deudor no extingue el derecho de éste a pagar a cualquiera de ellos. El que recibe el pago no está obligado a participarlo con los demás.
Art. 855.- Reglas aplicables. Se aplican, subsidiariamente, las reglas de las obligaciones simplemente mancomunadas.
Art. 856.- Definición. Obligaciones principales son aquellas cuya existencia, régimen jurídico, eficacia y desarrollo funcional son autónomos e independientes de cualquier otro vínculo obligacional. Los derechos y obligaciones son accesorios a una obligación principal cuando dependen de ella en cualquiera de los aspectos precedentemente indicados, o cuando resultan esenciales para satisfacer el interés del acreedor.
Art. 857.- Efectos. La extinción, nulidad o ineficacia del crédito principal, extinguen los derechos y obligaciones accesorios, excepto disposición legal o convencional en contrario.
Art. 858.- Definiciones. Se entiende por cuenta la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio, aunque consista en un acto singular.
Hay rendición de cuentas cuando se las pone en conocimiento de la persona interesada, conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes.
Art. 859.- Requisitos. La rendición de cuentas debe:
a) ser hecha
de modo descriptivo y documentado;
b) incluir las referencias y explicaciones razonablemente necesarias para su
comprensión;
c) acompañar los comprobantes de los ingresos y de los egresos, excepto que sea
de uso no extenderlos;
d) concordar con los libros que lleve quien las rinda.
Art. 860.- Obligación de rendir cuentas. Están obligados a rendir cuentas, excepto renuncia expresa del interesado:
a) quien actúa
en interés ajeno, aunque sea en nombre propio;
b) quienes son parte en relaciones de ejecución continuada, cuando la rendición
es apropiada a la naturaleza del negocio;
c) quien debe hacerlo por disposición legal.
La rendición de cuentas puede ser privada, excepto si la ley dispone que debe ser realizada ante un juez.
Art. 861.- Oportunidad. Las cuentas deben ser rendidas en la oportunidad en que estipulan las partes, o dispone la ley. En su defecto, la rendición de cuentas debe ser hecha:
a) al concluir
el negocio;
b) si el negocio es de ejecución continuada, también al concluir cada uno de
los períodos o al final de cada año calendario.
Art. 862.- Aprobación. La rendición de cuentas puede ser aprobada expresa o tácitamente. Hay aprobación tácita si no es observada en el plazo convenido o dispuesto por la ley o, en su defecto, en el de treinta días de presentadas en debida forma. Sin embargo, puede ser observada por errores de cálculo o de registración dentro del plazo de caducidad de un año de recibida.
Art. 863.- Relaciones de ejecución continuada. En relaciones de ejecución continuada si la rendición de cuentas del último período es aprobada, se presume que también lo fueron las rendiciones correspondientes a los periodos anteriores.
Art. 864.- Saldos y documentos del interesado. Una vez aprobadas las cuentas:
a) su saldo debe ser pagado en el plazo convenido o dispuesto por la ley o, en su defecto, en el de diez días;
b) el obligado a rendirlas debe devolver al interesado los títulos y documentos que le hayan sido entregados, excepto las instrucciones de carácter personal.
(*) Nota a "De las Obligaciones en General": Todos los Códigos de Europa y de América, imitando al Código Francés, al tratar de las obligaciones ponen la inscripción: De los contratos o de las obligaciones convencionales, equivocando los contratos con las obligaciones, lo que causa una inmensa confusión en la jurisprudencia, y produce errores que no pueden corregirse. Zachariæ, al llegar a esta parte del Cód. Francés, dice así: Nada más vicioso que el método seguido por los redactores del código. Hay cinco fuentes de las obligaciones: 1º Los contratos o convenciones; 2º Los cuasicontratos; 3º Los delitos; 4º Los cuasidelitos; 5º La ley. Era evidente que para proceder con orden, debieron abrazar en un solo título todas las obligaciones en general; pero los redactores del Código, al contrario, han comenzado por dividir la materia de las obligaciones en general, en dos títulos: el uno de las obligaciones convencionales, y el otro de las obligaciones que se forman sin convención; y como para disimular la unidad natural de la materia que sometían a esta división ilógica, han afectado reservar el nombre de obligación para las que resultan de los contratos, dando a las otras el nombre de engagement, como si no fuesen palabras sinónimas. Este primer vicio que causa una mezcla de las ideas más incoherentes, nace de haber olvidado que una cosa es el contrato que da nacimiento a la obligación, y otra la obligación convencional, que no es sino el efecto del contrato. Ha resultado de esto que no hay un título de las obligaciones en general que nacen de tan diversas causas, y que, al tratar de los efectos de las obligaciones y de las causas de ellas, se trate únicamente de los efectos y causas de los contratos, que solo son una de las fuentes de las obligaciones.
Ortolan, conforme con Zachariæ, dice: Hay dos fuentes de las obligaciones en el derecho civil. “Obligationes aut ex contractu nascuntur, aut ex maleficio, aut proprio, quodam jure ex variis causarum figuris”. Esta es la regla del Digesto. Cuando la jurisprudencia halla otros casos de obligaciones, los refiere sin embargo a las dos fuentes primitivas, y los asimila a ellas. Se dice que son figuras variadas de aquellas causas legítimas de las obligaciones, “variae causarum figurae”: que la obligación nace como nacería un contrato (“quasi ex contractu”), o como nacería de un delito (“quasi ex delicto”). Es preciso añadir las obligaciones que resultan de las relaciones entre las personas, por la constitución de la familia, que son las que se dicen originadas de la ley como antes (“quae ex lege nascuntur”) (tomo II, Tít. De las obligaciones).
Teniéndose
presente, pues, los diversos orígenes de las obligaciones, se advertirá la
razón de las diferencias de nuestros artículos comparados con los de los
códigos de Europa y América. En éstos se trata solo de las obligaciones
convencionales, y en nuestro proyecto, de las obligaciones en general.
Por esto también serán muy diversas las causas y los efectos de las
obligaciones, determinadas en nuestros artículos, de las que señalan los
códigos citados.
Para tratar de los derechos personales en las relaciones civiles, tratamos de
las obligaciones; porque la teoría de los derechos personales se reduce a la
exposición de los principios concernientes a las obligaciones que forman su
objeto. La relación que existe entre un derecho
personal y la obligación que le corresponde, puede compararse a la que
tiene el efecto con la causa que lo produce.
Art. 495.- Las obligaciones son: de dar, de hacer o de no hacer.
Nota al 495:
Nos abstenemos de definir, porque como dice Freitas, las definiciones son
impropias de un código de leyes, y no porque haya peligro en hacerlo, pues
mayor peligro hay en la ley que en la doctrina. En un trabajo legislativo sólo
pueden admitirse aquellas definiciones, que estrictamente contengan una regla
de conducta, o por la inmediata aplicación de sus vocablos, o por su influencia
en las disposiciones de una materia especial. La definición exacta de los
términos de que se sirve el legislador para expresar su voluntad, no entra en
sus atribuciones. La definición es del dominio del gramático y del literato, si
la expresión corresponde al lenguaje ordinario, y es de la atribución del
profesor cuando la expresión es técnica. En todo caso es extraña a la ley, a
menos que sea legislativa, es decir, que tenga por objeto restringir la
significación del término de que se sirva, a las ideas que reúnan exactamente
todas las condiciones establecidas en la ley. Lo que pensamos sobre las
definiciones se extiende por los mismos motivos a toda materia puramente
doctrinal, a lo que generalmente se llama principios jurídicos, pues la ley no
debe extenderse sino a lo que dependa de la voluntad del legislador. Ella debe
ser imperativa, y sea que mande o prohíba, debe sólo expresar la voluntad del
legislador. Así como existe una diferencia notable entre la jurisprudencia y la
legislación, así también la ley nada tiene de común con un tratado científico
de derecho.
Contrayéndonos al art. 495, entendemos por la palabra dar, las prestaciones que
tienen por fin un cambio en el derecho de las cosas, en el sentido que el
deudor debe procurar al acreedor la propiedad o algún derecho
real.“Dare, est accipientis
facere” (*) Instituta § 14, De actionibus. La expresión es
empleada, ya en un sentido amplio, ya en un sentido estricto. La misma
expresión aún se aplica a actos que no se refieren al derecho de las cosas,
sino que deben simplemente aumentar el patrimonio del acreedor por una cesión,
por ejemplo, o librándole de una deuda.
Prestar equivale a entregar, suministrar, procurar alguna cosa por otro título
que el de la propiedad. Nosotros tomamos la palabra prestar, prestación, en un
sentido general que abraza una y otra idea.
La expresión “hacer, facere” se emplea muchas veces
tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo (Instituta § 7°, De verb.
oblig.; L. 75, § 7, Lib. 45, Digesto). El hecho comprende
todos los actos u omisiones que no pueden entrar en la dación: yo puedo
obligarme a construir una casa, o puedo, también obligarme a no impedir que un
tercero pase por mi propiedad. Savigny, Derecho de las
obligaciones, § 28.
Ortolan, Generalización, n° 69.
Comentario:
(*) La frase transcripta por Vélez Sarsfield,
como del párrafo 14 de las Instituta, no
corresponde al mismo, sino que tomada quizá de Duranton, que comete el mismo
error, podría devenir del párrafo 15
o, del párrafo 37,
de las Instituta, aunque, podría pertenecer a la Obra de Cujas, a las Glosas de Pérez de Patos, a Guillermo de Ockham o,a
Antonio Conti. S. A. Cristaldi, citando a Bartolo de Sassoferrato, que la refiere como
de la L. 16, Tít. 4, Lib. 12, del Digesto.
Véase a Antonio Pérez comentando el mismo título y libro del Digesto y citando a Bartolo.
Art. 496.- El derecho de exigir la cosa que es objeto de la obligación, es un crédito, y la obligación de hacer o no hacer, o de dar una cosa, es una deuda.
Nota al 496: Ortolan, Generalización, n° 69 (*); Zachariæ, nota 2ª al § 525.
Comentario: (*) Ortolán, cita la L. 3,Tít. 7, Lib. 44, Digesto.
Art. 497.- A todo derecho personal corresponde una obligación personal. No hay obligación que corresponda a derechos reales.
Nota al 497: Aubry y Rau, § 296. El Cód. Francés distingue las obligaciones en personales y reales, como distingue los derechos. Sus comentadores dicen que una obligación es real cuando incumbe al deudor, no relativamente a su persona, sino sólo en su calidad de poseedor de una cosa cierta; en otros términos, cuando el deudor, obligado al cumplimiento de la obligación, no lo es personalmente o con su patrimonio, sino sólo como poseedor de ciertas cosas; y que así la obligación de un tercer poseedor de un inmueble hipotecado, de pagar, o hacer entrega del inmueble, es una obligación real; Toullier, tomo III, n°s. 344 y sigts.; Zachariæ, § 529. Nosotros decimos que el derecho puede ser un derecho real, como la hipoteca; pero la obligación del deudor es meramente personal con el accesorio de la hipoteca, pero ésta no es una obligación accesoria. Cuando la cosa sale del poder del que la obliga, y pasa a otro poseedor, éste se halla en la misma posición respecto del acreedor, que tiene un derecho real, que cualquiera otra persona, a quien se prohíbe impedir el ejercicio de los derechos reales, pero no le constituye la posición de deudor. Marcadé dice, respecto a esto: "Cuando me habéis vendido vuestra casa, estáis obligado a no molestarme en el goce del inmueble; pero esto no es una obligación de no hacer, pues no os priváis de ningún derecho. Esta necesidad nada tiene que os sea personal: ella es común a todos: es para vos, como para los otros, la consecuencia y correlación de mi derecho real existente erga omnes. Esta necesidad general y común a todos, que corresponde a un derecho real, forma un deber que cada uno está sin duda en el caso de respetar, como una obligación personal, mas no constituye una obligación". Sobre el art. 1101, nº 387.
Ortolan dice: "Derecho personal es aquel en que una persona es individualmente sujeto pasivo del derecho. Derecho real es aquel en que ninguna persona es individualmente sujeto pasivo del derecho. O en términos más sencillos, un derecho personal es aquel que da la facultad de obligar individualmente a una persona a una prestación cualquiera, a dar, a suministrar, a hacer o no hacer alguna cosa. Un derecho real es aquel que da la facultad de sacar de una cosa cualquiera un beneficio mayor o menor". Generalización, § 67.
Art. 498.- Los derechos no transmisibles a los herederos del acreedor, como las obligaciones no transmisibles a los herederos del deudor, se denominan en este Código: "derechos inherentes a la persona, obligaciones inherentes a la persona".
Art. 499.- No hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos, o de uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia, o de las relaciones civiles.
Nota al 499: El Cód. Francés y los demás Códigos que lo han tomado por modelo han confundido las causas de los contratos con las causas de las obligaciones. Como éstas nacen, a más de los contratos y cuasi-contratos que son los actos lícitos, de los actos ilícitos, delitos y cuasi-delitos, y de las relaciones de familia, la causa de ellas debe hallarse en estas fuentes que las originan, y no sólo en los contratos. Ortolan, después de hablar de las causas de las obligaciones que nacen de los contratos, continúa así: "Si una persona ha causado perjuicio a otra ya voluntariamente, y con mal propósito, ya involuntariamente, pero por culpa suya, el principio de la razón natural, de que es preciso reparar el mal que se ha causado, nos dice que aquí hay un hecho productor de obligación. Si una persona encuentra que tiene por una circunstancia cualquiera lo que pertenece a otra; si aparece enriquecido de un modo cualquiera en detrimento de otra, ya voluntaria, ya involuntariamente, el principio de la razón natural de que ninguno debe enriquecerse con perjuicio de otro, y de que hay obligación de restituir aquello con que se ha enriquecido, nos dice también que hay en esta un hecho causante de obligación. Así, por un lado el consentimiento de las partes, los contratos por otro, los innumerables hechos que son producto, ya de la voluntad o actividad del hombre, ya de causas que son independientes de él, por efecto de las cuales puede una persona haber ofendido por culpa suya a otra, o haberse enriquecido con perjuicio de alguno, nos ofrecen diariamente innumerables y repetidas causas de obligaciones. Añádanse a esto, en la constitución de la familia, ciertas relaciones entre personas, que deben producir vínculos de derecho, obligaciones de unas con respecto a otras, por ejemplo, produciendo el hecho de la generación, obligación entre el padre y la madre por una parte, y los hijos por otra, por la causa de que unos han dado la existencia y los otros la han recibido, tenéis otra fuente de obligaciones según los principios de la pura razón filosófica". Tomo II, pág. 160.
Por todo esto, el artículo dice que la causa de las obligaciones debe derivarse de uno de los hechos o de uno de los actos lícitos o ilícitos de las relaciones de familia o de las relaciones civiles.
Marcadé, en su comentario al Cód. Francés, artículo 1108, demuestra también que las causas de las obligaciones son diferentes de las causas de los contratos.
Art. 500.- Aunque la causa no esté expresada en la obligación, se presume que existe, mientras el deudor no pruebe lo contrario.
Nota al 500: Cód. Francés, artículo 1132; Sardo, 1223; de Nápoles, 1086; Holandés, 1372 (*).
Comentario:
(*) Goyena cita el artículo 833, de Vaud, el artículo 1892, de Luisiana;
La L. 7, Tít. 13, Part.
6ª,
aunque se trataría de L. 7, Tít. 13, Part.
3ª
(según Febrero);
O sea, según el Digesto Teórico
Practico,
de L. 6,Tít. 14, Part.
3ª y L. 29, Tít. 14, Part.
5ª;
L. 25, § 4,Tít.3, Lib. 22, Digesto;
L. 1, Tít. 1, Lib. 10, Nov. Rec.;
Conde de la Cañada, en Instituciones Prácticas, 1ra. pte, Cap. 3, n° 11; José Febrero, Del Juicio Ejecutivo, n° 213.
Art. 501.- La obligación será válida aunque la causa expresada en ella sea falsa, si se funda en otra causa verdadera.
Nota al 501: Cód. de Luisiana, artículo 1891; Holandés, 1372.
Art. 502.- La obligación fundada en una causa ilícita, es de ningún efecto. La causa es ilícita, cuando es contraria a las leyes o al orden público.
Nota al 502: Cód. Francés, arts. 1131 y 1133; Napolitano, 1085 y 1087; Sardo, 1221 y 1224; Holandés, 1371 y 1373.
Art. 503.- Las obligaciones no producen efecto sino entre acreedor y deudor, y sus sucesores a quien se transmitiesen.
Nota: L. 11, Tít. 14, Part. 3ª y L. 3, Tít. 11, Lib. 1, Fuero Real; Cód. Francés, artículo 1165; Sardo 1256; Napolitano 1118; Holandés, 1376.
Comentario: (*) Vélez Sarsfield, cita, siguiendo a Goyena, al Sardo, 1192, pero corresponde el artículo 1256 del mismo.
Art. 504.- Si en la obligación se hubiere estipulado alguna ventaja en favor de un tercero, éste podrá exigir el cumplimiento de la obligación, si la hubiese aceptado y hécholo saber al obligado antes de ser revocada.
Nota al 504: Proyecto de Goyena, artículo 977. C. Francés, artículo 1121; Sardo 1208; Holandés 1353; Napolitano 1075.
Comentario: Goyena cita la L. 27, § 4, Tít. 14, Lib. 2, Digesto; Tít. 60, Lib. 7, Cód. Romano; § 18, Tít. 20, Lib. 3, Instituta; L. 35, De Reg. Juris (se remite a la L. 6, Tít. 10, Lib. 3, del Fuero Real); Pothier, Discusión N° 73 y Discusión n° 61, (véase Pothier, Pandectas), § 3, Tít. 20, Lib. 3, Instituta.
Jurisprudencia Nacional: "La adquisición de un inmueble para y con dinero de una sociedad que debía aceptar luego la compra constituye una operación susceptible de ser encuadrada dentro de la figura jurídica de la estipulación en favor de terceros (artículo 504, 1161 y 1162). El instituto jurídico se traduce en el dominio del bien con modalidades especiales, asimilables a las que componen el dominio fiduciario, artículo 2662 del Cód. Civ., existiendo una situación provisoria, o de inestabilidad en la titularidad dominial, que ha de quedar resuelta al aceptarse la adquisición, o revocarse el beneficio, por cuanto la adquisición se realiza con miras a transmitir la propiedad a un tercero, con sujeción al cumplimiento de una condición resolutoria, que en el caso, será la aceptación del beneficio por el fideicomisario. Hasta entonces, el fideicomisario solo tiene un derecho a adquirir el dominio, y no el dominio mismo, que permanece del comprador. Los acreedores del comprador, por consiguiente, se encuentran habilitados para actuar sobre el bien hasta tanto el beneficiario acepte la operación".
"Cuando el comprador adquiere un bien inmueble para un tercero, se trata de una estipulación en favor de terceros, y no una gestión de negocios. Se configura así una adquisición contractual de un inmueble, por cuenta y orden de un tercero -beneficiario-, que deberá aceptar la adquisición mediante escritura pública, conservando el comprador el derecho de revocar el beneficio, mientras este no hubiese sido aceptado. La aceptación del beneficiario es un acto unilateral, que surte efectos desde su declaración, sin necesidad del consentimiento del comprador. Producida la misma, recién el beneficio se torna irrevocable".
"La estipulación en favor de un tercero permite a dos personas que celebran un contrato hacer nacer un derecho en beneficio de otra, siendo la presencia de ésta, ajena al contrato, uno de los requisitos para su existencia. Ello excluye los casos de gestión de negocios y el beneficio circunstancial que pudiere resultar en favor de una tercera persona".
Art. 505.- Los efectos de las obligaciones respecto del acreedor son:
1° Darle derecho para emplear los medios legales, a fin de que el deudor le procure aquello a que se ha obligado;
2° Para hacérselo procurar por otro a costa del deudor;
3° Para obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes.
Respecto del deudor, el cumplimiento exacto de la obligación le confiere el derecho de obtener la liberación correspondiente, o el derecho de repeler las acciones del acreedor, si la obligación se hallase extinguida o modificada por una causa legal.
Si el incumplimiento de la obligación,
cualquiera sea su fuente, derívase el litigio
judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos
los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a
la primera o única instancia, no excederá del veinticinco por ciento (25 %) del
monto de la sentencia, laudo, transacción o
instrumento que ponga fin al diferendo. Si las
regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos
locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades superan
dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los
beneficiarios. Para el cómputo del
porcentaje indicado, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los
profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte
condenada en costas. (Ley N° 24.432). (*)
Comentario:
(*) Véase, en lo nacional, la Ley N° 27.423 y, en lo Provincial,
la Ley N° 6.716.
Nota al 505: El Cód. Francés y los otros de Europa que regularmente lo siguen confunden los efectos de los contratos con los efectos de las obligaciones. ¿Cómo tomar como una misma cosa, dice Marcadé, el efecto del contrato y el efecto de la obligación, cuando las más veces la obligación no es sino un efecto del contrato? Los efectos de los contratos son: 1º, crear obligaciones; 2º, extinguir obligaciones; 3º, transferir la propiedad o sus desmembraciones. En cuanto a los efectos de la obligación, consisten únicamente en permitir al acreedor emplear los medios legales: 1º, para forzar a su deudor a procurarle aquello a que se obligó; 2º, para hacérselo procurar por otros, si hay lugar, a costa del deudor; 3º, como último recurso, para obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. Si la obligación no produce jamás los efectos del contrato, el contrato recíprocamente no produce los efectos de la obligación. Sin duda que si el contrato puede producir la obligación misma, puede arrastrar consigo los efectos de esta obligación, mas los llevará como consecuencias ulteriores, y no como engendrados por él. En segundo lugar, el contrato puede bien existir sin hacer nacer obligación alguna, produciendo sólo extinción de obligaciones, o transmisión de derechos reales. En fin, si la obligación y por consecuencia sus efectos, pueden resultar del contrato, pueden también nacer de otro origen; por lo tanto, los efectos del contrato no pueden ser jamás producidos por la obligación. Y en cuanto a los efectos de la obligación, existen regularmente sin que haya ningún contrato. Recíprocamente un contrato podrá existir sin que haya ningún efecto de obligación; y en el caso mismo que ese efecto descendiese de una obligación, no sería sino como una consecuencia remota: no sería como efecto del contrato, sino como efecto de la obligación, la cual habría siempre producido ese efecto, aunque no tuviera el contrato por principio" Tomo IV nº 460 y 461.
Art. 506.- El deudor, es responsable al acreedor de los daños e intereses que a éste resultaren por dolo suyo en el cumplimiento de la obligación.
Art. 507.- El dolo del deudor no podrá ser dispensado al contraerse la obligación.
Nota al 507: L. 29, Tít. 11, Part. 5ª. LL. 27, § 4,Tít. 14, Lib. 2, Digesto y 5, Tít. 7, Lib. 26, Digesto.
Art. 508.- El deudor es igualmente responsable por los daños e intereses que su morosidad causare al acreedor en el cumplimiento de la obligación.
Nota al 508: Sobre la mora pueden verse las L.L. 4, Tít. 3; 28, Tít. 8; 8, Tít. 14, y 35, Tít. 11, Part. 5ª. Véase Maynz que trata perfectamente la materia.
Art. 509.- En las obligaciones a plazo, la mora se produce por su solo vencimiento.
Si el plazo no estuviere expresamente convenido, pero resultare tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, el acreedor deberá interpelar al deudor para constituirlo en mora.
Si no hubiere plazo, el juez a pedido de parte, lo fijará en procedimiento sumario, a menos que el acreedor opte por acumular las acciones de fijación de plazo y de cumplimiento, en cuyo caso el deudor quedará constituido en mora en la fecha indicada por la sentencia para el cumplimiento de la obligación.
Para eximirse de las responsabilidades derivadas de la mora, el deudor debe probar que no le es imputable. (Ley N° 17.711).
Nota al 509: Por las Leyes de Partida y por las del Cód. Romano, el simple vencimiento de la obligación a plazo equivalía a una interpelación, y ésta no era, por lo tanto, necesaria. L.L. 18 y 35, Tít. 11, Part. 5ª. En las otras obligaciones era necesaria la interpelación. L.L. citadas de Partida, y 32, Tít. 1, Lib. 22, Digesto. El artículo es conforme al 1139 del Cód. Francés, 1272 de Holanda, 1093 de Nápoles y 1230 del Sardo. Estando ausente el deudor, la protesta, dice la Ley Romana, hace las veces de petición. L. 23, Tít. 1, Lib. 22, Digesto, y L. 2, Tít. 2, Lib. 22, Digesto. Respecto al inc. 2º, véase la L. 44, Tít. 14, Part. 5ª. Sobre todo este artículo trata extensamente Maynz en el § 264. El deudor se encuentra también constituido en mora, sin necesidad de interpelación: 1º cuando la interpelación se hace imposible por una causa que proviene de su persona; 2º cuando la obligación resulta de una posesión de mala fe o de un delito; 3º todas las veces que el retardo en la ejecución equivale a una inejecución completa. Véase a Maynz, Derecho Romano, § 264. El acreedor se encuentra en mora toda vez que por un hecho o por una omisión culpable, hace imposible o impide la ejecución de la obligación, por ejemplo, rehusando aceptar la prestación debida en el lugar y tiempo oportuno, no encontrándose en el lugar convenido para la ejecución o rehusando concurrir a los actos indispensables para la ejecución, como la medida o el peso de los objetos que se deban entregar, o la liquidación de un crédito no líquido. (La cita anterior). (*)
Comentario: (*) Léase: "La Mora del Deudor (La Reforma al art. 509)", por el Prof. Pedro Néstor Cazeaux.
Jurisprudencia: "En la interpretación del artículo 509 las consideraciones basadas en el interrogante de cómo el deudor va a pagar si el acreedor no concurre, surge de no tomar en cuenta que iguales dificultades aparecen cuando la obligación debe pagarse en el domicilio del acreedor, porque también en este caso es necesario que el accipiens esté presente allí a la espera del deudor. Y ello, por cuanto en las obligaciones que implican una datio, es siempre necesaria la colaboración del acreedor ya que el deudor debe "entregar" y él "recibir" y sólo mediante la actuación conjunta de los sujetos de la obligación puede verificarse su cumplimiento".
Art. 510.- En las obligaciones recíprocas, el uno de los obligados no incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir la obligación que le es respectiva.
Nota al 510: Cód. de Luisiana, artículo 1907. L. 31 al fin, Tít. 1, Lib. 12, Digesto, y véase L.L. 27, Tít. 5 y 35,Tít.11,Part. 5ª.
Art. 511.- El deudor de la obligación es también responsable de los daños e intereses, cuando por culpa propia ha dejado de cumplirla.
Art. 512.- La culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación consiste en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar.
Nota al 512: Las Leyes de Partida reconocen tres especies de culpa: grave, leve y levísima. El Derecho Romano no reconocía en verdad sino las dos primeras.
Si la utilidad es común para deudor y acreedor, se presta sólo la culpa leve. Si únicamente es de utilidad para el acreedor, el deudor presta sólo la culpa grave: pero si es de utilidad sólo para el deudor, éste presta la culpa levísima, El tipo que se tomaba para la graduación de las culpas era el buen padre de familia, más o menos diligente. Pero toda esta ciencia de nada servía al juez, cuando en los juicios era preciso aplicarla. Barbeyrac (*) lo había juzgado así y decía: "La división de las culpas es más ingeniosa que útil en la práctica, pues a pesar de ella, será necesario a cada culpa que ocurra, poner en claro si la obligación del deudor es más o menos estricta, cuál es el interés de las partes, cuál ha sido su intención al obligarse, cuáles son las circunstancias todas del caso. Cuando la conciencia del juez se halle convenientemente ilustrada sobre estos puntos, no son necesarias reglas generales para fallar conforme a la equidad. La teoría de la división de las culpas en diferentes clases, sin poder determinarlas, sólo sirve para derramar una luz falsa y dar pábulo a innumerables contestaciones".
Zachariæ dice también, respecto a esto: "La teoría de la prestación de las culpas es una de las más obscuras en el derecho. Pero en fin, ya no es permitido hablar ni de culpa lata, ni de culpa leve, ni de culpa levísima sin duda hay culpas que, por razón de las circunstancias, de la posición de las partes respecto a las obligaciones especiales que les son impuestas, son más graves o más ligeras las unas que las otras: pero no hay culpa que considerado en sí misma, prescindiendo de las circunstancias del lugar, del tiempo y de las personas, pueda ser clasificada por datos abstractos y por una medida invariable y absoluta como culpa grave, como culpa leve o como culpa levísima. La gravedad de la culpa, su existencia misma, está siempre en razón de su imputabilidad, es decir, con las circunstancias en las cuales ella se produce. Donde no hay un hecho legalmente imputable, no hay culpa. Si se conviniese clasificar las culpas en abstracto, comparándolas con tipos imaginarios e igualmente abstractos, sería siempre preciso en la práctica considerarlas en concreto: tener siempre presente el hecho, y seguir los datos positivos del negocio, para determinar la existencia e importancia de las culpas, y entonces las divisiones teóricas son más bien un embarazo que un socorro. La sola ley es la conciencia del juez. Si por una reminiscencia de las antiguas denominaciones, el Código toma por término de comparación de los cuidados que incumben al que está obligado a velar por la conservación de una cosa, la diligencia de un buen padre de familia no ha querido sin duda mantener una clasificación que excluyen los términos de los artículos, cuando no hay un tipo conocido, al cual pueda referirse y medir por él las diligencias que hace un buen padre de familia. El artículo del Código se reduce a un consejo a los jueces de no tener ni demasiado rigor, ni demasiada indulgencia, y de no exigir del deudor de la obligación sino los cuidados razonables, debidos a la cosa que está encarnado de conservar, sea en razón de la naturaleza de ella, sea en razón de las circunstancias variables al infinito, que modifican su obligación para hacerla más o menos estrictas.
Comentario:
(*) Vélez Sársfield, copia mal a Goyena ya que éste, cita a Barbeyrac (traductor de Pufendorf) como autor del
párrafo: "debemos cuidar la cosa ajena como cuidamos
las nuestras propias",
mientras que Vélez lo toma por autor del Discurso 59, que le pertenece a Bigot de Préameneu, tal como figura en el
mismo y, de aquí, Vélez, extrae la frase que transcribe en esta nota.
Véase a Toullier, en tomo IX, n° 279, como a Troplong, en vente n° 363.
Art. 513.- El deudor no será responsable de los daños e intereses que se originen al acreedor por falta de cumplimiento de la obligación, cuando éstos resultaren de caso fortuito o fuerza mayor, a no ser que el deudor hubiera tomado a su cargo las consecuencias del caso fortuito, o éste hubiere ocurrido por su culpa, o hubiese ya sido aquél constituido en mora, que no fuese motivada por caso fortuito, o fuerza mayor.
Nota al 513: L. 3, Título 2 y L. 8, Título 8, Partida 5ª al fin. Sobre la mora, L. 1,Tít. 3, § 35, Lib. 16, Digesto y L. 6,Tít. 24, Lib. 4, Cód. Romano; Cód. Francés, artículo 1148; de Nápoles, 1102; Sardo, 1238. (*)
Comentario: (*) Goyena sita, además, el 849 de Vaud, el 1281 Holandés, y el art. 1927, n° 2, de Luisiana„ que tiene una adición notable.
Por el artículo 513, sólo responde el deudor, en el supuesto que "hubiera tomado a su cargo las consecuencias del caso fortuito", sobre los daños e intereses, que le pudieren provocar al acreedor, su "falta de cumplimiento de la obligación" y nada más. O sea, en una locación, responderá, por la falta de pago de los alquileres y sus consecuencias, ante un hecho fortuito, pero nunca, por el inmueble locado en sí, destruído total o parcialmente, por el caso fortuito o fuerza mayor. Ello, por el principio romano de "res perit et crescit domino".
Vélez, en nota al artículo siguiente, dice que
éste habla de "casos fortuitos previstos",
por ende, también el 513, y que el artículo 1773 del Cód. Francés dice: "La
estipulación que pone los casos fortuitos a cargo del tomador de una hacienda
de labranza no se entiende sino de los casos fortuitos ordinarios, tales como
el granizo, el hielo, la seca, y no de los casos fortuitos extraordinarios,
como la guerra, !os terremotos, etc",
distinguiéndose el caso
fortuito "previsto"
del "imprevisto"; por lo que, sólo en forma expresa y precisa, podría
asumirse este último riesgo, por parte del deudor.
Léase “La teoría del incumplimiento. El cumplimiento por
equivalente en nuestro Derecho” por Ernesto Clemente Wayar.
Art. 514.- caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse.
Nota al 514: L. 11,Tít. 33, Part. 7ª y L 6,Tít. 24, Lib. 4, Cód. Romano. Los casos fortuitos o de fuerza mayor son producidos por dos grandes causas: por la naturaleza o por el hecho del hombre. Los casos fortuitos naturales son, por ejemplo, la impetuosidad de un río que sale de su lecho (L. 15, Digesto, Loc. Cond.), los terremotos o temblores de la tierra (íd.), las tempestades (L. 2 Digesto, si quis caution.), el incendio (Digesto, De incendio), las pestes, etc. (L. 5, § 4, Digesto, Commodati). Mas los accidentes de la naturaleza no constituyen casos fortuitos, dice Troplong, mientras que por su intensidad no salgan del orden común. No se debe por lo tanto calificar como caso fortuito o de fuerza mayor los acontecimientos que son resultado del curso ordinario y regular de la naturaleza, como la lluvia, el viento, la creciente ordinaria de los ríos, etc, pues las estaciones tienen su orden y su desarreglo, que producen accidentes y perturbaciones que también traen daños imprevistos.
Los casos de fuerza mayor son hechos del hombre, como la guerra, el hecho del soberano, o fuerza de príncipe, como dicen los libros de Europa. Se entienden por hechos del soberano los actos emanados de su autoridad, tendiendo a disminuir los derechos de los ciudadanos. Las violencias y las vías de hecho de los particulares no se cuentan en el número de los casos de fuerza mayor, porque son delitos, y como tales están sujetos a otros principios que obligan a la reparación del mal que causen.
El artículo habla de casos fortuitos previstos, pero no debe entenderse de una previsión precisa, conociendo el lugar, el día y la hora en que el hecho sucederá, sino de la eventualidad de tal hecho que puede, por ejemplo, destruir los frutos de la tierra, sin que sea posible saber dónde y cuándo sucederá. Por esto, el artículo 1773 del Código Francés dice: "La estipulación que pone los casos fortuitos a cargo del tomador de una hacienda de labranza no se entiende sino de los casos fortuitos ordinarios, tales como el granizo, el hielo, la seca, y no de los casos fortuitos extraordinarios, como la guerra, !os terremotos, etc.
Art. 515.- Las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan derecho a exigir su cumplimiento. Naturales son las que, fundadas sólo en el derecho natural y en la equidad, no confieren acción para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas por el deudor, autorizan para retener lo que se ha dado por razón de ellas, tales son:
1ro..- Derogado por la Ley N° 17.711;
2do..- Las obligaciones que principian por ser obligaciones civiles, y que se hallan extinguidas por la prescripción;
3ro..- Las que proceden de actos jurídicos, a los cuales faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles; como es la obligación de pagar un legado dejado en un testamento, al cual faltan formas sustanciales;
4to..- Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba, o cuando el pleito se ha perdido, por error o malicia del juez;
5to..- Las que se derivan de una convención que reúne las condiciones generales requeridas en materia de contratos; pero a las cuales la ley, por razones de utilidad social, les ha denegado toda acción; tales son las deudas de juego.
Nota al 515: La obligación civil se funda en el derecho civil, y es garantizada por las instituciones civiles, por medio de una acción. Hay obligación natural siempre que, según el jus gentium, existe un vínculo obligatorio entre dos personas. Este vínculo, a menos que la ley civil no lo repruebe expresamente, merece ser respetado, pero mientras no esté positivamente sancionado, no hay derecho para invocar la intervención de los tribunales, institución esencialmente civil, es decir, que el acreedor no tiene acción para demandar la ejecución de su derecho. Por el Derecho Romano no había obligación civil ni pretoriana por los actos que originaban la obligación natural. Sólo ocasionalmente y por medios menos directos podía el acreedor hacerla valer. Sin embargo, ella producía muchas veces los efectos de las obligaciones ordinarias. La obligación natural servía de causa de compensación como una obligación ordinaria (L. 16, Digesto, De compent.). Excluía la repetición de lo que se había pagado aún por error (L. 10, Digesto, De Oblig. et Act., y L. 19, Digesto, De condit. indebit.), podía ser asegurada con fiador (Instituta § 1, De fidejussoribus), o con prendas o hipotecas (L. 5, Digesto, De Pigner.), o ser transformada por la novación en una convención obligatoria (L. 1, Digesto, De Novationibus). Nuestras leyes les dan casi los mismos efectos (L. 5,Tít. 12, Part. 5ª, LL, 4, 6, 18 y 31, Título l4, Partida 5ª. Por estos efectos de tanta importancia Duranton juzga que hay un blanco en los códigos en materia de obligaciones, y que corresponde a los jueces en virtud del artículo 4° del Cód. Francés, decidir cuándo hay una obligación natural.
Zachariæ procura en el § 525, nota 10, establecer reglas generales sobre las obligaciones naturales. Es preciso, dice, para determinar los efectos de las obligaciones naturales, hacer varias clases de ellas. Hay obligaciones naturales que la ley reprueba por el desfavor inherente a su causa, como las deudas de juego. Esas obligaciones no dan ninguna acción; pero lo que ha sido voluntariamente pagado no puede repetirse. Sin embargo, como la ley reprueba la causa de la obligación, y por consiguiente la obligación misma, reprueba también las obligaciones accesorias que tengan por objeto asegurar la ejecución. Hay obligaciones que la ley rehúsa reconocer por razón de la inhabilidad de las personas que las han contraído, por ejemplo las obligaciones de una mujer casada. Estas obligaciones, sin embargo, pueden ser afianzadas, porque no reprobando la ley el principio de la obligación, no puede reprobar las obligaciones accesorias que tienen por causa la primera obligación. Pero otra cosa sería, y entonces la obligación no podría ser afianzada, si en vez de ser contraída por una persona inhábil bajo el punto de vista de la ley civil, lo fuese por una persona naturalmente incapaz, como, por ejemplo, un demente o un menor que no hubiese llegado a la edad del discernimiento. En estos casos, ni aún habría obligación natural. Pero si el fiador hubiese conocido la nulidad de la obligación, su fianza sería firme, menos como fianza que como obligación de pagar la cosa que hacía el objeto de la obligación nula. Hay obligaciones que han comenzado por ser obligaciones civiles, pero que contra el ejercicio de ellas el deudor ha adquirido una sentencia que las declara inadmisibles, porque están prescriptas, o por otras causas legales: sin embargo, pueden ser afianzadas y no dan lugar a repetir lo pagado.
Hay obligaciones civiles que continúan existiendo como obligaciones naturales, cuando por razones políticas o de orden público, la ley les retira la acción que les había concedido. Resulta de todo lo que precede, que el efecto común de todas las obligaciones naturales, es impedir la repetición de lo pagado, porque se ha pagado lo que verdaderamente era debido; pero que ellas no pueden ser compensadas, porque la compensación es de derecho, y el pago es de hecho. Resulta igualmente que las obligaciones naturales pueden ser garantizadas y afianzadas, cuando no son reprobadas por la ley civil, o contrarias al orden público; pero resulta también que la obligación natural, si puede servir de base a una excepción, no puede por sí misma dar ninguna acción al acreedor, porque la acción que consiste en poner en ejercicio los medios coercitivos establecidos por la ley civil, no puede ser llamada al socorro de una obligación que la ley civil desconoce o reprueba. Una distinción análoga sirve para resolver la cuestión de si las obligaciones naturales pueden, por medio de una novación, venir a ser obligaciones civiles. Ellas no son susceptibles de novación, cuando son contrarias a la ley o al orden público, sino únicamente en el caso que puedan valer como obligaciones civiles. En cuanto a la cuestión de si las obligaciones naturales pueden, por medio de la ratificación o confirmación, llegar a ser obligaciones civiles, creemos que la afirmativa es cierta para aquellas que han llegado a ser naturales, después de haber sido primitivamente civiles, como las obligaciones prescriptas, o que son naturales por razón de la inhabilidad del obligado. Mas las obligaciones naturales reprobadas por el derecho civil, como las de juego, no son susceptibles de ratificación. Nos inclinamos a creer que lo mismo sería respecto a las obligaciones que, primitivamente civiles, han venido a ser naturales en virtud de las leyes políticas o de orden público, que han abrogado los contratos de donde ellas resultaban.
Creyendo justa la observación de Duranton sobre la falta que advierte en los Códigos respecto de las obligaciones naturales, tomamos lo dispuesto en el Cód. de Chile (artículos 1470/72), el único en que se encuentran leyes positivas sobre dichas obligaciones.
Art. 516.- El efecto de las obligaciones naturales es que no puede reclamarse lo pagado, cuando el pago de ellas se ha hecho voluntariamente por el que tenía capacidad legal para hacerlo.
Nota al 516: En esta expresión lo pagado, se comprende no sólo la dación o entrega de cualesquiera cosas, sino también la ejecución de un hecho, la fianza de una obligación, la suscripción de un documento, el abandono de un derecho, el perdón de una deuda. La significación jurídica de pago en toda su extensión se advertirá en el título que trata de los pagos. Véase Ortolan, tomo II, pág. 417.
La razón de la disposición del artículo es que el pago voluntario de una obligación natural es la renuncia de hecho de las excepciones sin las cuales la acción del acreedor hubiese sido admitida. El pago pues, en tal caso, no es una mera liberalidad, ni el deudor de la obligación natural puede a su turno decir que ha pagado lo que no debía. La obligación natural puede así ser causa legítima de obligaciones civiles que se contraigan por la novación de ella, y ser considerada como obligación principal para admitir, en seguridad de su cumplimiento, obligaciones accesorias.
Vidal, publicó en 1845, en la Revista de Legislación de Foelix, una larga y excelente disertación sobre las obligaciones naturales, la cual obtuvo el primer premio en el concurso abierto por la Facultad de Derecho de París, en 1840. En ella hace ver las razones filosóficas que tuvieron las Leyes Romanas para dar a las obligaciones naturales los efectos que hemos indicado. Marcadé también las expone por otro género de consideraciones sobre el artículo 1235, n° 669, y en el n° 751, sobre el artículo 1272.
Art. 517.- La ejecución parcial de una obligación natural no le da el carácter de obligación civil; tampoco el acreedor puede reclamar el pago de lo restante de la obligación.
Nota al 517: El pago parcial de una obligación natural es una mera confirmación de ella, que nada de nuevo le agrega. En las obligaciones civiles, el pago parcial no importa sino el reconocimiento de la deuda, y lo mismo debe ser en el pago parcial de una obligación natural, el cual será el reconocimiento de esa obligación. Véase a Aubry y Rau, § 297.
Art. 518.- Las fianzas, hipotecas, prendas y cláusulas penales, constituidas por terceros para seguridad de las obligaciones naturales, son válidas, pudiendo pedirse el cumplimiento de estas obligaciones accesorias.
Nota al 515, 516 y 518: Sobre estos tres artículos véase el Cód. de Chile, arts. 1470 y 1472 (*). Savigny, en su obra Derecho de las Obligaciones, §§ 11 y 12 (pág. 94), trata extensamente de las obligaciones naturales y de sus efectos jurídicos, y en el § 14 (pag. 140), de cuando exista la obligación natural para poder servir de excepción o causar los efectos designados en los arts. 516 y 518.
Comentario:
(*) Luis Claro Solar cita, como fuentes, L. 5,Tít. 12, Part.
5ª y glosa 2, de Gregorio López, castellano n°
32;
La L. 5, Tít. 1, Lib. 20, y L. 14, § 1, Lib. 20, del Digesto. Afirma el autor chileno, refiriéndose a la Partida 5ª, "Daba a entender la ley en estas últimas palabras que el fiador de una obligación natural quedaba civilmente obligado; y podía hacérsele efectiva la fianza, aunque el acreedor no pudiera exigir el cumplimiento de la obligación del deudor principal que solo se había obligado naturalmente".
Tal es la interpretación, que se le debe dar al art. 518 del Cód. Civil, atenta las citas de Vélez, y no la de que el plazo de la hipoteca, por ejemplo, pueda mantener la exigibilidad de una garantía, cuando la obligación principal, como el mutuo, se ha convertido en obligación natural, por prescripción.
Conversión. La obligación natural puede ser transformada por acuerdo entre las partes en una obligación civil, por cuanto en tal situación se cumple con el requisito establecido por el artículo 802, respecto de la novación, ya que hay una obligación (la natural) que le sirve de causa.
Técnicamente es más exacto hablar de conversión que de novación, por cuanto no se trata de dos obligaciones civiles, sino de una transformación. Vélez Sarsfield, en las notas a los artículos 516 y 802, se refiere a la novación y no a la conversión.
Reconocimiento. El reconocimiento de la obligación natural no altera su carácter, pues solo se convierte en civil cuando existe animus novandi (artículo 812), o sea cuando la existencia de ambas obligaciones es incompatible.
Garantías. El artículo 518 contempla la posibilidad de garantizar el cumplimiento de una obligación natural por medio de terceros, quienes, a tal efecto, pueden constituir hipotecas, prendas, fianzas o cláusulas penales a favor del acreedor.
La obligación debe ser natural al tiempo de ser constituidas tales garantías, por cuanto si tiene ritualidad civil que luego resulta extinguida (por ejemplo, si prescribe), subsistiendo sólo como natural, los accesorios siguen la suerte de la principal y, por lo tanto, son inexigibles por el acreedor.
La obligación natural también puede ser garantizada por el propio deudor, como tiene derecho de pagar la deuda, también debe estar en situación de garantizar su cumplimiento, lo cual le es menos gravoso. Pero, por el hecho de garantizar su obligación natural, el deudor no la convierte en civil.
Compensación. Las obligaciones naturales no son compensatorias con las civiles por no reunir los requisitos de subsistencia civil y exigibilidad (artículo 819). Pero si bien no puede haber compensación legal, son viables la compensación voluntarias y la facultativa".
"Las obligaciones prescriptas son obligaciones naturales recién después de la sentencia que hace lugar a la prescripción, y ello porque la citada defensa no produce efectos de pleno derecho sino que es necesario que sea opuesta por el obligado. Mientras no se interponga la excepción de prescripción la obligación es civil y el acreedor tiene acción para demandar su cumplimiento. En consecuencia la obligación sólo puede ser considerada natural después de que la prescripción sea opuesta y admitida por sentencia".
"Solo se podría llegar a autorizar el rechazo in límine de la demanda -o contrademanda- por improponibilidad objetiva de la cosa demandada, cuando de los propios términos de la misma surja claramente su evidente infundabilidad, por ejemplo, si se demandara por esponsales de futuro, por deudas de juego prohibido, o casos similares, donde está cuestionada la moral y las buenas costumbres (Arts. 953, 2055 y 2069 del Código Civil)".
"Las obligaciones naturales pueden ser objeto de reconocimiento, pero son admitidas como tales, es decir el acto de reconocimiento por sí solo no transforma una obligación natural en civil, esto solo sucede si el deudor renunciara expresamente a la prescripción ganada, o realizara una novación (conversión) por la cual haga renacer una obligación civil a una obligación ya prescripta"
"Las erogaciones que en concepto de gastos de atención de salud y última enfermedad efectuara el concubinario en favor de la concubina son obligaciones de carácter natural, es decir, obligaciones civiles imperfectas, privadas de coercibilidad y con fundamento sólo en la equidad y el derecho natural; por lo tanto, una vez satisfechas, impiden accionar la repetición de lo por ellas erogado". .
Art. 519.- Se llaman daños e intereses el valor de la pérdida que haya sufrido, y el de la utilidad que haya dejado de percibir el acreedor de la obligación, por la inejecución de ésta a debido tiempo.
Nota al 519: La Ley Romana dice: "id est, quantum mihi abest, quantumque lucrari potui” (*).
Comentario: (*) Se trata de la L. 46,Tít. 8, Lib. 13, Digesto.
Art. 520.- En el resarcimiento de los daños e intereses sólo se comprenderán los que fueren consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento de la obligación.
Nota: Proyecto de Goyena, artículo
1016. Cód.
Francés, artículo 1150. Los
otros Códigos copian al Francés. El principio de donde
se origina la obligación de pagar daños e intereses lo deriva Marcadé de la misma obligación que debía cumplirse. La
deuda, dice, de daños e intereses es el resultado de una convención accesoria,
tácitamente estipulada entre el deudor y el acreedor. Esta intención probable
de las partes no ha podido comprender sino el perjuicio que podía preverse o
que fuese consecuencia inmediata de la inejecución de la obligación, según el
curso ordinario de las cosas (sobre el artículo
1551 del Cód.
Francés).
Comentario:
Lea “La teoría del incumplimiento. El cumplimiento por
equivalente en nuestro Derecho”, por E. C. Wayar.
Art. 521.- Si la inejecución de la obligación fuese maliciosa los daños e intereses comprenderán también las consecuencias mediatas. (Según Ley N° 17.711) En este caso, no será aplicable el tope porcentual previsto en el último párrafo del artículo 505. (Ley 24.432).
522.- En los casos de indemnización por responsabilidad contractual el juez podrá condenar al responsable a la reparación del agravio moral que hubiere causado, de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso. (Según Ley N° 17.711).
Nota al 522: Cód. Francés, artículo 1152; Holanda, 1258; Napolitano, 1104. El Sardo añade en el artículo 1243: "A menos de resultar con evidencia que la suma es enormemente excesiva, en cuyo caso podrá el Juez reducirla". El Cód. de Luisiana, artículo 1928, dice: "Sin embargo, si la obligación ha sido ejecutada en parte, los daños sobre los que hayan convenido los contrayentes, pueden ser reducidos a la pérdida o privación de la ganancia realmente sufrida. En contra del artículo, Goyena: artículo 1018 (*), y Pothier, De las Obligaciones, parte 1, cap. 2, art. 3°. La Ley Romana decía a este respecto: “Non illud inspicitur, quid intersit ejus, sed quae sit quantitas in conditione stipulationis" (**).
Comentario:
(*) Goyena cita el artículo 853, de Vaud; L. 23,Tít. 17, Lib. 50, De Reg. Juris;
L. 38, § 17,Tit.1, Lib. 43, Digesto; cita Goyena
el Discurso 59;
(**) El texto, responde a las Instituta, Lib. 3,Tít. 19, § 19, in fine.
Art. 523.- De dos obligaciones, una es principal y la otra accesoria, cuando la una es la razón de la existencia de la otra.
Nota al 523: Zachariæ, § 538.
Art. 524.- Las obligaciones son principales o accesorias con relación a su objeto, o con relación a las personas obligadas. Las obligaciones son accesorias respecto del objeto de ellas, cuando son contraídas para asegurar el cumplimiento de una obligación principal; como son las cláusulas penales. Las obligaciones son accesorias a las personas obligadas, cuando éstas las contrajeren como garantes o fiadores. Accesorios de la obligación vienen a ser, no sólo todas las obligaciones accesorias, sino también los derechos accesorios del acreedor, como la prenda o hipoteca.
Nota al 524: Zachariæ, § 538; Toullier, tomo VI, n°s. 463 a 466.
Art. 525.- Extinguida la obligación principal, queda extinguida la obligación accesoria, pero la extinción de la obligación accesoria no envuelve la de la obligación principal.
Nota al 525: L. 56, Tít. 5, Part. 5ª; L. 43,Tít. 3, Lib. 46, Digesto.
Art. 526.- Si las cláusulas accesorias de una obligación fueren cláusulas imposibles, con apariencias de condiciones suspensivas, o fueren condiciones prohibidas, su nulidad hace de ningún valor la obligación principal.
Art. 527.- La obligación es pura cuando su cumplimiento no depende de condición alguna.
Nota al 527: "L. 12, Tít. 11, Part. 5ª. - Instituta, Lib. 3,Tít. 16, § 2. Por estas dos leyes la definición es muy lata, porque exigen para que la obligación sea pura que no tenga condición, ni tampoco plazo o día señalado".
Art. 528.- La obligación es condicional, cuando en ella se subordinare a un acontecimiento incierto y futuro que puede o no llegar, la adquisición de un derecho, o la resolución de un derecho ya adquirido.
Nota al 528: L. 8, Tít. 4, Part. 6ª; LL. 12 y 16,Tít. 11, Partida 5ª; Instituta, Líb. 3,Tít. 16, § 4; Zachariæ, § 534, nota 10; Código Francés, artículo 1168; de Nápoles, 1121; Sardo, 1260; Zachariæ, nota 2, dice: "Un acontecimiento, pasado aunque incierto para las partes, o futuro, pero que indudablemente ha de llegar, no es una condición. En el primer caso, la obligación debe considerarse pura y sin condición. En el segundo, la obligación es sólo a término, pero no condicional". Esta doctrina es conforme a la L. 12 citada de Partida, y a la L. 2,Tít. 4, Part. 6ª, y al § 6,Tít. 16, Lib. 3, Instituta.
Art. 529.- La condición que se refiere a un acontecimiento que sucederá ciertamente, no importa una verdadera condición, ni suspende la obligación, y sólo difiere la exigibilidad de ella.
Art. 530.- La condición de una cosa imposible, contraria a las buenas costumbres, o prohibida por las leyes, deja sin efecto la obligación.
Nota al 530: Aubry y Rau, § 308, explican muy bien las condiciones de que trata este artículo. Las condiciones imposibles tienen una íntima analogía con las prestaciones imposibles, y lo que diremos respecto de éstas, debe aplicarse a las condiciones. En el lenguaje del derecho se entiendo por buenas costumbres el cumplimiento de los deberes impuestos al hombre por las leyes divinas y humanas. La condición, por ejemplo, impuesta a un donatario de no emplear lo que se le daba en libertad a su padre preso por deudas, se tendría por no escrita, porque ella tendría el efecto inmediato de inducir a un hijo ingrato a faltar a sus primeros deberes. La ofensa a las buenas costumbres debe ser el efecto inmediato y cierto de la condición. Cuando la condición por sí misma no ofende las buenas costumbres, pero sin embargo da lugar a temer que sea ocasión de faltar a sus deberes, a quien se impone, tal condición no entra en la prohibición del artículo, porque la equidad enseña que las acciones de los hombres deben juzgarse por lo que les sea personal y no por el hecho de otro. El ultraje a las buenas costumbres debe encontrarse en la voluntad del que impone la condición, para que ella deje sin efecto el acto. Si su intención es pura e inocente, la condición vale, aunque sea un medio para que la otra parte falte a los deberes civiles o religiosos. Véase Chardon, Del dolo y fraude, tomo III, pág. 365.
Art. 531.- Son especialmente prohibidas las condiciones siguientes:
1° Habitar siempre un lugar determinado, o sujetar la elección de domicilio a la voluntad de un tercero;
2° Mudar o no mudar de religión;
3° Casarse con determinada persona, o con aprobación de un tercero, o en cierto lugar o en cierto tiempo, o no casarse;
4° Vivir célibe perpetua o temporalmente, o no casarse con persona determinada, o separarse personalmente o divorciarse vincularmente. (Inciso sustituido por Ley 23.515).
Nota al 531:
1ª Savigny, § 123 Origen y fin de las relaciones de derecho.
3ª LL. 64, § 1 y 72 § 4, Digesto, De Conditionibus; Chardon, en el tratado Del dolo y fraude, tomo III, desde la pág. 367, trata extensamente este punto.
4ª LL. 22, 63 y 72, Tít. 35, Digesto, De Conditionibus; Respecto al divorcio, L. 5, Cód. de Just.; Véase L. 3,Tít. 4, Part. 5ª, al fin; (*) L. 21,Tít. 11, Part. 5ª; L. 31,Tít. 7, Lib. 44, Digesto; Cód. Francés, artículo 1172; de Nápoles, 1125; Sardo, 1263; Holandés, 1290; Pothier, n° 204 (**). Marcadé sostiene que el artículo del Cód. Francés, igual al nuestro, no puede comprender la condición negativa o de no hacer, y que lo contrario sería un error. Aun cuando la condición de no hacer, dice, tuviese por objeto una cosa contraria a las leyes o a las costumbres, una cosa ilícita, no habría siempre nulidad, y sería las más veces, conforme a las reglas de derecho y a la sana moral mantener y reconocer válida la condición y la obligación de que depende. Cuando, por ejemplo, para fortificar vuestra voluntad y ayudaros a vencer una pasión que os arrastra a una mujer casada, hemos convenido que os cedería por precio determinado la casa de campo que deseabais comprarme, pero con la expresa condición: "Si dejáis de ir a casa de esa mujer", es claro que nada hemos hecho que no fuera muy honorable. La religión y la ley exigen cumplir ese contrato. Si al contrario, se trata de un malvado que sólo ha querido hacerse pagar su abstención de un acto malo, es evidente que mi promesa no es obligatoria (artículo 1172 del Cód. Francés).
El autor para dar visos de justicia al agente que se abstiene de una acción ilícita le da el carácter de agente pasivo meramente en el primer ejemplo, y en el segundo ya es activo; ya exige un precio por no cometer un crimen. Dándoles iguales funciones y poniéndolos en iguales casos, todo su argumento desaparece. Si traducimos el primer ejemplo diciendo, uno da los agentes ha exigido, por dejar el adulterio en que vive, que el otro le dé una suma de dinero y que bajo esa condición se abstendrá del crimen; ¿le daría el señor Marcadé el derecho de demandar judicialmente el cumplimiento de la obligación cuando se hubiese en verdad abstenido, y no se le diese el dinero prometido? No es preciso, por otra parte, que la causa ilícita de una obligación lo sea para ambos contratantes, basta que lo sea para el que pretende ser acreedor en la obligación".
Comentario:
(*) Esta ley, no trata el tema del artículo, tanto que Goyena no la cita;
Vélez Sársfield, ha querido apuntar a
la L. 3, Tít. 4, Part.
6ª, ya citada por él, en
nota al artículo 3608, Código Civil, aunque, ahora, se
refiera a su párrafo final, donde se dice:
(**) Vélez Sarsfield, cita a Pothier, n° 240, pero se trata de Pothier, n°
204
que, al igual que Pothier n° 42, trata de las
obligaciones y condiciones que afectarían las buenas costumbres.
Léase a Marcadé, que cita correctamente a Pothier.
Art. 532.- La condición de no hacer una cosa imposible no perjudica la validez de la obligación.
Nota al 532: L. 17, Tít. 11, Part. 5ª; Lib. 3,Tít. 20, § 11, Instituta; Cód. Francés, artículo 1173; Holandés, 1291; Sardo, 1264; de Nápoles, 1126.
Art. 533.- Las condiciones deben cumplirse de la manera en que las partes verosímilmente quisieron y entendieron que habían de cumplirse.
Nota al 533: L. 119, Digesto; De Verb. oblig.; Savigny, tomo III, pág. 141; Pothier, dice: Si el hecho puesto en la condición es un hecho personal, si es el hecho de una persona elegida para hacerlo, más bien que el hecho en sí mismo, si las partes han tenido esto en mira, en tal caso la condición para que la obligación exista, no puede ser cumplida sino por la persona misma (n° 207 de las Obligaciones).
Art. 534.- Las prestaciones que tienen por objeto el cumplimiento de una condición son siempre indivisibles.
Nota al 534: L. 13, Tít. 4, Part. 6ª.
Art. 535.- El cumplimiento de las condiciones es indivisible, aunque el objeto de la condición sea una cosa divisible. Cumplida en parte la condición, no hace nacer en parte la obligación.
Nota al 535: L. 56, Digesto, De condit. et demonst.; Pothier De obligat. n° 215.; Aubry y Rau, § 223.
Art. 536.- Cuando en la obligación se han puesto varias condiciones disyuntivamente, basta que una de ellas se cumpla para que la obligación quede perfecta; pero si las condiciones han sido puestas conjuntamente, si una sola deja de cumplirse, la obligación queda sin efecto.
Art. 537.- Las condiciones se juzgan cumplidas, cuando las partes a quienes su cumplimiento aprovecha, voluntariamente las renuncien; o cuando, dependiendo del acto voluntario de un tercero, éste se niegue al acto, o rehúse su consentimiento; o cuando hubiere dolo para impedir su cumplimiento por parte del interesado, a quien el cumplimiento no aprovecha.
Nota al 537: Sobre este artículo y los tres siguientes, véase a Savigny, Derecho Romano, tomo III, pág. 141 y sigts.. y, a Aubry y Rau, § 302.
Art. 538.- Se tendrá por cumplida la condición bajo la cual se haya obligado una persona, si ella impidiera voluntariamente su cumplimiento.
Nota al 538: Savigny, tomo III, págs. 144 y sigts. Las L.L. 14, Tít. 4, y 22, Tít. 9, Part. 6ª, confirman la resolución del artículo. Ellas hablan de las condiciones en las últimas voluntades; pero Gregorio López opina que debe ser lo mismo en las obligaciones (*). Código Francés, artículo 1178; Sardo, 1269; Holandés, 1296; Napolitano, 1131; L. 89, De Verb. oblig., y LL. 24 y 81,Tít. 1, Lib. 35, Digesto.
Comentario (*) Las notas 1 a 6, Ley 22, escritas en latín, equivalen a notas 115 a 120, de la ley, escritas en castellano.
Art. 539.- La obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento sucederá en un tiempo fijo, caduca, si pasa el término sin realizarse, o desde que sea indudable que la condición no puede cumplirse.
Nota al 539: L. 27,Tít. 1, Lib. 45, Digesto; Cód. Francés, artículo 1176; Holandés, 1294; de Nápoles, 1129; Sardo, 1267, sobre este artículo y los dos siguientes, Savigny, tomo III, pág. 141.
Art. 540.- La obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento no se verifique en un tiempo fijo, queda cumplida si pasa el tiempo sin verificarse.
Nota al 540: L. 27,Tít. 1, Lib. 45, Digesto; Cód. Francés, artículo 1177; Holandés, 1295; Sardo, 1268; Nápoles, 1130.
Art. 541.- Si no hubiere tiempo fijado, la condición deberá cumplirse en el tiempo que es verosímil que las partes entendieron que debía cumplirse. Se tendrá por cumplida cuando fuere indudable que el acontecimiento no sucederá.
Art. 542.- La obligación contraída bajo una condición que haga depender absolutamente la fuerza de ella de la voluntad del deudor, es de ningún efecto; pero si la condición hiciese depender la obligación de un hecho que puede o no puede ejecutar la persona obligada, la obligación es válida.
Nota al 542: Instituta § 4, De Verb. oblig.. Zachariæ, en el § 534, nota 16, dice, respecto a la resolución del artículo anterior, que es igual al artículo del Cód. Francés: Toda obligación es nula cuando ha sido contraída bajo una condición potestativa, de parte de quien se obliga. Esta disposición es demasiado general: sólo es verdadera, en el caso de la condición puramente potestativa, es decir, de la que hace que el obligado sólo lo sea cuando él quiera. Pero la obligación es válida, cuando la condición potestativa se halla modificada por una circunstancia que le quite lo que pueda tener de puramente voluntario, de tal suerte que ella dependa, no de la sola voluntad del deudor, sino de un hecho que esté en su poder ejecutar o no. Por ejemplo, si yo os vendo alguna cosa con la condición de que iré a París, la obligación es válida, porque hay un vínculo de derecho, desde que me encuentro colocado entre la obligación de no ir a París o de venderos la cosa prometida en venta. Lo mismo, Savigny, tomo III, pág. 140.
Art. 543.- Cumplida la condición, los efectos de la obligación se retrotraen al día en que se contrajo.
Nota al 543: L. 1, Tít. 4, Part. 4ª; L. 14, Tít. 11, Part. 5ª; L. 11, Tít. 4, Lib. 20, Digesto; L. 3,Tít. 20, § 25, Instituta; (*) Código Francés, artículo 1179; Holandés, 1297; Napolitano, 1132; Sardo, 1270. Marcadé hace notar las consecuencias del artículo, en su comentario al artículo 1179. Dice así: La obligación condicional, y en general todo derecho condicional, cualquiera que sea su naturaleza, no es un derecho que existirá" según que el acontecimiento tenga o no lugar: es un derecho que, según la condición prevista, existe o no desde el presente. El derecho no tiene ni tendrá jamás existencia alguna, si la condición no se cumple. Pero tiene existencia actual si más tarde la condición se cumple. El cumplimiento de la condición tiene pues necesariamente un efecto retroactivo en el momento mismo de la obligación. El cumplimiento de la condición, retrotrayendo sus efectos al momento de contraerse la obligación, y haciendo que ésta se encuentre haber sido pura y simple, hace que todos los derechos reales que el deudor habría podido conferir pendente conditione sobre el inmueble que debía entregar, queden sin efecto". La última consecuencia que el autor deduce, parte del antecedente, que se halla sólo en el Cód. Francés, de transferir la propiedad de los bienes raíces por sólo el contrato sin necesidad de la tradición. Para nosotros, el efecto retroactivo que produzca la condición, no anularía los derechos reales, constituidos durante la condición, sino que el deudor se hallaría, por ejemplo, en el caso del que ha vendido el bien raíz a uno, pero no habiéndolo entregado, lo vende a otro, o constituye en él derechos reales. Zachariæ limita el efecto retroactivo de la obligación en el caso del artículo a las obligaciones de dar, y no a las obligaciones de hacer: Esto es verdad, dice, en las obligaciones de dar, la condición cumplida tiene entonces un efecto retroactivo al día en que ha sido contraída, porque la cosa que hace el objeto de la obligación de dar, es necesariamente el objeto de los derechos recíprocos en el tiempo intermedio a la obligación, y al cumplimiento de la condición. El cumplimiento, pues, de la condición, hace remontar o cesar los efectos de la obligación al día en que ella se celebró. Mas en las obligaciones de hacer es otra cosa, la condición suspensiva o resolutoria no tiene efecto retroactivo. Si se trata de una condición suspensiva, es evidente que no es obligado a hacer, sino cuando la condición se cumpla. Si se trata de una condición resolutoria, y antes del cumplimiento de ella se ha hecho lo que ella obligaba, este cumplimiento no impide que la cosa haya sido hecha (§ 534, nota 24).
Comentario: (*) Vélez Sarsfield, sigue a Goyena y cita el § 24 pero, el texto de Goyena, corresponde al § 25, Instituta.
Art. 544.- Los derechos y obligaciones del acreedor y deudor que fallecieren antes del cumplimiento de la condición, pasan a sus herederos.
Art. 545.- La obligación bajo condición suspensiva es la que debe existir o no existir, según que un acontecimiento futuro e incierto suceda o no suceda.
Art. 546.- Pendiente la condición suspensiva, el acreedor puede proceder a todos los actos conservatorios, necesarios y permitidos por la ley para la garantía de sus intereses y de sus derechos.
Nota al 546: Cód. Francés, artículo 1180; Holandés, 1298; Sardo, 1271; L. 4, Tít. 6, Lib. 42, Digesto. Es verdadero acreedor aún pendiente la condición L. 42,Tít. 7, Lib. 44, L. 55,Tít, 16, Lib. 50, Digesto; Pothier, n° 222; Zachariæ, dice: "Si el deudor quebrase antes del cumplimiento de la condición, el acreedor podría obligar al concurso a darle fianza de la ejecución de la obligación llegado el caso, pues sin esta fianza sus derechos serían comprometidos por la disminución del activo que le servía de garantía (§ 535, nota 4).
Art. 547.- El deudor puede repetir lo que durante la condición hubiere pagado al acreedor.
Nota al 547: L. 32, Tít. 14, Partida 5ª; L. 16, Tít. 6, Lib. 12, Digesto. El fundamento de la ley citada de Partida lo da la L.14,Tít.11,Part.5ª, y Aubry y Rau, § 302.
Art. 548.- Si la condición no se cumple, la obligación es considerada como si nunca se hubiera formado; y si el acreedor hubiese sido puesto en posesión de la cosa que era el objeto de la obligación, debe restituirla con los aumentos que hubiere tenido por sí, pero no los frutos que haya percibido.
Nota al 548: Zachariæ dice: El efecto retroactivo de la condición no puede hacer que él no haya tenido el derecho de poseer. Hasta el cumplimiento de la condición ha tenido de buena fe la posesión de la cosa, y por consiguiente el derecho de percibir los frutos (§ 535 nota 9). Duranton sostiene la opinión contraria y Marcadé discute la cuestión y la opinión de Duranton (Sobre el artículo 1179 del Código Francés). Respecto a los frutos, en contra: Aubry y Rau, § 302.
Art. 549.- Si en la obligación se tratare de cosas fungibles, el cumplimiento de la condición no tendrá efecto retroactivo respecto de terceros, y sólo lo tendrá en los casos de fraude.
Art. 550.- Si se tratare de bienes muebles, el cumplimiento de la condición no tendrá efecto retroactivo respecto de terceros, sino cuando sean poseedores de mala fe.
Art. 551.- Si se tratare de bienes inmuebles, el cumplimiento de la condición no tendrá efecto retroactivo respecto de terceros, sino desde el día en que se hubiese hecho tradición de los bienes inmuebles
Nota al 549, 550 y 551: "Las resoluciones de estos artículos son los derivados naturales de las leyes que se darán en otro lugar sobre el dominio de las cosas fungibles, de los muebles y de los bienes raíces. En los códigos que siguen al Cód. Francés, el efecto retroactivo de las obligaciones condicionales es diverso, tanto respecto de las cosas como respecto de los frutos, porque parten del antecedente de que el dominio de las cosas se adquiere sólo por la obligación convencional, sin necesidad de tradición. Toda esta materia quedará bien clara en el título: De las obligaciones de dar".
Art. 552.- En los casos en que los terceros poseedores de los bienes sujetos a la obligación condicional, sean poseedores de buena fe, queda salvo al acreedor el derecho de demandar a la parte obligada, por el pago de lo equivalente y de la indemnización de las pérdidas e intereses.
Art. 553. La obligación es formada bajo condición resolutoria, cuando las partes subordinaren a un hecho incierto y futuro la resolución de un derecho adquirido.
Art. 554. No cumplida la condición resolutoria, y siendo cierto que no se cumplirá, el derecho subordinado a ella queda irrevocablemente adquirido como si nunca hubiese habido condición.
Art. 555. Cumplida la condición resolutoria deberá restituirse lo que se hubiese recibido a virtud de la obligación.
Nota al 555: Véase las LL. 38 y 40,Tít. 5, Partida 5ª; L.4,Tít. 3,Lib.18, Digesto; C. Francés, artículo 1183; Holandés 1301; Sardo 1274; Napolitano 1136. Respecto a las leyes citadas de Partida y títulos del Digesto, debemos decir que la condición resolutoria ordinaria no es lo mismo que la cláusula conocida bajo el nombre de pacto comisorio. En la condición resolutoria, desde que ésta se cumple, la obligación queda para ambas partes como no sucedida; lo contrario sucede en el pacto comisorio. A pesar del cumplimiento de la condición prevista, la obligación no se resuelve mientras no lo quiera la parte que ha estipulado esa condición especial, y se conservará si quiere mantenerla, no obstante la voluntad contraria de la otra parte. Cuando yo os he vendido mi casa, estipulando que la venta será resuelta, si no me pagáis el precio en el término fijado, el cumplimiento de esta condición, no trae necesariamente la revocación de la obligación y podré obligaros a cumplir la obligación, o perseguiros para obtener el precio que rehusáis pagarme. Véase Aubry y Rau, § 302, notas 47 y 48.
Art. 556. Si la cosa objeto de la obligación ha perecido, las partes nada podrán demandarse-
Nota al 556: Duranton, tomo XI, n° 91, enseña lo contrario, sosteniendo que cumpliéndose la condición después que la cosa no existe, se opera sin embargo la revocación de la obligación, y obliga a aquel a quien la cosa debía ser restituida, a volver el precio que ha recibido. Pero para esto sería necesario que la condición resolutoria se cumpliera en un momento en que pudiese producir efectos. Si os vendo un caballo por cien pesos, bajo la condición de que la venta quedará sin efecto, si tal buque viene de la India, y éste llega en efecto después que el caballo entregado y pagado ha perecido por un caso fortuito, la condición entonces se cumple inútilmente, pues que ya no hay objeto sobre que pueda recaer. La resolución de la obligación no puede tocar vuestro derecho de propiedad, pues que este derecho no existe, no existiendo el caballo, objeto de la obligación. No pudiendo formarse la obligación de volver el caballo, falta del objeto de ella, no puede tampoco formarse la obligación de restituir el precio por falta de causa. Marcadé, sobre el artículo 1183 del Cód. Fránces, discute y rebate extensamente la opinión de Duranton; y de sus doctrinas hemos tomado el artículo.
Art. 557. Verificada la condición resolutoria no se deberán los frutos percibidos en el tiempo intermedio.
Nota al 557: Cód. de Chile, artículo 1488. Duranton es también de opinión contraria a la doctrina de este artículo. Zachariæ contesta sus observaciones, diciendo que el efecto retroactivo, tanto en las condiciones suspensivas como en las condiciones resolutorias, no tiene influencia alguna sobre la restitución de los frutos. El efecto retroactivo no tiene lugar sino respecto a la obligación de restituir la cosa con todos sus accesorios esenciales; pero no puede extenderse hasta borrar los hechos cumplidos, y hacer desaparecer el derecho que ha tenido el que ha adquirido la cosa en el tiempo intermedio entre la formación de la obligación y el cumplimiento de la condición. El efecto retroactivo de la condición resolutoria cumplida, no se extiende hasta obligar al que ha percibido los frutos de la cosa, cuya propiedad le pertenecía durante la condición, a restituirlos a aquel a quien el acontecimiento de la condición ha hecho propietario, pero que hasta entonces no tenía sino la expectativa de la propiedad bajo una condición. § 536, nota 4. Al concluir este capítulo juzgamos con Marcadé que la división de las condiciones en causales, potestativas y mixtas, no presenta ninguna utilidad, y que no debe adoptarse en los códigos.
Art. 558. Los cargos impuestos no impiden la adquisición del derecho, ni su ejercicio, si no fueren impuestos como condición suspensiva. En caso de duda se juzgará que no importan una condición.
Nota al 558:
Lo que en este capítulo llamamos cargos, en las Leyes Romanas y en los escritores de
derecho se llama modo. El Lib. 6,Tít. 45 del Código lleva la inscripción:
“De his quae sub modo legata vel fideicomissa relinquuntur”. Mackeldey, define el modo de la
manera siguiente: "Entiéndese por modo toda disposicion onerosa por medio de la cual el que quiere
mejorar a otro limita su promesa, exigiendo de él, y obligándole a una
prestación en cambio de lo que recibe". Y agrega: Comúnmente
el modo contiene al mismo tiempo una condición, o bien está expresado como condición,
y entonces el acto mismo viene a ser condicional. El modo puede existir lo
mismo en los actos de beneficencia que en los de título oneroso; pero es de
advertir que en los primeros tiene el donador en los casos que no se ejecute el
modo, la elección de intentar su acción, bien sea para la ejecución del modo o
para la restitución de lo que ha dado, mientras que en lo segundo se limita su
acción a pedir la ejecución del modo. Derecho romano, § 179.
Las convenciones que tienen por objeto transferir un derecho sobre bienes,
pueden contener disposiciones sobre la suerte ulterior de la cosa trasmitida
por medio de una obligación contratada por el que la recibe. Las principales
disposiciones de este género entran en el contenido de las transacciones
mismas. Si el comprador de una casa, por ejemplo, se obliga a no cobrar
alquileres al vendedor que la ocupa por el término de un año, sería meramente
una convención accesoria, y la acción que resulta del contrato basta para su
ejecución; mas, hay ciertas materias en que este
procedimiento es insuficiente y para las cuales era preciso establecer una
especie de convenciones accesorias, y esto es el modo. Esta es la expresión
técnica para designar esta institución, aunque en un sentido general sirve
comúnmente para determinar los caracteres particulares de un derecho, como por ejemplo, su extensión, o el modo de su ejercicio.
La distinción entre el modo y la condición puede reducirse a lo siguiente: la
condición es suspensiva pero no coercitiva. El modo es coercitivo, pero no
suspensivo. Así el modo no impide la adquisición del derecho, y no expone al
peligro de una pérdida total. El goce del derecho se obtiene dando caución, y
sin ejecutar el acto. Si el acto se hace imposible, la imposibilidad no trae
ningún perjuicio. Por lo tanto, la distinción entre estas dos formas, tiene una
grande importancia. Siempre debe buscarse para fijar si es la una o la otra, la
intención verdadera de la gente, en la apreciación de las circunstancias. Si la
intención es dudosa, el modo, como restricción menor, debe admitirse con
preferencia a la condición. Aunque la L. 1 del título citado del Cód. Romano, dice: “In legatis quidem et fideicommissis etiam modus adscriptus pro conditione observatur”, no establece por
esto una asimilación completa entre ambas cosas, sino que el modo debe ser
cumplido como la condición, lo cual puede hacerse con una fianza.
Es preciso no confundir el modo con aquellas declaraciones de voluntad que no
encierran obligación jurídica. Si una suma de dinero, por ejemplo, es legada
para que el legatario construya una casa, esta declaración debe sólo
considerarse como la expresión de un consejo o como la ocasión que da lugar a
la liberalidad. Para admitir una obligación serían necesarias circunstancias
particulares que hicieran verosímil la intención de imponerla. Vea L.13,§ 2,Tít.1,Lib.24, Digesto, L.71,Tít.1,Lib.35, Digesto y L. 2, § 7,Tít. 5, Lib. 39, Digesto; Savigny, Derecho
Romano, tomo III, § 123.
Art. 559. Si hubiere condición resolutoria por falta de cumplimiento de los cargos impuestos, será necesaria la sentencia del juez para que el beneficiado pierda el derecho adquirido.
Art. 560. Si no hubiere condición resolutoria por falta de cumplimiento de los cargos, no se incurrirá en la pérdida de los bienes adquiridos; y quedará a salvo a los interesados el derecho de compeler judicialmente al adquirente a cumplir los cargos impuestos.
Art. 561. Si no hubiere plazo para cumplir los cargos, deberán cumplirse en el plazo que el juez señale.
Art. 562. La obligación de cumplir los cargos impuestos para la adquisición de los derechos, pasa a los herederos del que fuese gravado con ellos, a no ser que sólo pudiesen ser cumplidos por él, como inherentes a su persona. Si el gravado falleciere sin cumplirlos, la adquisición del derecho queda sin ningún efecto, volviendo los bienes al imponente de los cargos, o a sus herederos legítimos.
Art. 563. La reversión no tendrá efecto respecto de terceros, sino en los casos en que puede tenerlo la condición resolutoria.
Art. 564. Si el hecho que constituye el cargo fuere imposible, ilícito o inmoral, no valdrá el acto en que el cargo fuese impuesto.
Art. 565. Si el hecho no fuere absolutamente imposible, pero llegase a serlo después sin culpa del adquirente, la adquisición subsistirá, y los bienes quedarán adquiridos sin cargo alguno.
Nota al 565: L. 1,Tít. 45, Lib. 6, Cód. Romano.
Art. 566. La obligación es a plazo, cuando el ejercicio del derecho que a ella corresponde estuviere subordinado a un plazo suspensivo o resolutorio.
Nota al 566: L. 12 y ss, Tít. 11, Part. 5ª; Instituta, Lib. 3,Tít. 16, § 2.
Art. 567. El plazo suspensivo o resolutorio puede ser cierto o incierto. Es cierto, cuando fuese fijado para terminar en designado año, mes o día, o cuando fuese comenzado desde la fecha de la obligación, o de otra fecha cierta.
Art. 568. El plazo es incierto, cuando fuese fijado con relación a un hecho futuro necesario, para terminar el día en que ese hecho necesario se realice.
Nota al 567 y 568: LL. 12 y 15,Tít. 11, Partida 5ª; Instituta, Lib. 3,Tít. 16, § 2.
Art. 569. Cualesquiera que sean las expresiones empleadas en la obligación, se entenderá haber plazo, y no condición siempre que el hecho futuro fuese necesario aunque sea incierto, y se entenderá haber condición y no plazo, cuando el hecho futuro fuere incierto.
Nota al 569: L. 31, Tít. 9, Part. 6ª; LL. 21 y 22, Tít. 2, Lib. 36, Digesto. La dilación del plazo difiere de la condición suspensiva, en que el plazo no toca a la fuerza jurídica, sino sólo a la ejecución de la obligación. Aubry y Rau § 303.
Art. 570. El plazo puesto en las obligaciones, se presume establecido para ambas partes, a no ser que, por el objeto de la obligación o por otras circunstancias, resultare haberse puesto a favor del deudor o del acreedor. El pago no podrá hacerse antes del plazo, sino de común acuerdo.
Nota al 570: En contra: Cód. Francés, artículo 1187; de Nápoles, 1140; de Luisiana, artículo 2048; Sardo, 1278. Conforme con el artículo: el Cód. de Prusia, artículo 757. Los códigos y sus comentadores regularmente suponen que el pago se hace en dinero, y que no hay, por lo tanto, perjuicio para el acreedor en recibir el pago antes del plazo. Así es ciertamente en el contrato de venta; pero tratamos sólo del cumplimiento de las obligaciones en las cuales éste puede consistir, como dice Rogron, en la entrega de un número de ganado o de un buque, para lo cual el acreedor puede no estar pronto a recibir, y haberse preparado para hacerlo el día del vencimiento. En el derecho comercial, el término se presume estipulado en el interés común de deudor y acreedor, y no hay razón para que no sea lo mismo en el derecho civil. Por estas consideraciones aceptamos la resolución del Código de Prusia.
Art. 571. El deudor de la obligación que ha pagado antes del plazo no puede repetir lo pagado. (Ley N° 17.711).
Nota al 571: En cuanto a la primera parte: Cód. Francés, artículo 1186, y los demás Códigos de Europa. L.32, Tít.14, Part. 5ª. LL. 16 y ss. Tít. 6, Lib. 12, Digesto. En cuanto a la segunda: Marcadé, sobre el artículo 1186, dice lo siguiente: ¿Nuestro artículo equivale a rehusar la repetición absolutamente y sin distinción, entre aquel que ha pagado libremente con conocimiento de causa, y el que lo ha hecho ignorando el término de la obligación? No vacilamos en responder que no. La decisión contraria sería evidentemente opuesta, no sólo a los principios de equidad, sino al espíritu general de nuestro derecho moderno, y a la intención de los redactores del artículo. Si a la muerte de mi padre me encuentro con un testamento que me manda pagar a Pablo inmediatamente veinte mil francos, y después de haberlos pagado descubro un segundo testamento que me concede dos años para pagar dichos veinte mil francos, ¿no es claro que he proporcionado al acreedor una ventaja mayor que la que en realidad le era debida? En el cuerpo legislativo el orador del gobierno decía sobre este artículo: que si el deudor hubiese libremente hecho el pago con anticipación no sería justo autorizarlo a demandar la repetición.
Art. 572. El deudor constituido en insolvencia y los que lo representen no pueden reclamar el plazo para el cumplimiento de la obligación.
Nota al 572: Cód. Francés, artículo 1188; de Nápoles, 1141; Sardo, 1279; Holandés, 1307.
Art. 573. En las obligaciones a plazo cierto, los derechos son transmisibles, aunque el plazo sea tan largo, que el acreedor no pueda sobrevivir al día del vencimiento.
Art. 574. La obligación de dar, es la que tiene por objeto la entrega de una cosa, mueble o inmueble, con el fin de constituir sobre ella derechos reales, o de transferir solamente el uso o la tenencia, o de restituirla a su dueño.
Art. 575. La obligación de dar cosas ciertas comprende todos los accesorios de éstas, aunque en los títulos no se mencionen, o aunque momentáneamente hayan sido separados de ellas.
Nota al 574 y 575:"Zachariæ, § 531.
Art. 576. El deudor de la obligación es responsable al acreedor, de los perjuicios e intereses, por falta de las diligencias necesarias para la entrega de la cosa en el lugar y tiempo estipulados, o en el lugar y tiempo que el juez designare cuando no hubiese estipulación expresa.
Nota al 576: L. 13, Tít. 11, Part. 5ª
Art. 577. Antes de la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real.
Nota al 577: L. 46, Tít. 28, Part. 3ª; L. 50, Tít. 5, Part. 5ª; Instituta, Lib. 2,Tít. 1, § 40. Según el Código Francés, artículo 711 y artículo 1138, la propiedad se transmite por sólo el contrato, sin ser necesaria la tradición; y desde entonces todos los peligros de la cosa son de cuenta del acreedor. Toullier, entre otros, tomo IV, n° 54 expone los fundamentos que para tal resolución tuvieron los autores del Cód. de Napoleón. Pueden verse también en la Colección de discursos, discurso 70.
Freitas, sosteniendo el principio de la tradición para la adquisición de la propiedad, dice: "Por la naturaleza de las cosas, por una simple operación lógica, por un sentimiento espontáneo de justicia, por el interés de la seguridad de las relaciones privadas a que se liga la prosperidad general, se comprende desde el primer momento que el derecho real debe manifestarse por otros caracteres, por otros signos que no sean los del derecho personal, y que esos signos deben ser tan visibles y tan públicos cuanto sea posible. No se concibe que una sociedad esté obligada a respetar un derecho que no conoce.
Esta es la razón filosófica del gran principio
de la tradición que la sabiduría de los romanos estableció y que las legislaciones
posteriores reconocieron. Establecido el derecho personal de donde tiene que
resultar la transmisión de la propiedad, muchos jurisperitos no quisieron ver
nada más, y dieron luego la propiedad como transmitida y adquirida sólo por el
simple poder del concurso de las voluntades en un momento dado. Tomóse la propiedad en su elemento individual solamente, y
no se atendió a su elemento social. Contóse con la
buena fe de las convenciones, como si la mala fe no fuese posible.
Las cosas que se conviene transmitir es posible que no sean transmitidas, y la
misma cosa puede ser vendida a dos personas diferentes. Si el contrato es
suficiente, independiente de cualquier manifestación exterior de la
transferencia del dominio, el segundo comprador podría de buena fe, transmitir
también la cosa, que así irá sucesivamente pasando a otros. Tenemos entonces un
choque de derechos, una colisión donde por un lado se presenta el interés de
uno solo, y por el otro los intereses de muchos. ¿Se puede y debe ser
indiferente a la constante incertidumbre del derecho de propiedad, al
fundamento de todas las relaciones civiles? Si este mal no puede ser evitado
del todo ¿no convendrá evitarlo lo más que sea posible? Según la teoría del
Cód. Francés sobre la transmisión de la propiedad, como efecto inmediato de los
contratos, no hay intervalo entre la perfección de los contratos, la
transmisión y su adquisición realizada. La tradición y la posesión nada valen.
El derecho personal, y el derecho
real
son una misma cosa. El contrato es el propio dominio; y el dominio es el
contrato. No hay diferencia alguna entre el título para adquirir y el modo de
adquirir, entre la idea y el hecho, entre la causa y el efecto.
La innovación del Código civil de Francia fue tan inesperada, tan peligrosa,
tan opuesta a la buena razón, que por mucho tiempo se dudó que ella hubiese
derogado el régimen de las leyes anteriores. Troplong,
Martou y otros muchos jurisconsultos no dejaron de
confesar que esta innovación tan grave fue subrepticiamente introducida, sin la
discusión especial y profunda que ella reclamaba. Aun así, el nuevo principio
no tuvo aplicación respecto a los bienes muebles, según el artículo 2279, y en cuanto a los
inmuebles fue aplicado con restricciones según los arts. 939 y 1069. En vano el legislador
francés proclamó su principio de la transmisión de la propiedad sólo por efecto
de las convenciones, pues que la fuerza de las cosas lo obligó a violarlo en
relación a los muebles y a no mantenerlo respecto a los inmuebles, sino por
medio de disposiciones contradictorias e incompletas, que expusieron la
propiedad territorial y la garantía hipotecaria a incertidumbres y peligros
tales, que la segunda generación sintió la necesidad de reformar radicalmente
la legislación en esta parte.
Lo que desde luego no se había conocido por la fascinación de un bello
principio en apariencia, que realzaba el poder de la voluntad humana, vínose a conocer después por las exigencias económicas de
un buen régimen hipotecario. Y en verdad, el sistema hipotecario del Código
civil francés quedó profundamente viciado desde que confundió los derechos
personales con los derechos reales. Era una anomalía y una providencia inútil
manifestarse al público el derecho real de la hipoteca, cuando el primer
derecho real, la propiedad, fuente de todos los otros, no tenía la misma
publicidad en los casos más frecuentes.
En la actualidad, felizmente, la teoría del
Código Francés se halla reducida en todo su valor a un mero aparato de palabras
que no tiene significación práctica alguna, desde que el propietario no es
propietario respecto de terceros, si no hace transcribir sus títulos en un
registro especial y público, establecido para este efecto. Teniéndose así
reconocida la necesidad de un hecho externo, como indicador legal de la
transmisión de la propiedad, no descubrimos razón alguna por la cual, en
relación a las partes contratantes, se deba seguir el principio opuesto de la
transferencia del dominio, sólo por efecto de consentimiento. ¿Y cómo se
concibe que un derecho
real
sólo pueda existir respecto de un individuo? El dominio es por esencia un
derecho absoluto, y sus correspondientes obligaciones comprenden a todos los
individuos; y cuando se le niega este carácter no existe el dominio. Si el
vendedor, desde el momento del contrato, tiene perdido el dominio de la cosa
vendida, no se concibe cómo pueda venderla válidamente por segunda vez, a otra
persona, sólo porque el primer comprador no fue diligente en hacer transcribir
su título en los registros hipotecarios, pues desde entonces no puede ejercer
su dominio, adquirido por el contrato, contra un tercero el segundo comprador.
Por la nueva ley hipotecaria de 23 de marzo de 1855, el registro público
de la transmisión y constitución de los derechos reales ha sustituido la
tradición de la cosa. Esta alteración radical del Código civil de Francia,
había sido ya hecha antes en Bélgica y en todos los países
que, por fuerza de circunstancias especiales, se vieron en la necesidad de
adoptar aquel Código. Así, la falsa idea de la identificación del contrato con
el dominio, no fue más que una aberración local, ridícula: pertenece a lo
pasado, y tiene hoy simplemente valor histórico.
Art. 578. Si la obligación de dar una cosa cierta es para transferir sobre ella derechos reales, y la cosa se pierde sin culpa del deudor, la obligación queda disuelta para ambas partes.
Nota al 578: En contra: L. 17,Tít. 10, Lib. 3, Fuero Real; L. 23, Tít. 5, Part. 5ª, que sólo resuelven la obligación del deudor. Véanse las LL. 9,Tít. 14, Part. 5ª; 27, Tít. 5, Part. 5ª y 4,Tít. 3, Part. ídem, 29,Tít. 23, Part. 3ª, y 6, Tít.14, Part. 6ª. No es extraño que así lo dispongan también el Cód. Francés y los demás códigos que convierten el título en modo de adquirir, pues las cosas perecen, se deterioran y se aumentan para su dueño; pero parece ilógico que nuestras leyes que declaran que no se adquiere el dominio de las cosas con sólo el título, si no es seguido de la tradición, dispongan que el peligro de la cosa, que es el objeto de una obligación de dar, sea de cuenta del acreedor, aún antes de la tradición, fundadas en el principio de que el deudor de cosa cierta se libra de la obligación de entregarla, cuando perece sin su culpa. Esto es confundir el derecho personal con el derecho real. El derecho personal que se constituye por la obligación no da derecho alguno en la cosa, y sin embargo se le constituyen las consecuencias del derecho real; para él perece la cosa, para él se aumenta, y de su cuenta son la mejora y el deterioro. Nuestro artículo también libra al deudor de cosa cierta de la obligación de entregarla, si perece sin su culpa, pero lo libra disolviendo la obligación y no dejando obligado al acreedor.
De los dos principios, que el dominio de las cosas no se adquiere sino por la tradición, y que los peligros, aumentos y desmejoras, son de cuenta del propietario, se derivan las resoluciones de los artículos siguientes, y es innecesario notar las discordancias con los códigos que parten de principios contrarios".
Art. 579. Si la cosa se pierde por culpa del deudor, éste será responsable al acreedor por su equivalente y por los perjuicios e intereses.
Art. 580. Si la cosa se deteriora sin culpa del deudor, el deterioro será por su cuenta, y el acreedor podrá disolver la obligación, o recibir la cosa en el estado en que se hallare, con disminución proporcional del precio si lo hubiere.
Art. 581. Si la cosa se deteriorare por culpa del deudor, el acreedor tendrá derecho de exigir una cosa equivalente con indemnización de los perjuicios e intereses, o de recibir la cosa en el estado en que se hallare, con indemnización de los perjuicios e intereses.
Art. 582. Si la cosa se hubiere mejorado o aumentado, aunque no fuese por gastos que en ella hubiere hecho el deudor, podrá éste exigir del acreedor un mayor valor, y si el acreedor no se conformase, la obligación quedará disuelta.
Art. 583. Todos los frutos percibidos, naturales o civiles, antes de la tradición de la cosa, pertenecen al deudor; mas los frutos pendientes el día de la tradición pertenecen al acreedor.
Art. 584. Si la obligación fuere de dar una cosa cierta con el fin de restituirla a su dueño, y la cosa se perdiese sin culpa del deudor, la cosa se pierde para su dueño, salvo los derechos de éste hasta el día de la pérdida y la obligación quedará disuelta.
Art. 588. Si la cosa se mejorare o hubiere aumentado sin que el deudor hubiese hecho gastos en ella o empleado su trabajo, o el de otro por él, será restituida a su dueño con el aumento o mejora; y nada podrá exigir el deudor.
Art. 589. Si hubiere mejoras o aumento, que con su dinero o su trabajo, o con el de otros por él, hubiere hecho el deudor que hubiese poseído la cosa de buena fe, tendrá derecho a ser indemnizado del justo valor de las mejoras necesarias o útiles, según la avaluación que se hiciere al tiempo de la restitución, siempre que no se le hubiese prohibido hacer mejoras. Si las mejoras fueren voluntarias, el deudor aunque fuese poseedor de buena fe, no tendrá derecho a indemnización alguna. Si el deudor fuese poseedor de mala fe, tendrá derecho a ser indemnizado de las mejoras necesarias. (*)
Nota al 589: En
cuanto a las mejoras y sus clases. L. 10, Tít. 33, Part.
7ª; LL. 41 y 44,Tít. 28, Partida 3ª;
Sardo, artículo
456, Holandés,
630; L. 5,
Tít. 32, Lib. 3, Cód. Romano; L.
38, Tít. 1, Lib. 6, Digesto.
Comentario: (*) Léase “Reflexiones sobre la
mala fe y vicios en la posesión y en la tenencia”,
por Luis Moisset
de Espanés.
Art. 590. Los frutos percibidos, naturales o civiles, pertenecen al deudor, poseedor de buena fe. El deudor que hubiese poseído de mala fe, está obligado a restituir la cosa con los frutos percibidos y pendientes, sin tener derecho a indemnización alguna.
Nota al 590: L. 39, Tít. 28, Part. 3ª; C. Francés, artículo 549; Nápoles 474; Holandés 630; Sardo 453; L. 25, Tít. 1, Lib. 22, Digesto. En cuanto al poseedor de mala fe: L. 4,Tít. 14, Part. 6ª; Código Francés, artículo 549; (*) Sardo, 455; Instituta, Lib. 4, Tít. 17, § 2.
Comentario: (*) Vélez Sarsfield, sigue a Goyena, y cita el artículo 529 del Cód. Francés pero, se trata del artículo 549.
Art. 591. Son mejoras necesarias aquellas sin las cuales la cosa no podría ser conservada. Son mejoras útiles, no sólo las indispensables para la conservación de la cosa, sino también las que sean de manifiesto provecho para cualquier poseedor de ella. Son mejoras voluntarias las de mero lujo o recreo, o de exclusiva utilidad para el que las hizo.
Art. 592. Cuando la obligación sea de dar cosas ciertas con el fin de transferir o constituir derechos reales, y la cosa es mueble, si el deudor hiciere tradición de ella a otro, por transferencia de dominio o constitución de prenda, el acreedor aunque su título sea de fecha anterior, no tendrá derecho contra los poseedores de buena fe, sino solamente contra los de mala fe. La mala fe consiste en el conocimiento de la obligación del deudor.
Art. 593. Si la cosa fuere mueble, y concurriesen diversos acreedores, a quienes el mismo deudor se hubiese obligado a entregarla, sin haber hecho tradición a ninguno de ellos, será preferido el acreedor cuyo título sea de fecha anterior.
Art. 594. Si la cosa fuere inmueble y el deudor hiciere tradición de ella a otro con el fin de transferirle el dominio, el acreedor no tendrá derecho contra tercero que hubiese ignorado la obligación precedente del deudor; pero sí contra los que sabiéndola hubiesen tomado posesión de la cosa.
Nota al 594: L.L. 50 y 51, Tít. 5, Part. 5ª. En contra: el Cód. Francés y los demás códigos que declaran transmitida la propiedad por sólo la obligación.
Art. 595. Si la tradición se hubiere hecho a persona de buena fe, el acreedor tiene derecho a exigir del deudor otra cosa equivalente, y todos los perjuicios e intereses.
Art. 596. Si la cosa fuere inmueble, y concurriesen diversos acreedores a quienes el mismo deudor se hubiese obligado a entregarla, sin que a ninguno de ellos le hubiese hecho tradición de la cosa, será preferido el acreedor cuyo instrumento público sea de fecha anterior.
Art. 597. Con relación a terceros, cuando la obligación de dar cosas ciertas tuviere por fin restituirlas a su dueño, si la cosa es mueble y el deudor hiciere tradición de ella a otro por transferencia de dominio o constitución de prenda, el acreedor no tendrá derecho contra los poseedores de buena fe, sino solamente cuando la cosa le haya sido robada o se hubiese perdido. En todos casos lo tendrá contra los poseedores de mala fe.
Nota al 597: Zachariæ, nota 13 al § 558.
Art. 598. Si la cosa fuere mueble y concurrieren acreedores a quienes el deudor se obligase a la entrega de ella por transferencia de dominio o constitución de prenda, sin haber hecho tradición de la cosa, es preferido el acreedor a quien pertenece el dominio de ella.
Art. 599. Si la cosa fuere inmueble, el acreedor tendrá acción real contra terceros que sobre ella hubiesen aparentemente adquirido derechos reales, o que la tuvieren en su posesión por cualquier contrato hecho con el deudor.
Art. 600. Si la obligación fuere de dar cosas ciertas para transferir solamente el uso de ellas, los derechos se reglarán por lo que se dispone en el título Del arrendamiento. Si la obligación fuere para transferir solamente la tenencia de la cosa, los derechos se reglarán por lo que se dispone en el título Del depósito.
Art. 601. Si la obligación que se hubiese contraído fuere de dar una cosa incierta no fungible, la elección de la cosa corresponde al deudor.
Art. 602. Para el cumplimiento de estas obligaciones, el deudor no podrá escoger cosa de la peor calidad de la especie, ni el acreedor la de mejor calidad cuando se hubiese convenido en dejarle la elección.
Nota al 602: L. 23, Tít. 9, Part. 6ª.
Art. 603. Después de individualizada la cosa por la elección del deudor o del acreedor, se observará lo dispuesto respecto a las obligaciones de dar cosas ciertas.
Art. 604. Antes de la individualización de la cosa no podrá el deudor eximirse del cumplimiento de la obligación por pérdida o deterioro de la cosa, por fuerza mayor o caso fortuito.
Nota al 604: "Sobre las obligaciones del género, Savigny, Derecho de las Obligaciones, § 39".
Art. 605. La obligación de dar cosas inciertas no fungibles, determinadas sólo por su especie o cantidad, da derecho al acreedor para exigir el cumplimiento de la obligación con los perjuicios e intereses de la mora del deudor, si hubiese incurrido en ella, o para disolver la obligación con indemnización de perjuicios e intereses.
Art. 606. "La obligación de dar cantidades de cosas es la obligación de dar cosas que consten de número, peso o medida.
Nota al 606: Savigny, en el § 39 del Derecho de las Obligaciones, dice: Llamamos cantidades de cosas las que circunscriptas en los límites de una clase determinada, no tienen ningún valor individual, y todo su valor no se determina sino por el número, la medida o el peso; por lo que es absolutamente indiferente distinguir las cosas individualmente. Sobre todo este capítulo, L.L. 24 y 25, Tít. 5, Part. 5ª; L. 2,Tít. 48, Lib. 4, Cód. Romano; L. 35, § 5,Tít. 1, Lib. 18, Digesto; C. Francés, arts. 1585 y 1586; Sardo, 1591 y 1592; Napolitano, 1430 y 1431; Holandés, 1497 y 1498.
Art. 607. En estas obligaciones, el deudor debe dar, en lugar y tiempo propio, una cantidad correspondiente al objeto de la obligación, de la misma especie y calidad.
Art. 608. Si la obligación tuviere por objeto restituir cantidades de cosas recibidas, el acreedor tiene derecho a exigir del deudor moroso otra igual cantidad de la misma especie y calidad con los perjuicios e intereses, o su valor, según el valor corriente en el lugar y día del vencimiento de la obligación.
Art. 609. Las cantidades quedarán individualizadas como cosas ciertas, después que fuesen contadas, pesadas o medidas por el acreedor.
Art. 610. Si la obligación tuviere por fin constituir o transferir derechos reales, y la cosa ya individualizada se perdiese o deteriorase en su totalidad por culpa del deudor, el acreedor tendrá derecho para exigir igual cantidad de la misma especie y calidad, con más los perjuicios e intereses, o para disolver la obligación con indemnización de perjuicios e intereses.
Art. 611. Si se perdiese o se deteriorase sólo en parte, sin culpa del deudor, el acreedor tendrá derecho para exigir la entrega de la cantidad restante y no deteriorada, con disminución proporcional del precio si estuviese fijado, o para disolver la obligación.
Art. 612. Si se perdiese o deteriorase sólo en parte por culpa del deudor, el acreedor tendrá derecho para exigir la entrega de la cantidad restante y no deteriorada, y de la correspondiente a la que faltare o estuviere deteriorada con los perjuicios e intereses, o para disolver la obligación con indemnización de perjuicios e intereses.
Art. 613. Si la obligación tuviese por fin restituir cantidades recibidas, y la cantidad estuviese ya individualizada, y se perdiese o deteriorase en el todo por culpa del deudor, el acreedor tendrá derecho para exigir otra igual cantidad de la misma especie y calidad con los perjuicios e intereses, o su valor con los perjuicios e intereses.
Art. 614. Si se perdiese sólo en parte sin culpa del deudor, el acreedor sólo podrá exigir la entrega de la cantidad restante. Si se deteriorase sólo en parte sin culpa del deudor, el acreedor recibirá la parte no deteriorada con la deteriorada en el estado en que se hallaren.
Art. 615. Si se perdiese o se deteriorase sólo en parte por culpa del deudor, el acreedor tendrá derecho para exigir la entrega de la cantidad restante no deteriorada, y de la correspondiente a la que faltare o estuviere deteriorada, con los perjuicios e intereses, o para exigir la entrega de la cantidad restante, no deteriorada, y el valor de la que faltare o estuviere deteriorada con los perjuicios e intereses, o para disolver la obligación con indemnización de perjuicios e intereses.
Art. 616.- Es aplicable a las obligaciones de dar sumas de dinero, lo que se ha dispuesto sobre las obligaciones de dar cosas inciertas no fungibles, sólo determinadas por su especie, y sobre las obligaciones de dar cantidades de cosas no individualizadas.
Nota al 616: "El dinero pertenece a las cantidades. Hay entre cada pieza de una determinada especie de moneda, una diferencia tan poco sensible como en cada grano de un montón de trigo, y las piezas de moneda tomadas aisladamente no son susceptibles de ser distinguidas. Bajo el punto de vista jurídico, las monedas son cosas de consumo, en el sentido que su uso verdadero consiste en el gasto que se hace, gasto que hace tan imposible, como si la materia se hubiese consumido, toda reclamación ulterior de la propiedad".
Art. 617.- Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se hubiere estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero. (Según Ley 23.928).
Comentario: Léase Jurisprudencia Nacional.
Art. 618.- Si no estuviere determinado en el acto por que se ha constituido la obligación, el día en que debe hacerse la entrega del dinero, el juez señalará el tiempo en que el deudor debe hacerlo. Si no estuviere designado el lugar en que se ha de cumplir la obligación, ella debe cumplirse en el lugar en que se ha contraído. En cualquier otro caso la entrega de la suma de dinero debe hacerse en el lugar del domicilio del deudor al tiempo del vencimiento de la obligación.
Nota al 618: Respecto a la primera parte, L. 13,Tít. 11, Part. 5ª, pero la L. 2,Tít. 1, Part. id. al hablar del préstamo señala diez días, conforme con el artículo, Cód. Francés, artículo 1900; de Nápoles, 1722; Holandés, 1797; Sardo, 1928. En cuanto a la segunda parte, L. 32,Tít. 11, Part. 3ª; L. 13,Tít. 14, Part. 5ª; L. 9,Tít. 4, Lib.13, Digesto; L.19,Tít.1,Lib.5,Id; L.21,Tít.7,Lib.44, Id. El Cód. de Vaud y también el de Holanda prefieren el domicilio del acreedor, si el acreedor continúa habitando el mismo pueblo que habitaba al tiempo de la obligación.
Art. 619.- Si la obligación del deudor fuese de entregar una suma de determinada especie o calidad de moneda, cumple la obligación dando la especie designada, el día de su vencimiento.(Según Ley 23.928)
Nota al 619: Nos abstenemos de proyectar leyes para resolver la cuestión tan debatida sobre la obligación del deudor, cuando ha habido alteración en la moneda, porque esa alteración se ordenaría por el Cuerpo Legislativo Nacional, cosa casi imposible. La ley declararía el modo de satisfacer las obligaciones que ya estuviesen contraídas. Hoy los conocimientos económicos dan a la moneda otro carácter que el que se juzgaba tener en la época de las leyes que hicieron nacer las cuestiones sobre la materia. Las Leyes Romanas decían: "In pecunia non corpora cogitet, sed quantitatem” (L. 94,Tít.3,Lib.46, Digesto), ”…Eaque materia forma publica percussa usum dominiumque non tam ex substantia praebet quam ex quantitate" (L. 1, Tít. 1, Lib. 18, Digesto). Por cierto que hoy la moneda no se estima por la cantidad que su sello oficial designe sino por Ia substancia, por el metal, oro o plata que contenga. Notaremos, sin embargo, las leyes de los diferentes pueblos sobre el cumplimiento de las obligaciones cuando ha habido cambio en el valor de las monedas.
La L. 18,Tít. 1, Lib. 10, Nov. Rec., dice, "Sea permitido a los contrayentes especificar el valor de las monedas, y obsérvese inviolablemente lo convenido. Los deudores do moneda recibida por cualquiera causa en plata u oro, están obligados a pagar en la moneda del mismo valor, peso y ley de la que recibieron y entonces corría. En los demás casos cumplen los deudores con pagar en la corriente al tiempo de la paga".
El Cód. Francés, artículo 1895: La obligación que resulta de un préstamo en plata será siempre la de la suma numérica expresada en el contrato. Si ha habido un aumento o disminución de especies antes de la época del pago, el deudor debe volver la suma numérica prestada, y no debe volver sino esta suma en la especie que tenga curso en el momento del pago". Lo siguen, el Cód. de Nápoles, artículo 1767; de Luisiana, artículo 2884; Holandés, 1793; Prusiano, n° 778, Tít. 11, parte 1°. Sin embargo, el Cód. de Austria dispone lo contrario en los arts. 988 y 990. "Si se ha alterado, dice, el valor intrínseco de las monedas, el que las recibió debe reembolsarlas sobre el pie del valor que tenían al tiempo del préstamo".
Si hubiese de darse ley, suponiendo la alteración de las monedas, nosotros aceptaríamos el articulo del Código de Austria.
Art. 620.- Si la obligación autorizare al deudor para satisfacerla cuando pudiese, o tuviese medios de hacerlo, los jueces a instancia de parte, designarán el tiempo en que deba hacerlo.
Nota al 620: Cód. Francés, artículo 1981; de Nápoles, 1773; Sardo, 1913; Holandés 1798; L. 125,Tít. 16, Lib. 50, Digesto.
Jurisprudencia: "El cheque es un medio de pago y no un pago concreto y cancelatorio, pues su entrega se produce pro solvendo y no in solutum; por ello es perfectamente compatible con su naturaleza -y no la altera- la garantía que un tercero quiera otorgar en seguridad de su cobro, que sólo importa agregar una nueva obligación personal a las existentes, a través de una modalidad no prohibida por ley, admisible por la remisión efectuada en el art. 55 del Dec-Ley 4.776/63 (Decreto, que ha sido derogado por Ley N° 24.452)".
Art. 621.- La obligación puede llevar intereses y son válidos los que se hubiesen convenido entre deudor y acreedor.
Nota al 621: "La materia de intereses convencionales se encuentra tratada extensamente en muchos escritores de crédito, que se podrían citar en apoyo del artículo. Regularmente los códigos de Europa son contrarios a la libertad de las convenciones sobre intereses de los capitales".
Art. 622.- El deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar.
Si las leyes de procedimiento no previeren sanciones para el caso de inconducta procesal maliciosa del deudor tendiente a dilatar el cumplimiento de la obligación de sumas de dinero o que deba resolverse en el pago de dinero, los jueces podrán imponer como sanción la obligación accesoria de pago de intereses que, unidos a los compensatorios y moratorios, podrán llegar hasta dos veces y media la tasa de los bancos oficiales en operaciones de descuentos ordinarios. (Ley N° 17.711)
Nota al 622: "Me he abstenido de proyectar el interés legal, porque el interés del dinero varía tan de continuo en la República, y porque es muy diferente el interés de los capitales en los diversos pueblos. Por lo demás, el interés del dinero en las obligaciones de que se trata, corresponde a los perjuicios e intereses que debía pagar el deudor moroso".
Art. 623.- No se deben intereses de los intereses, sino por convención expresa, que autorice su acumulación al capital, con la periodicidad que acuerden las partes, o cuando liquidada la deuda judicialmente con los intereses, el juez mandase pagar la suma que resultare, y el deudor fuese moroso en hacerlo. Serán válidos los acuerdos de capitalización de intereses que se basen en la evolución periódica de la tasa de interés de plaza. (Según Ley 23.928).
Nota al 623: Véase Cód. Francés, artículo 1154; de Holanda 1287; En contra de los intereses de intereses, Cód. Sardo, artículo 2245, y L. 28,Tít. 32, Lib. 4, Cód. Romano.
Art. 624. El recibo del capital por el acreedor sin reserva alguna sobre los intereses, extingue la obligación del deudor respecto de ellos.
Nota al 624: L. 13,Tít. 11, Part. 5ª; Cód. Francés, artículo 1908; Sardo 1935; Holandés 1806; Nápoles 1790; Prusiano 843, sección 1,Tít. 11, parte 1ª (*) y L. 43,Tít. 3, Lib. 46, Digesto.
Comentario:
(*) Vélez Sarsfield, refiere el título 21, de Prusia, pero, corresponde al
título 11.
Art. 625. El obligado a hacer o prestar algún servicio, debe ejecutar el hecho en un tiempo propio, y del modo en que fue la intención de las partes que el hecho se ejecutara. Si de otra manera lo hiciere, se tendrá por no hecho, o podrá destruirse lo que fuese mal hecho.
Nota al 625: Sobre este título véase Marcadé, sobre el artículo 1142 del Cód. Francés.
Art. 626. El hecho podrá ser ejecutado por otro que el obligado, a no ser que la persona del deudor hubiese sido elegida para hacerlo por su industria, arte o cualidades personales.
Art. 627. Si el hecho resultare imposible sin culpa del deudor, la obligación queda extinguida para ambas partes, y el deudor debe volver al acreedor lo que por razón de ella hubiere recibido.
Art. 628. Si la imposibilidad fuere por culpa del deudor, estará éste obligado a satisfacer al acreedor los perjuicios e intereses.
Art. 629. Si el deudor no quisiere o no pudiere ejecutar el hecho, el acreedor puede exigirle la ejecución forzada, a no ser que fuese necesaria violencia contra la persona del deudor. En este último caso, el acreedor podrá pedir perjuicios e intereses.
Nota al 629: El Cód. Francés, por el artículo 1142, declara que toda obligación de hacer o de no hacer se resuelve en caso de inejecución por parte del deudor, en la satisfacción de los daños e intereses; pero por el artículo 1144 declara que el acreedor puede también en caso de inejecución ser autorizado para hacerlo ejecutar él mismo a costa del deudor. Marcadé sobre el artículo 1144 concilia esta aparente contradicción, diciendo que el artículo 1142 no debe tomarse a la letra, cuando declara que toda obligación de hacer o de no hacer se resuelve en caso de inejecución en la satisfacción de daños e intereses. Esto no sucede sino en dos casos: l°, cuando la ejecución forzada no podría resultar sino de violencia dirigida contra la persona del deudor, y 2° cuando el acreedor, aunque pudiendo obtener la ejecución directa por la fuerza se contentara con la satisfacción de los daños e intereses. Los Códigos de Europa copian tanto el artículo 1142 del Cód. Francés como el artículo 1144. El