Art. 1.- El Registro Nacional de Reincidencia creado por Ley 11.752 funcionará bajo la dependencia del Ministerio de Justicia de la Nación y centralizará la información referida a los procesos penales sustanciados en cualquier jurisdicción, conforme al régimen que regula esta ley.
Art. 2.- (Texto vigente según ley 24.316) Todos los tribunales del país con competencia en materia penal, remitirán al Registro dentro de los cinco (5) días de quedar firme, dejando copia en la causa, testimonio de la parte dispositiva de los siguientes actos procesales:
a) autos de procesamiento u otra
medida equivalente que establezcan los códigos procesales;
b) autos de prisión
preventiva, u otra medida equivalente que establezcan los códigos procesales;
c) autos de rebeldía y paralización de causa;
d) autos de sobreseimientos
provisional o definitivo, con indicación de las normas legales que los
fundaren;
e) sentencias absolutorias;
f) sentencias condenatorias,
indicando la forma de su cumplimiento y acompañando la ficha de antecedentes
con fines estadísticos;
g) sentencias que otorguen libertades condicionales o rehabilitaciones;
h) sentencias que concedan o denieguen extradiciones;
i) sentencias que establezcan medidas de seguridad;
j) sentencias que declaren la nulidad de cualquiera de los actos precedentes, los revoquen
o los dejen sin efecto;
k) sentencias que hagan lugar a impugnaciones contra informes del Registro en
los términos del artículo 10.-
Igualmente, los tribunales que correspondieren, dentro de los cinco (5) días de
recibida la pertinente comunicación, remitirán al Registro testimonio de la
parte dispositiva de los decretos que
concedan indultos o conmutaciones de penas.-
Art. 3.- Las unidades penitenciarias del
país, comunicarán al Registro dentro de los cinco (5) días el egreso de todo
condenado por delito.-
Cuando el egreso se produjere por haberse acordado la libertad condicional, se
indicará el tiempo de privación de libertad cumplido y el que faltare cumplir.-
En ambos casos deberán informar la fecha de la sentencia, el tribunal que la
dictó y el número de causa.-
Art. 4.- La Policía Federal
Argentina hará saber al Registro, dentro de los cinco (5) días, los pedidos de
captura que le hayan sido dirigidos por la Organización Internacional de
Policía
Criminal y las comunicaciones que les dejen sin efecto.
Art. 5.- Todos los tribunales del país con competencia en materia penal, antes de dictar resoluciones en las cuales, según las leyes deban tenerse en cuenta los antecedentes penales del causante, requerirán del Registro la información correspondiente, dejando copia en la causa del pedido respectivo, el que deberá contestarse en el término de cinco (5)días. El término será de veinticuatro (24) horas cuando del informe dependiere la libertad del causante, circunstancia que se consignará en el oficio, en el cual podrá solicitarse la respuesta por servicio telegráfico o de Telex.-
Art. 6.- Con las comunicaciones y los pedidos de informes remitidos al Registro, se acompañará la ficha de las impresiones digitales de ambas manos del causante, y se indicarán las siguientes circunstancias:
a) tribunal y
secretaría interviniente y número de causa;
b) tribunales y secretarías que hubieren intervenido con anterioridad y números
de causas correspondientes;
c) nombres y apellidos,
apodos, seudónimos o
sobrenombres;
d) lugar y fecha de nacimiento;
e) nacionalidad;
f) estado civil y, en su
caso, nombres y apellidos del cónyuge;
g) domicilio o
residencia;
h) profesión, empleo, oficio u otro medio de vida;
i) números de documentos de identidad y autoridades que los expidieron;
j) nombres y apellidos de los padres;
k) números de prontuarios;
l) condenas anteriores y tribunales intervinientes;
m) fecha y lugar en que se cometió el delito, nombre del damnificado y fecha de
iniciación del proceso;
n) calificación del hecho.-
Art. 7.- Las comunicaciones y fichas dactiloscópicas recibidas de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 3, 4, 6 y 11, integrarán los legajos personales, que bajo ningún concepto podrán ser retirados del Registro.- Estos sólo serán dados de baja en los siguientes casos:
a) por
fallecimiento del causante;
b) por haber transcurrido cien (100) años desde la fecha de nacimiento del mismo.-
Art. 8.- El servicio del
Registro será reservado y únicamente podrá suministrar informes:
a) a los
jueces y tribunales de todo el país;
b) cuando las leyes nacionales o provinciales lo determinen;
c) a la Gendarmería
Nacional, Prefectura
Naval Argentina, Policía Federal Argentina y policías provinciales,
para atender necesidades de investigación. (Texto según ley 23.312).
d) a las autoridades extranjeras en virtud de lo establecido en el artículo 10;
e) cuando lo dispusiere el Ministerio
de Justicia de la Nación a solicitud fundada de otras autoridades
nacionales, provinciales o municipales;
f) a los particulares que, demostrando la existencia de un interés legítimo,
soliciten se certifique que ellos no registran condenas o procesos pendientes.
El certificado se extenderá con los recaudos y tendrá validez por el tiempo que
fije el decreto reglamentario.-
g) a los señores legisladores de la Nación -senadores y diputados- exclusivamente, cuando resulten
necesarios a los fines de la función legislativa y/o administrativa, los cuales
deberán ser fundados como requisito de procedencia del mismo. (Inc. incorporado
según ley 24.263)
En los casos de los incisos b), c), d), e), f) y g) del presente artículo, el
informe deberá ser evacuado en el término de hasta diez (10) días corridos, si
no se fijare uno menor. (Párrafo sustituido según ley 24.263)
Art. 9.- Los informes del Registro harán plena fe, pudiendo ser impugnados sólo judicialmente por error o falsedad.
Art. 10.- El Poder Ejecutivo Nacional promoverá el intercambio de información con países extranjeros sobre antecedentes penales de las personas.-
Art. 11.- Los representantes del Ministerio Público
ante los tribunales con competencia en materia penal de todo el país, tendrán a su
cargo vigilar el cumplimiento de la presente ley, a cuyo efecto deberán ser
notificados, en todos los casos, antes de la remisión al archivo de los
procesos.-
Los respectivos tribunales de superintendencia dispondrán que no se admitan en
sus archivos judiciales procesos penales en los cuales no existan constancias
de haberse efectuado las comunicaciones a
que se refiere el artículo 2.-
Art. 12.- El Registro Nacional de
Reincidencia percibirá como
tasa por cada información que suministre en cumplimiento de lo dispuesto
por el inciso e) del artículo 8 la suma de cinco mil pesos ($ 5.000), más la de
trescientos pesos ($ 300) por cada fotocopia que se anexe al informe.-
En el supuesto del inciso f) del artículo 8, la suma será de diez mil pesos ($
10.000) por informe, con más la de trescientos pesos ($ 300) por cada fotocopia
que se anexe a él.-
Facúltase al Ministro de Justicia para establecer el
sistema de recaudación de las tasas precedentes y actualizarlas cada (6) meses
en función de la variación del índice de precios al por mayor, nivel general, que publique el Instituto Nacional
de Estadística y Censos.
Art. 13.- (Texto vigente según ley 25.266) Todos los tribunales del país con
competencia en materia penal, así como los representantes del Ministerio
Público ante los tribunales con competencia en materia penal de todo el país,
la Policía Federal Argentina, las policías provinciales, las demás fuerzas de
seguridad y los servicios penitenciarios
y, en su caso, las Fuerzas Armadas de la Nación, remitirán a la
Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación los datos que esta dependencia les requiera con el fin de
confeccionar anualmente la estadística general sobre la criminalidad en el país
y el funcionamiento de la justicia.
El requerimiento de datos será realizado trimestralmente por resolución fundada
del director del organismo. Los datos requeridos, que no serán personales en
caso alguno, sólo podrán ser utilizados con fines estadísticos - criminales. El
requerimiento deberá ser preciso procurando que no obstaculice la tarea
cotidiana del personal de los organismos requeridos. A tal efecto, el
requerimiento podrá estar acompañado de planillas de recolección de datos con
una indicación precisa del mecanismo a utilizar para ser completadas.
Quienes por esta ley resulten obligados a suministrar información estadística
deberán disponer lo necesario para que, eventualmente y con el único fin de
verificar la exactitud de los datos brindados, la Dirección Nacional de
Política Criminal pueda acceder a los registros pertinentes.
Sobre esta base, y la información que le suministre el Registro Nacional de
Reincidencia, la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, confeccionará anualmente la
estadística general sobre la criminalidad en el país y el funcionamiento de la
justicia, única que será considerada estadística criminal oficial de la Nación.
Art. 13 bis.- (Art. incorporado según ley 25.266) Será reprimido con multa de uno a tres de sus sueldos el funcionario público que, en violación al deber de informar establecido en el artículo precedente, no proporcione la información estadística requerida o lo haga de modo inexacto, incorrecto o tardío, siempre que no cumpla correctamente con el deber de informar dentro de los cinco días de haber sido interpelado de la falta por la Dirección Nacional de Política Criminal a través de cualquier forma documentada de comunicación.
Art. 14.- Esta ley se tendrá como complementaria del Código Penal.
Art. 15.- Derógase la ley 11.752.-
Art. 16.- Esta ley comenzará a regir a los ciento ochenta (180) días de su publicación.-
Art. 17.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Art. 1.- El Registro Nacional de Reincidencia y
Estadística Criminal y Carcelaria determinará los formularios en los que se
extenderán las comunicaciones, pedidos de informes, fichas de antecedentes e
individuales dactiloscópicas a que se refieren los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de
la Ley 22.117.
Art. 2.- Las comunicaciones que generen los pedidos de informes y
respuestas entre los tribunales y el Registro, se remitirán por intermedio del
servicio de correos, como
piezas certificadas y franqueo a pagar, salvo que especialmente se solicite
respuesta telegráfica por telex.
El Ministerio de Justicia podrá disponer con relación a determinadas
localidades el recurso a otros procedimientos que, en razón de las
circunstancias, puedan otorgar mayor celebridad a los trámites.
Art. 3.- De toda información que suministre el Registro se dejará
constancia en el respectivo prontuario.
Art. 4.- Las fichas de las impresiones digitales que se obtengan para acompañar las
comunicaciones y pedidos de informes remitidos al Registro serán tomadas en
forma rodada.
Art. 5.- Con las comunicaciones al Registro de
resoluciones que declaren extinguida la acción penal respectiva por fallecimiento del causante,
deberá acompañarse copia auténtica del correspondiente certificado de defunción para
que ante su vista el Registro dé de baja el prontuario correspondiente.
Art. 6.- (Texto vigente según dec. 332/1989)
Cuando a criterio del Director del Registro Nacional
de Reincidencia y Estadística Criminal se acredite el interés legitimo a que se refiere el art. 8, inciso f) de la Ley
22.117, ordenará la expedición del correspondiente certificado, el que deberá
ser utilizado dentro de los cinco (5) días de recibido por el interesado.
Corrido el lapso indicado, se operará la caducidad del certificado emitido. El certificado deberá ser
requerido por el interesado personalmente o por intermedio de su mandatario o representante legal.
Art. 7.- Derógase el decreto número 96.620 del
24 de diciembre de 1936.
Art. 8.- Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Sede Central: Tucumán 1353, horario de atencion de 7.00 a 18.00 hs. (Cajas de 7.30 a 18.00 hs).
También se puede concurrir a la comisaría del propio barrio, tanto en Capital como en Provincia, sacarse un juego de fichas dactiloscópicas, volcar todos los datos filiatorios y rubricarlo ante la policía y, con ello y fotocopia del D.N.I. (1 y 2 hoja), poder encargar a otra persona que termine la tramitación por ante el Registro Nacional de Reincidencia. Allí se deberá abonar un arancel, dentro de los tres tipos existentes, según el grado de urgencia.