Art. 1.- Este código se aplicará:
1) Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse
en el territorio de la Nación Argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdicción;
2) Por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de
autoridades argentinas en desempeño de su cargo.
Art. 2.- Si la ley vigente al
tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse
el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna.
Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la
establecida por esa ley en todos los casos del presente artículo, los de la
nueva ley se operarán de pleno derecho.
Art. 3.- En el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado.
Art. 4.- Las disposiciones generales del presente código se aplicarán a todos los delitos previstos por leyes especiales, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario.
Art. 5.- Las penas que este código establece son las siguientes: reclusión, prisión, multa e inhabilitación.
Art. 6.- La pena de reclusión, perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio en los establecimientos destinados al efecto. Los recluidos podrán ser empleados en Obras Públicas de cualquier clase con tal que no fueren contratadas por particulares.
Art. 7.- Los hombres débiles o enfermos y los mayores de sesenta años que merecieren reclusión, sufrirán la condena en prisión, no debiendo ser sometidos sino a la clase de trabajo especial que determine la dirección del establecimiento.
Art. 8.- Los menores de edad y las mujeres sufrirán las condenas en establecimientos especiales.
(Ley N° 22.278 Régimen Penal de la Minoridad y Ley N° 24.660 Pena Privativa de la Libertad).
Art. 9.- La pena de prisión, perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio, en establecimientos distintos de los destinados a los recluidos.
Art. 10.- Podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria:
a) El interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario;
b) El interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal;
c) El interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel;
d) El interno mayor de setenta (70) años;
e) La mujer embarazada;
f) La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo. (Art. sust. por Ley N° 26.472).
Art. 11.- El producto del trabajo del condenado a reclusión o prisión se aplicará simultáneamente:
1 a indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito que no
satisficiera con otros recursos;
2 a la prestación de alimentos según el código civil;
3 a costear los gastos que causare en el establecimiento;
4 a formar un fondo propio, que se le entregará a su salida.
Art. 12.- La reclusión y la prisión por más de tres años llevan como inherente la inhabilitación absoluta, por el tiempo de la condena, la que podrá durar hasta tres años más, si así lo resuelve el tribunal, de acuerdo con la índole de delito. Importan además la privación, mientras dure la pena, de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos. El penado quedará sujeto a la curatela establecida por el código civil para los incapaces.
Art. 13.- (Texto según Ley N° 25.892) El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido treinta y cinco (35) años de condena, el condenado a reclusión o a prisión por más de tres (3) años que hubiere cumplido los dos tercios, y el condenado a reclusión o prisión, por tres (3) años o menos, que hubiere cumplido un (1) año de reclusión u ocho (8) meses de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrán obtener la libertad por resolución judicial, previo informe de la dirección del establecimiento e informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social, bajo las siguientes condiciones:
1º. Residir en el lugar que determine el auto de soltura;
2º. Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, especialmente la
obligación de abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o utilizar sustancias
estupefacientes;
3º. Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o
profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia;
4º. No cometer nuevos delitos;
5º. Someterse al cuidado de un patronato, indicado por las autoridades competentes;
6º. Someterse a tratamiento médico,
psiquiátrico o psicológico, que acrediten su necesidad y eficacia de acuerdo al consejo de
peritos.
Estas condiciones, a las que el juez podrá añadir cualquiera de
las reglas de conducta contempladas en el artículo 27 bis, regirán hasta el
vencimiento de los términos de las penas temporales y hasta diez (10) años más
en las perpetuas, a contar desde el día del otorgamiento de la libertad condicional. (*)
Comentario: (*) Léase “Reclusión perpetua en
Argentina“.
Art. 14.- (Texto según Ley N° 25.892) La libertad condicional no se concederá a los reincidentes. Tampoco se concederá en los casos previstos en los artículos 80 inciso 7º, 124, 142 bis, anteúltimo párrafo, 165 y 170,
anteúltimo párrafo. (*)
Comentario: (*) Véase el artículo 55 de este Código y su comentario.
Art. 15.- La libertad condicional será revocada
cuando el penado cometiere un nuevo delito o violare la obligación de
residencia. En estos casos no se computara, en el término de la pena, el tiempo
que haya durado la libertad.
(Párrafo según Ley N° 25.892) En los casos de los incisos 2º, 3º, 5º y 6º del artículo 13, el
Tribunal podrá disponer que no se compute en el término de la condena todo o
parte del tiempo que hubiere durado la libertad, hasta que el condenado
cumpliese con lo dispuesto en dichos incisos.
Art. 16.- Transcurrido el término de la condena, o el plazo de cinco años señalado en el artículo 13 sin que la libertad condicional haya sido revocada, la pena quedará extinguida, lo mismo que la inhabilitación absoluta del artículo 12.
Art. 17.- Ningún penado cuya libertad condicional haya sido revocada, podrá obtenerla nuevamente.
Art. 18.- Los condenados por tribunales provinciales a reclusión o prisión por más de cinco años serán admitidos en los respectivos establecimientos nacionales las provincias podrán mandarlos siempre que no tuvieren establecimientos adecuados.
Art. 19.- La
inhabilitación absoluta importa:
2) la privación del
derecho electoral;
3) la incapacidad para
obtener cargos, empleos y comisiones públicas;
4) la suspensión del
goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar, cuyo importe será
percibido por los parientes que tengan derecho a pensión. El tribunal podrá
disponer, por razones de carácter asistencial, que la víctima o los deudos que
estaban a su cargo concurran hasta la mitad de dicho importe, o que lo perciban
en su totalidad, cuando el penado no tuviere parientes con derecho a pensión,
en ambos casos hasta integrar el monto de las indemnizaciones fijadas.
Art. 20.- La inhabilitación especial producirá la privación del empleo, cargo, profesión o derecho sobre que recayere y la incapacidad para obtener otro del mismo género durante la condena.
La inhabilitación
especial para derechos políticos producirá la incapacidad de ejercer durante la
condena aquellos sobre que recayere.
Art. 20 Bis.- Podrá imponerse inhabilitación especial de seis meses a diez años, aunque esa pena no esté expresamente prevista, cuando el delito cometido importe:
1) la incompetencia o abuso en el ejercicio de un empleo o
cargo público;
2) abuso en el
ejercicio de la patria potestad, adopción, tutela o curatela;
3) incompetencia o
abuso en el desempeño de una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de
una autorización, licencia o habilitación del poder público.
Art. 20.- Ter. El condenado a inhabilitación absoluta puede ser restituido al uso y goce de los derechos y capacidades de que fue privado, si se ha comportado correctamente durante la mitad de plazo de aquélla, o durante diez años cuando la pena fuera perpetua y ha reparado los daños en la medida de lo posible.
El condenado a
inhabilitación especial puede ser rehabilitado, transcurrida la mitad del plazo
de ella, o cinco años cuando la pena fuere perpetua, si se ha comportado
correctamente, ha remediado su incompetencia o no es de temer que incurra en
nuevos abusos y además, ha reparado los daños en la
medida de lo posible.
Cuando la
inhabilitación importó la pérdida de un cargo público o de una tutela o
curatela, la rehabilitación no comportará la reposición en los mismos cargos.
Para todos los efectos, en los plazos de inhabilitación no se computará el tiempo en que el inhabilitado haya estado prófugo, internado o privado de su libertad.
Art. 21.- La multa obligará al reo a pagar la cantidad de
dinero que determinare la sentencia, teniendo en cuenta además de las causas
generales del artículo 40, la situación económica del penado.
Si el reo pagare la multa en el término que fije la sentencia, sufrirá prisión
que no excederá de año y medio.
El tribunal, antes de transformar la multa en la prisión correspondiente,
procurará la satisfacción de la primera, haciéndola efectiva sobre los bienes,
sueldos u otras entradas del condenado. Podrá autorizarse al condenado a
amortizar la pena pecuniaria, mediante el trabajo libre, siempre que se
presente ocasión para ello.
También se podrá autorizar al condenado a pagar la multa por cuotas. El
tribunal fijará el monto y la fecha de los pagos, según la condición económica
del condenado.
Art. 22.- En cualquier tiempo que se satisficiere
la multa, el reo quedará en libertad.
Del importe se descontará, de acuerdo con las reglas establecidas para el
cómputo de la prisión preventiva, la parte proporcional al tiempo de detención que hubiere
sufrido. Art. 22 Bis.- Si el hecho ha sido cometido con ánimo de lucro, podrá agregarse a la pena privativa de libertad una multa, aún cuando no esté especialmente prevista o lo esté sólo en
forma alternativa con aquélla. Cuando no esté prevista, la multa no podrá
exceder de noventa mil pesos.
(Agregado por la Ley N° 21.338, ratificado por la Ley N° 23.077 y modificado por la Ley N° 24.286, en cuanto al monto de la multa).
Art. 23.- (Texto vigente según Ley N° 25.815) En todos los casos en que recayese
condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma
decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de
las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito, en favor
del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos
de restitución o indemnización del damnificado y de terceros.
Si las cosas son peligrosas para la seguridad común, el comiso puede ordenarse
aunque afecte a terceros, salvo el derecho de éstos, si fueren de buena fe, a ser indemnizados.
Cuando el autor o los partícipes han actuado como mandatarios de alguien o como
órganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el
producto o el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona de
existencia ideal, el comiso se pronunciará contra éstos.
Cuando con el producto o el provecho del delito se hubiese beneficiado un
tercero a título gratuito, el comiso se pronunciará contra éste.
Si el bien decomisado tuviere valor de uso o cultural para algún
establecimiento oficial o de bien público, la autoridad nacional, provincial o
municipal respectiva podrá disponer su entrega a esas entidades.
Si así no fuere y tuviera valor comercial, aquélla dispondrá su enajenación. Si
no tuviera valor lícito alguno, se lo destruirá. En el caso de condena impuesta
por alguno de los delitos previstos por los artículos 142 bis o 170 de este
Código, queda comprendido entre los bienes a decomisar la cosa mueble o
inmueble donde se mantuviera a la víctima privada de su libertad.
Los bienes decomisados con motivo de tales delitos, según los términos del
presente artículo, y el producido de las multas que se impongan, serán afectados a
programas de asistencia a la víctima.
El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas
cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos informáticos, técnicos y de comunicación, y todo otro bien o derecho
patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados
con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda
recaer.
El mismo alcance podrán tener las medidas cautelares destinadas a hacer cesar
la comisión del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho o
a obstaculizar la impunidad de sus partícipes.
En todos los casos se deberá dejar a salvo los derechos de restitución o
indemnización del damnificado y de terceros.
La condena importa la pérdida de los instrumentos serán decomisados, a no ser
que pertenecieren a un tercero no responsable. Los instrumentos decomisados no
podrán venderse, debiendo destruirse. Pueden aprovechar sus materiales los
gobiernos de provincia o el arsenal de guerra de la Nación.
Art. 24.- La prisión preventiva se computará así: por dos días de prisión preventiva, uno de reclusión; por un día de prisión preventiva, uno de prisión o dos de inhabilitación o la cantidad de multa que el tribunal fíjase entre treinta y cinco y ciento setenta y cinco pesos.
Nota: texto originario con la modificación
dispuesta por la Ley N° 24.286, en cuanto a los montos de la multa.
Art. 25.- Si durante la condena el penado se volviere loco, el tiempo de la locura se computará el cumplimiento de la pena, sin que ello obste a lo dispuesto en el apartado 3 del inciso 1 del artículo 34.
Art. 26.- En los casos de
primera condena a pena de prisión que no exceda de tres años, será facultad de
los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el
cumplimiento de la pena. Esta decisión deberá ser fundada, bajo sanción de
nulidad, en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al
delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y
las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar
efectivamente pertinentes para formar criterio, pudiendo las partes aportar
también la prueba útil a tal efecto.
Igual facultad tendrán los tribunales en los casos de concurso de delitos si
la pena impuesta al reo no excediese los tres años de prisión.
No procederá la condenación condicional respecto de las penas de multa o inhabilitación.
Art. 27.- La condenación se tendrá como no pronunciada si dentro del
término de cuatro años, contados a partir de la fecha de la sentencia firme, el
condenado no cometiere un nuevo delito. Si cometiere un nuevo delito, sufrirá
la pena impuesta en la primera condenación y la que le correspondiere por el
segundo delito, conforme con lo dispuesto sobre acumulación de penas.
La suspensión podrá ser acordada por segunda vez si el nuevo delito ha sido
cometido después de haber transcurrido ocho años a partir de la fecha de la
primera condena firme, este plazo se elevara a diez años, si ambos delitos fueran dolosos.
En los casos de sentencias recurridas y confirmadas, en cuanto al carácter
condicional de la condena, los plazos se computaran desde la fecha del
pronunciamiento originario.
Art. 27 bis. Al suspender condicionalmente la ejecución de la pena, el Tribunal deberá disponer que, durante un plazo que fijará entre dos y cuatro años según la gravedad del delito, el condenado cumpla todas o alguna de las siguientes reglas de conducta, en tanto resulten adecuadas para prevenir la comisión de nuevos delitos:
1. Fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.
2. Abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con
determinadas personas.
3. Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas.
4. Asistir a la escolaridad primaria, si no la tuviere cumplida.
5. Realizar estudios o prácticas necesarios para su capacitación laboral o
profesional.
6. Someterse a un tratamiento médico o psicológico, previo
informe que acredite su necesidad y eficacia.
7. Adoptar oficio, arte, industria o profesión, adecuado a su capacidad.
8. Realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de
bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo.
Las reglas podrán ser modificadas por el Tribunal según resulte conveniente al
caso.
Si el condenado no cumpliere con alguna regla, el Tribunal podrá disponer que
no se compute como plazo de cumplimiento todo o parte del tiempo transcurrido
hasta ese momento. Si el condenado persistiere o reiterare el incumplimiento,
el Tribunal podrá revocar la condicionalidad de la condena. El condenado deberá entonces
cumplir la totalidad de la pena de prisión impuesta en la sentencia. (Agregado
por Ley N° 24.316).
Art. 28.- La suspensión de la pena no comprenderá la reparación de los daños causados por el delito y el pago de los gastos del juicio.
Art. 29.- (Texto según Ley N° 25.188) La sentencia condenatoria podrá ordenar:
1. La
reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea posible,
disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias.
2. La indemnización del daño material y moral
causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto
prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba;
3. El pago de las costas.
Art. 30.- (Texto según Ley N° 25.188) La obligación de indemnizar es preferente a todas las que contrajere el responsable después de cometido el delito, a la ejecución de la pena de decomiso del producto o el provecho del delito y al pago de la multa. Si los bienes del condenado no fueren suficientes para cubrir todas sus responsabilidades pecuniarias, éstas se satisfarán en el orden siguiente:
1. La
indemnización de los daños y
perjuicios;
2. El resarcimiento de los gastos del juicio.
3. El decomiso del producto o el provecho del delito.
4. El pago de la multa.
Art. 31.- La obligación de reparar el daño es solidaria entre todos los responsables del delito.
Art. 32.- El que por título lucrativo participare de los efectos de un delito, estará obligado a la reparación hasta la cuantía en que hubiere participado.
Art. 33.- En caso de insolvencia total o parcial, se observarán las reglas siguientes:
1) tratándose
de condenados a reclusión o prisión, la reparación se hará en la forma
determinada en el artículo 11;
2) tratándose de condenados a otras penas, el tribunal señalará la parte de sus
entradas o emolumentos que deban depositar periódicamente hasta el pago total.