Embargo preventivo

Doctrina Nacional
Jurisprudencia Comercial
Jurisprudencia Provincial

Código Procesal

209. Podrá pedir embargo preventivo el acreedor de deuda en dinero o en especie que se hallare en alguna de las condiciones siguientes:

1º) Que el deudor no tenga domicilio en la República.
2º)
Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor, abonada la firma por información sumaria de dos testigos.
3º)
Que fundándose la acción en un contrato bilateral, se justifique su existencia en la misma forma del inciso anterior, debiendo en este caso probarse además sumariamente el cumplimiento del contrato por parte del actor salvo que éste ofreciese cumplirlo o que su obligación fuese a plazo.
4º) Que la deuda esté justificada por libros de comercio llevados en debida forma por el actor, o resulte de boleto de corredor de acuerdo con sus libros, en los casos en que éstos puedan servir de prueba, o surja de la certificación realizada por contador público nacional en el supuesto de factura conformada.
5º) Que aun estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite sumariamente que el deudor trata de enajenar, ocultar o transportar sus bienes, comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique del mismo modo que por cualquier causa ha disminuido apreciablemente la solvencia del deudor, después de contraída la obligación.

210. Podrán igualmente pedir el embargo preventivo:

1º) El coheredero, el condómino o el socio, sobre los bienes de la herencia, del condominio, o de la sociedad, si se acreditaren la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora.
2º) El propietario o locatario principal de predios urbanos o rústicos, haya o no contrato de arrendamiento respecto de las cosas afectadas a los
privilegios que le reconoce la ley. Deberá acompañar a su petición el título de propiedad o el contrato de locación o intimar al locatario para que formule previamente las manifestaciones necesarias.
3º) La persona a quien la ley reconoce privilegios sobre ciertos bienes muebles o inmuebles siempre que el crédito se justificare en la forma establecida en el artículo 209 inciso 2º).
4º)
La persona que haya de demandar por acción reivindicatoria, petición de herencia, nulidad de testamento o simulación respecto de la cosa demandada, mientras dure el juicio, y siempre que se presentaren documentos que hagan verosímil la pretensión deducida.

211. Cuando se demandare el cumplimiento de un contrato de compraventa, si el derecho fuese verosímil el adquirente podrá solicitar el embargo del bien objeto de aquél.

212. Además de los supuestos contemplados en los artículos anteriores, durante el proceso podrá decretarse el embargo preventivo:

1º) En el caso del artículo 63.
2º) Siempre que por confesión expresa o ficta derivada de la incomparecencia del absolvente a la audiencia de posiciones, o en el caso del artículo 356, inciso 1º, resultare verosímil el derecho alegado.
3º) Si quien lo solicita hubiese obtenido sentencia favorable, aunque estuviere recurrida.

213. En los casos en que deba efectuarse el embargo, se trabará en la forma prescripta para el juicio ejecutivo. Se limitará a los bienes necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas.
Mientras no se dispusiese el
secuestro o la administración judicial de lo embargado, el deudor podrá continuar en el uso normal de la cosa.

214. En el mandamiento se incluirá siempre la autorización para que los funcionarios encargados de ejecutarlo soliciten el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia y se dejará constancia de la habilitación de día y hora y del lugar.
Contendrá, asimismo, la prevención de que el embargado deberá abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del crédito, bajo apercibimiento de las sanciones penales que correspondieren.

215. Los funcionarios encargados de la ejecución del embargo sólo podrán suspenderlo cuando el deudor entregue la suma expresada en el mandamiento.

216. Si los bienes embargados fuesen muebles, serán depositados a la orden judicial; pero si se tratase de los de la casa en que vive el embargado y fuesen susceptibles de embargo, aquél será constituido en depositario de ellos, salvo que, por circunstancias especiales, no fuese posible.

217. El depositario de objetos embargados a la orden judicial deberá presentarlos dentro del día siguiente al de la intimación judicial.
No podrá eludir la entrega invocando el derecho de retención.
Si no lo hiciere, el juez remitirá los antecedentes al tribunal penal competente, pudiendo asimismo ordenar la detención del depositario hasta el momento en que dicho tribunal comenzare a actuar.

218. El acreedor que ha obtenido el embargo de bienes de su deudor, no afectados a créditos privilegiados tendrá derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros acreedores, salvo en el caso de concurso.
Los embargos posteriores afectarán únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores.

Bienes inembargables

Código Procesal Nacional 

219. No se trabará nunca embargo:

1º) En el lecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos, en las ropas y muebles de su indispensable uso, ni en los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza.
2º) Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de materiales.
3º) En los demás bienes exceptuados de embargo por ley.

Ningún otro bien quedará exceptuado.

220. El embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bienes enumerados en el artículo anterior podrá ser levantado, de oficio o a pedido del deudor o de su cónyuge o hijos, aunque la resolución que lo decretó se hallare consentida.

221. Procederá el secuestro de los bienes muebles o semovientes objeto del juicio, cuando el embargo no asegurare por sí solo el derecho invocado por el solicitante, siempre que se presenten instrumentos que hagan verosímil el derecho cuya efectividad se quiere garantizar. Procederá, asimismo, con igual condición, toda vez que sea indispensable proveer a la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia definitiva.
El juez designará depositarlo a la institución oficial o persona que mejor convenga, fijará su remuneración y ordenará el inventario, si fuese indispensable.

Código Provincia arts. 209 a 220
Jurisprudencia Neuquina

"El adquirente toma a su cargo las medidas cautelares en la escritura traslativa de dominio. Ello significa, en principio, que quien adquiere el inmueble gravado las asume en la medida en que ese embargo afectaba al transmitente, convirtiéndose - por ser sucesor singular de ese transmitente (artículo 3262 del C. C.) en responsable del gravamen con ese bien, excluyendo el resto del patrimonio del adquirente (artículo 3266 C. C.)".

"El embargo inmobiliario es una suerte de hipoteca judicial, con lo cual el bien gravado puede transmitirse sujeto a su gravamen (arts. 3266 y 3270 del C. C.), de modo que el adquirente responde del embargo con el producto del bien de acuerdo al artículo 3152 del C. C.".

Otros bienes declarados inembargables por ley Jurisprudencia Provincial Doctrina Nacional Ley N° 22.232

Los sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de los empleados y obreros de la administración nacional, provincial y municipal y de las entidades autárquicas, por obligaciones emergentes de préstamos en dinero o de compra de mercadería, salvo en la proporción y condiciones del decreto.(art. 1°, Dec. Ley 6.754/43 y su Dec. Reg. 9.472/43). Véase "Inembargabilidad de los Sueldos de los Empleados Públicos".
Las remuneraciones devengadas por los trabajadores salvo en la proporción y condiciones del Decreto 484/87.
Los lotes del hogar (homestead) (Ley 10.284, art. 2º).
Las casas objeto de los préstamos ferroviarios en vida del prestatario, su esposa e hijos menores (art. 14, Ley Nº 11.173)
El lecho cotidiano del deudor y de su familia, las ropas y muebles de su indispensable uso y los instrumentos necesarios para su profesión, arte u oficio (artículo 3878 del Cód. Civil mod. por ley 12.296).
Los bienes del arrendatario y/o aparcer
o rural que no estuvieren afectados al privilegio del arrendador (Ley 13.246, arts.15 y 22).
El bien de familia, a no ser por deudas anteriores a su constitución (Ley 14.394, art. 38). 
Los bienes y recursos de las cajas nacionales de previsión (Ley  16.931, art. 1°).
Las aeronaves públicas (Ley 17.285, artículo 71 - Código Aeronáutico).
Las jubilaciones y pensiones de los trabajadores en relación de dependencia, salvo por alimentos y litis expensas (art 44, Ley 18.037).
Las prestaciones previsionales (artículo 14 inc.c) de la Ley 24.241), con la salvedad de las cuotas por alimentos y litisexpensas.
Las sumas por pagos de prestaciones asistenciales (Ley 25.963).
Las jubilaciones y pensiones de los trabajadores autónomos, salvo por alimentos y litis expensas (art. 32 inc. c), Ley 18.038) y de amas de casa (Ley 18.916).
Las jubilaciones y pensiones de contratistas de viñas y frutales (Ley 18.438, art. 1°).
El salario mínimo vital, en la proporción que establece la reglamentación, salvo por deudas alimentarias (art. 120, Ley 20.744).
El inmueble sometido a juicio de expropiación (art. 24, Ley 21.499).
Los créditos otorgados y los inmuebles gravados en garantía por el Banco de la Nación Argentina (art. 29, Ley 21.799), y Banco Hipotecario Nacional (arts. 34 y 35, Ley 22.232).
Las asignaciones mensuales y vitalicias de miembros del Poder Ejecutivo Nacional y de la Corte Suprema (art. 3 de la
Ley 24.018).
Las indemnizaciones por
accidentes de trabajo (Ley 24.028).

Código Civil derogado

Bienes inembargables de la Iglesia

Toda interferencia jurisdiccional sobre la disponibilidad de los bienes del obispado, sólo puede decretarse o reconocerse en la República de conformidad con el ordenamiento canónico, en virtud de sus disposiciones aplicables, a las que reenvía el derecho argentino: cánones 1291 a 1293 y 1295 en relación con los 124.1, 127.1 y 127.2 del Código Canónico.

La Cámara Nacional del Trabajo, Sala III, en autos "Balbuena Julio César M. c/ Asoc. Consejo Administrativo Ortodoxo", declaró inembargable la Catedral de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquía para garantizar el derecho constitucional a ejercer libremente el culto.

La Cámara Nacional Comercial, Sala E, en autos "Lemos, Jorge c/ Obispado de Venado Tuerto" -30/08/89- dictaminó:

1. Tanto en su redacción anterior, como en la actual, el Cód. Civil 33 traduce el reconocimiento de un status preferencial a la iglesia católica, ya exteriorizado en la constitución nacional, y que le permite desenvolverse en el ámbito del derecho público, a la vez que en el del derecho privado.
2. El  Código Civil artículo 2345 contiene una regulación especifica, inherente a los bienes de la iglesia católica, que contempla también la posibilidad y modo de su enajenación. Dispone esa norma que los templos y las cosas sagradas y religiosas corresponden a las respectivas iglesias o parroquias, y están sujetas al Cód. Civil art. 33 y artículo 41. Añade que esos bienes "pueden ser enajenados en conformidad a las disposiciones de la iglesia católica respecto de ellos, y a las leyes que rigen el patronato nacional".
3. La norma no se refiere a la "iglesia" como lo hacia el antiguo texto del Cód. Civil 33, ni a la "iglesia católica", como lo hace el actual, sino a las "iglesias o parroquias". Ello importa el reconocimiento no solo de la iglesia católica universal, sino de la pluralidad de personas jurídicas diferenciables en el seno de la propia iglesia, entre las que se halla la iglesia católica nacional, y las diócesis, capítulos, seminarios, parroquias o iglesias, etc., Que tengan su personalidad jurídica conforme a las leyes nacionales y eclesiásticas. La remisión al Cód. Civil 33 y 41 no se refiere a las "cosas sagradas y religiosas", sino a las iglesias o parroquias, por lo que el articulo debería ser leído como si dijera "... Que están sujetas ..." En vez de "... Y están sujetas", ya que el sentido de la norma es "consagrar en términos expresos y categóricos el principio de que cada iglesia o parroquia constituye una persona jurídica y posee una amplia capacidad civil".
4. El Cód. Civil 2345 contiene un reenvío especifico a la legislación nacional en materia de patronato, y a las leyes canónicas aplicables al tema.
5. Conforme al acuerdo celebrado con la Santa Sede en el año 1966, que en su art. 4 suprime la necesidad del pase o exequatur para las comunicaciones papales, es factible la aplicación del código canónico actualmente vigente.
6. El análisis de lo dispuesto en el Código Civil arts. 33, 2338 y
2345, y de la legislación canónica conduce al levantamiento del embargo que pesa sobre aquellos bienes que, por su afectación al culto divino, o a los fines de la iglesia católica, se encuentran fuera del comercio, o hallan restringida su enajenación. Tratándose de bienes sometidos al dominio público eclesiástico, corresponde al caso de las medidas cautelares al comprobarse su afectación, pesando sobre quien pretenda mantenerlas, la demostración de que ya no concurren tales presupuestos.
7. La directa remisión que se realiza en el Cód. Civil 2345 a la legislación canónica, autoriza a fijar el alcance de los términos "templos y cosas religiosas y sagradas" conforme a esta ultima normativa, pues si es ella la que ha de determinar el régimen de enajenación de los bienes, ha de estarse a su propia definición para establecer su alcance.
8. Según el canon 1205, son lugares sagrados aquellos que se destinan al culto divino o a la sepultura de fieles, mediante la dedicación o bendición prescripta en los libros litúrgicos. La dedicación de un lugar corresponde al obispo diocesano, para lo cual debe levantarse acta de la dedicación o bendición, guardándose un ejemplar en la curia diocesana, y otro en el archivo de la iglesia. La bendición o dedicación de un lugar, con tal de que no perjudique a nadie, se prueba suficientemente por un solo testigo, libre de toda sospecha.
9. Los lugares sagrados, pueden ser execrados, es decir, perder su carácter sagrado, por la destrucción del lugar, o por su reducción a usos profanos, acontecida de hecho, o por decreto del ordinario. Si ello no sucede, permanece la obligación de respetar la santidad del lugar, en el que la autoridad eclesiástica ejerce libremente sus poderes y funciones, con las consiguientes restricciones al dominio que de ello resultan.
10. En cuanto a los bienes temporales, su enajenación puede realizarse, según el valor del bien, con la licencia de la autoridad eclesiástica competente conforme a derecho. A tales fines, la conferencia episcopal de cada región, determina el valor de los limites mínimo y máximo para la enajenación, que según tales pautas, podrá realizarse por el obispo diocesano, o por el obispo diocesano con consentimiento del colegio de consultores y el consejo de asuntos económicos; o por la santa sede si el valor excede la cantidad máxima, o se trata de exvotos donados a la iglesia o bienes preciosos por razones artísticas o históricas.
11. Esos requisitos rigen no solo para las enajenaciones, sino para cualquier operación de la que pueda resultar perjudicada la situación patrimonial de la persona jurídica de que se trate (canon 1295). Por ende, las disposiciones referidas alcanzan a típicas restricciones al dominio, tales como gravámenes (hipotecas, prendas, servidumbres, etc.), y aun endeudamientos que excedan la cantidad autorizada por la conferencia episcopal.

12. Las restricciones de que dan cuenta tales normas, permiten encuadrar a los bienes públicos de la iglesia, dentro de los relativamente inajenables -que necesitan autorización previa para su enajenación- a los que alude el Cód. Civil 2338.
13. Los lugares sagrados pertenecen al dominio público eclesiástico y resultan insusceptibles de embargo y ejecución forzada.
14. Tratándose de bienes temporales de la iglesia, debe seguirse el procedimiento impuesto por los canon 1292 y sgts. y lo dispuesto por la conferencia episcopal argentina, para la realización de actos que importen su enajenación, o su afectación patrimonial. Si ello no ha sucedido, resulta improcedente el mantenimiento del embargo a su respecto.

15. La casa que constituye asiento diocesano, atiende a los fines contemplados en el canon 1254. La CSJN (fallos 7:327), admitió la inembargabilidad de las habitaciones adyacentes a la iglesia, dada su afectación al servicio publico eclesiástico (para el despacho de los asuntos parroquiales), hipótesis que es factible extender a la sede el obispado, pues en ella se atienden todas las cuestiones administrativas y eclesiásticas concernientes a la diócesis.
16. La cláusula inserta en el documento en ejecución solo puede entenderse limitada a aquellos bienes que se encuentren en condiciones legales de ser enajenados o afectados como garantía, y no a los que se hallen fuera del comercio o requieran el cumplimiento de otros recaudos para su ejecución; ello sin perjuicio de las acciones que la parte afectada se crea con derecho a promover, o de la eventual ejecución de otros bienes que no sufran idénticas restricciones (en el caso, el documento comprometía en garantía de pago "la totalidad de los bienes de su representante -Obispado de Venado Tuerto-, sean estos muebles o inmuebles).
17. El embargo de las partidas destinadas al sostenimiento del culto afecta indebidamente el derecho que la Constitución Nacional artículo 2 otorga a la iglesia católica, imponiendo -como contrapartida- al estado nacional la obligación de subvencionar tales actos.

La Cámara de Apelación en lo Civil y Com. de Azul, Sala II, Causa Nº 48.899, “García, Pascual Alberto c/Obispado de Azul y otro s/ Daños y Perjuicios”, Reg..159 Sent.Civil, consideró: "La Iglesia Católica es una persona jurídica de carácter público, atento a lo establecido por el art. 33 del Cód. Civil. Pero también todas y cada una de las divisiones territoriales -diócesis, parroquias que establezca la Iglesia- gozan del mismo carácter público de ella. La referencia que hace el art. 2345 del Cód. Civil a las “iglesias o parroquias” importa el reconocimiento no sólo de la Iglesia Católica universal, sino de la pluralidad de personas jurídicas diferenciadas en el seno de la propia Iglesia, entre las que se hallan la Iglesia Católica Nacional y las diócesis, seminarios, parroquias o iglesias etc., que tengan su personalidad jurídica conforme a las leyes nacionales o eclesiásticas".
"Finalmente también media consenso en que las congregaciones y órdenes religiosas y las otras entidades con fines religiosos, constituidos por laicos, “no forman parte del concepto de Iglesia, y están sujetas, por consiguiente, al régimen común de las personas jurídica privadas” (Borda, Guillermo A. “Tratado de Derecho Civil”, cit., T. I pág.536; arts.33, 41 y 45 Cód. Civ.)".
Pero, el art. 1° de la Ley N° 24.483 dispone: A los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica que gocen de personalidad jurídica pública en la Iglesia Católica, admitidos por la autoridad eclesiástica competente conforme al artículo V del Acuerdo entre la República Argentina y la Santa Sede aprobado por la Ley N° 17.032, les será reconocida la personalidad jurídica civil por su sola inscripción en un registro que se llevará en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El mismo régimen se aplicará a las distintas provincias o casas que gocen de personalidad jurídica autónoma, conforme a sus reglas, constituciones o estatutos y lo pidan expresamente.
El art. 4° de la Ley N° 24.483, refiere: Los sujetos mencionados en el artículo 1, una vez inscriptos, serán a todos los efectos considerados entidades de bien público y equiparados a las órdenes religiosas existentes en el país antes de la sanción de la Constitución Nacional. Conservarán todas las exenciones y beneficios de que gozaban las asociaciones o personas jurídicas preexistentes, a las que se refiere el artículo anterior.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al resolver la causa Lastra, Juan c/Obispado de Venado Tuerto, del 22.10.91 (registrado L-267.XXIII-R.H) sostuvo: "Que en virtud del tratado celebrado entre la Santa Sede y la República Argentina –el concordato o Acuerdo del 10 de octubre de 1966, aprobado por la Ley l7.032-, la República reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y pleno ejercicio de su culto, así como de su jurisdicción en el ámbito de su competencia para la realización de sus fines específicos (art. 1). Tal reconocimiento de jurisdicción implica la más plena referencia al ordenamiento jurídico canónico para regir los bienes de la Iglesia destinados a la consecución de sus fines, en armonía con la remisión específica del artículo 2345 del Código Civil argentino en cuanto a la calificación y condiciones de enajenación de los templos y las cosas sagradas y religiosas correspondientes a las respectivas iglesias o parroquias. Si el bien se encuentra directa y mediatamente vinculado a la finalidad propia de Obispado en los términos del canon 1254.2 del código canónico y, por tanto, es un bien inalienable, imprescriptible e inembargable, hasta tanto se proceda a su desafectación o autorización de enajenación de acuerdo con la legislación canónica, por ello toda interferencia jurisdiccional sobre su disponibilidad sólo puede decretarse o reconocerse en la República de conformidad con el ordenamiento canónico, en virtud de sus disposiciones aplicables, a las que reenvía el derecho argentino (cánones 1291 a 1293 y 1295, en relación con los cánones 124.1, 127.1 y 127.2, código antes citado (pub. en E.D. t.145, pág. 495 y sgtes.)".

Código Civil derogado
Venta de bienes embargados

Art. 1174. Pueden ser objeto de los contratos las cosas litigiosas, las dadas en prenda o en anticresis, hipotecadas o embargadas, salvo el deber de satisfacer el perjuicio que del contrato resultare a terceros.

Art. 1179. Incurre también en delito de estelionato y será responsable de todas las pérdidas e intereses quien contratare de mala fe sobre cosas litigiosas, pignoradas, hipotecadas o embargadas, como si estuviesen libres, siempre que la otra parte hubiere aceptado la promesa de buena fe.

Art. 2336. Están en el comercio todas las cosas cuya enajenación no fuere expresamente prohibida o dependiente de una autorización pública.

Art. 3266. Las obligaciones que comprenden al que ha transmitido una cosa, respecto a la misma cosa, pasan al sucesor universal y al sucesor particular; pero el sucesor particular no está obligado con su persona o bienes, por las obligaciones de su autor, por las cuales lo representa, sino con la cosa transmitida.

Caducidad del embargo

Minuta de caducidad
Caducidad de medidas cautelares

Derecho Registral